Los sucesos en torno al bloqueo a Siderar, el quite de la licencia para brindar ciertos servicios a Cablevisión bajo la marca Fibertel y el intento de avanzar sobre Papel Prensa, han puesto de manifiesto dos cuestiones. La primera, bastante obvia, es que los Kirchner están dispuestos a cualquier cosa con tal de doblegar a sus enemigos o supuestos enemigos y conservar el poder. Lo segundo y, a mi juicio, lo más importante, es una falla sistémica, institucional.
Algo pasa en el marco legal y judicial de la democracia argentina para que una facción, mayoritaria o minoritaria en materia de votos, pueda apropiarse del Estado y manipularlo a su antojo.
Sobre el primer “problema”, nada tengo que aportar profesionalmente. Los mecanismos de la democracia que los propios Kirchner y sus aliados desprecian y subestiman se encargarán de evaluar, el año próximo, cuántos ciudadanos consideran seriamente que en una república el fin y los medios son una integridad, y cuántos comparten la visión de que el fin justifica los medios.
Es acerca del segundo, el marco institucional, sobre el que quiero hacer algunas reflexiones.
Empiezo por el caso Siderar. La Constitución y las leyes son claras respecto del uso del “bloqueo”, el “piquete”, la “toma” u otro tipo de acción directa como instrumento de presión para conseguir ciertos resultados. Pero hay cierta reticencia, tanto de los gobiernos como por parte de los jueces, para aplicar las leyes. Esta reticencia parece basarse en una “opinión pública” supuestamente contraria a la “represión” de estas acciones. Propongo entonces que, en lugar de “suponer” el pensamiento de la sociedad, se elabore un proyecto que reglamente claramente qué medidas de acción directa se pueden aplicar y en qué circunstancias para ejercer el derecho de huelga, protesta, etc., dentro del marco constitucional actual, y someterlo, en los próximos comicios, a plebiscito en la sociedad. Y si no, que se proponga una reforma constitucional que habilite legalmente todas estas ilegalidades manifiestas.
Paso a Fibertel. Después de “silencios” oficiales, de autorizar fusiones y adquisiciones, del cobro de cánones e impuestos, etc., descubrir, ahora, que Fibertel está “flojo de papeles”, es un abuso de autoridad impresentable. Más aún si esta situación, lejos de perjudicar a los consumidores, los favorece al generar mayores opciones. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es transformar en explícita la autorización implícita que ya tiene Cablevisión. La Justicia deberá encargarse de esta cuestión.
Acerca de Papel Prensa, si la compra fue legítima o no también es un tema de la Justicia, aunque, por ahora, los elementos presentados no parecen respaldar los argumentos del Gobierno. Pero sí resulta importante la cuestión de garantizar un mercado de papel de diario competitivo y abierto a todos los actores. El papel de diario es un insumo crítico para la prensa gráfica, es cierto. Pero también lo son los talleres de impresión, o las tintas. Y para garantizar la demanda, la venta de anteojos de lectura para los mayores de cuarenta años. ¿Qué hacemos, declaramos de “interés público” las ópticas o estatizamos todo?
En un país como la Argentina, el libre acceso al papel de diario se garantiza con una economía abierta y sin restricciones a la importación (cosa que puede instrumentar ya el Congreso) y aplicando la moderna legislación de Defensa de la Competencia, que ya tenemos, y estableciendo, finalmente, un Tribunal de Defensa de la Competencia independiente y profesional. Con eso basta. Es más, si este marco se instrumenta, hay que vender las acciones del Estado en Papel Prensa, que ya nada tiene que hacer en esa empresa.
Obviamente, esto se completa con el fin del manejo discrecional de la publicidad oficial –que sigo proponiendo que sea “gratuita”, una “carga pública”, limitada en el tiempo (un minuto por hora, por ejemplo) en los medios audiovisuales, y “al costo” y distribuida por circulación verificada en los medios gráficos–.
En síntesis, lo sucedido con Fibertel y Papel Prensa, no sólo marcan la falta de límites del kirchnerismo en su supuesta batalla final contra grupos económicos poderosos. Pone de manifiesto, además, las fallas institucionales que han hecho, entre otras cosas, que la Argentina pague la tasa de riesgo que paga y haya caído en el ranking de recepción de inversión extranjera directa a los últimos puestos en la región.
