El reciente acuerdo entre YPF y Chevron pone en evidencia el pragmatismo que puede llegar a tener el Gobierno ante situaciones críticas. Por debajo de una retórica encendida, el peronismo es adepto a girar bruscamente cuando la coyuntura no deja otra salida. Pocas veces el esfuerzo es suficiente, sencillamente porque los costos acumulados terminan siendo insostenibles.
Sigue llamando la atención la falta de aprendizaje de la propia experiencia, básicamente en lo que respecta a la sustentabilidad de las políticas en el mediano y largo plazo. Una mirada retrospectiva muestra que todo vuelve. Hasta las soluciones que terminan siendo fallidas, para problemas recurrentes.
Entre 1946 y 1949 el gobierno peronista logra importantes progresos en materia social mediante políticas de ingreso, fiscales y monetarias expansivas. Pero genera su talón de Aquiles en el sector externo. Para el fin de ese trienio las reservas internacionales se ubicaban en US$ 150 M luego de haber alcanzado los US$ 1.600 M cuatro años antes.
Se podría decir que los principales problemas económicos no eran muy distintos de los actuales. Es entonces cuando Perón se lanza a la caza del capital extranjero. La crisis energética que enfrentaba la Argentina amenazaba con empeorar, debido a la escasez de petróleo. El consumo doméstico había crecido incesantemente pero la producción de la YPF estatal, así como también la de las otras petroleras, había quedado rezagada. Por aquellos años se estaban dilapidando las escasas divisas en la compra del 60% del combustible que se consumía. Hubo nuevas exploraciones que señalaban la existencia de vastos yacimientos que podrían convertir al país en un exportador de petróleo. El presupuesto nacional, sin embargo, no estaba en condiciones de destinar sumas importantes a YPF para la explotación de esos recursos.
En este marco es que Perón decide negociar nuevas concesiones con empresas extranjeras. A pesar de su prédica antiimperialista, defendió su política petrolera en alianza con intereses foráneos. Entre sus justificativos se destacan la urgencia de aumentar la producción ante un déficit creciente y el potencial de ahorro de divisas, que generaría el salto productivo.
Hacia mediados de 1954, cuatro grupos negociaban activamente con el gobierno. Al poco tiempo, la Standar Oil de California monopolizó la atención. Conforme avanzaban las negociaciones, se profundizaba la discusión sobre algunos puntos: el precio a pagar por el petróleo, el método para dirimir las disputas entre la empresa y el gobierno (la legislación) y la ubicación y el tamaño de las concesiones a explotar. Cualquier similitud con la discusión actual no es mera coincidencia. El capital es monótono; siempre exige un mayor retorno y más seguridad cuando el contexto macro no acompaña.
El 25 de abril de 1955, el gobierno argentino y la Standar Oil firmaron un contrato –cuyos términos se mantendrían por 40 años– en el que se establecía que la compañía tendría derechos exclusivos para explorar y desarrollar un área de 50.000 km2 al sudoeste de Santa Cruz (un quinto de la superficie de la provincia). La empresa vendería el petróleo y el gas extraídos a YPF y podría exportar el exceso de producción una vez que las necesidades del país hubieran quedado cubiertas, dividiendo las ganancias por la venta exterior. La compañía invertiría por lo menos 13,5 millones (poco menos del 6% de las reservas internacionales del país, en aquel entonces). Perón pasó al Congreso el proyecto aprobando el contrato, pero nunca llegó a ser ley.
El paralelismo con la coyuntura económica actual es evidente. La falta de divisas y el creciente déficit energético golpean las bases de un modelo que se encuentra en su fase declinante. Es por ello que el Gobierno se lanzó a atraer inversiones mediante un régimen diseñado, como hace sesenta años, a la medida de los capitales extranjeros. El plan de incentivos incluye un combo clásico: baja de impuestos, posibilidad de exportar libremente una parte de la producción (20%), la libre disponibilidad de las divisas y una legislación extranjera para dirimir diferencias. El acuerdo implica, también, el desarrollo conjunto de 3,3% del área dedicada a Vaca Muerta.
Si bien aún no se conoce la letra chica, los términos del acuerdo eran previsibles. Es difícil vender una economía en aislamiento financiero, con un spread de riesgo crediticio entre los más elevados del mundo, con la deuda con el Club de París (EE.UU., Alemania, Japón, Francia, Italia y España, entre otros) en default desde 2001 y con cepo cambiario. Sin mencionar que el Gobierno todavía no cerró un acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% del paquete accionario.
Para los críticos fundamentalistas del endeudamiento externo, cuánto más ventajoso hubiese sido captar deuda para desarrollar el potencial productivo rápidamente y relajar la restricción externa. Las petroleras están entre las empresas que más financiamiento toman en los mercados de crédito, básicamente porque tienen que realizar grandes inversiones y porque buscan aprovechar las tasas ultrabajas. Petrobras se está financiando a cinco años en torno del 4% y a diez años en torno del 5%, alrededor de 300 puntos básicos (3%) por encima del Tesoro de los Estados Unidos. Claro está que la política económica desplegada por el Gobierno desde 2007 se ha encargado de pulverizar esta opción.
La Argentina se podría haber ahorrado los dólares que está perdiendo por importaciones de combustibles y volvería a generar los que antes se obtenían por exportaciones. La crisis energética no es un problema nuevo. Por el contrario, lleva casi una década de gestación. La producción de gas y petróleo cae desde 2003 y 2006 respectivamente totalizando -26% para petróleo y -18% para el gas. En paralelo el consumo de gas y petróleo aumentó a un ritmo de 4,6% en la última década.
Probablemente, el acuerdo entre Chevron e YPF sea lo mejor que se haya podido hacer en este contexto. La mejora en los niveles de producción de hidrocarburos se verá dentro de unos años, pero es un punto de partida. Las operaciones estarán a cargo de YPF, permitiéndole a la empresa argentina adquirir el know-how necesario para ese tipo de excavaciones. El proyecto piloto contempla la perforación de más de cien perforaciones, con una inversión conjunta de US$ 1.500 M. Sólo como parámetro de referencia, los anuncios de inversión en Neuquén totalizaron US$ 763 M el año pasado. Será un nuevo impulso para la región.
El problema de fondo, en última instancia, es un marco macroeconómico que ahuyenta este tipo de inversiones intensivas en capital y de largo aliento. O lo que es lo mismo, su financiamiento. Que acota al mínimo las opciones disponibles, debilitando la capacidad negociadora y aumentando los costos de los acuerdos. A la economía le va a ir mejor con el acuerdo, de eso no hay dudas. Pero lamentablemente nos estamos acostumbrando a celebrar lo posible.
