Hay una sustancial diferencia entre lectores de este guión de novela política. Uno está en el poder y tiene por delante cuatro años eternos de mandato que arrancaron con el pie izquierdo y decisiones de gobierno que están horadando su imagen y popularidad minuto a minuto, y se aplican en Brasil. Y otros, acá nomás, tienen la posibilidad de una vista previa de lo que deberían encarar de subir al poder a fines de este año.
Dilma Rousseff comenzó a aplicar las mismas medidas que rechazó en la campaña electoral cuando un paquete de ajuste estaba en boca de Aécio Neves, rival con el que peleó voto a voto. En una entrevista de la agencia Bloomberg difundida la semana pasada, la presidenta de Brasil respaldó el programa de su ortodoxo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, y su ajuste fiscal. Brasil se propone un resultado positivo de 1,2% este año después de haber terminado 2014 con un déficit fiscal de 6,7%. Explicó Rousseff que realizará “un gran corte presupuestario; no vamos a reducir la política social –se atajó–, porque no es la responsable del gasto. Necesitamos, sí, un gran ajuste en todos los gastos del gobierno”. Se trata de una definición valiente proviniendo de la líder del partido izquierdista en el poder y, como se dijo, con cuatro años por delante de gobierno.
Brasil eliminó uno de sus esquemas de intervención cambiaria, para dar confianza a los mercados, en una economía que bate récords de parálisis industrial y acumula una devaluación del real de 30% en siete meses. “Tuvimos la moneda excesivamente valorizada en el período 2011-2013, la decisión es no intervenir. Nuestra estrategia es de cambio flotante”, dijo Rousseff. “Brasil tenía una paridad de las más valorizadas, por eso ahora tuvimos una mayor devaluación”, comentó.
No se quedó ahí. La presidenta del PT apuntó contra antiguas herramientas que había juramentado mantener. “Es el momento de dar de baja políticas contracíclicas, como la concesión de créditos subsidiados a las grandes empresas por parte de los bancos oficiales, pero no serán tocados los planes sociales”, insistió. “Se agotaron las tasas que subsidiábamos, debemos reajustar la política crediticia y mandar medidas tributarias para hacer correcciones”, apuntó.
Brasil decidió encarar un rumbo ortodoxo para asegurarse el flujo de recursos amenazado por el estancamiento y el escándalo de corrupción ligado a Petrobras. El PT y el gobierno brasileño redujeron su popularidad y Lula da Silva, el ex presidente e histórico líder petista, salió a criticar a Rousseff y al nuevo rumbo.
Estos cambios recuerdan vagamente los que en noviembre de 2013 encaró la dupla de Jorge Capitanich y Axel Kicillof en la antesala de la devaluación del peso y las promesas –algunas pocas ejecutadas– de normalizar las relaciones con acreedores y organismos internacionales de crédito para acceder a financiamiento que permitiera sortear la paralizante restricción de divisas en la economía.
Sin detenernos en que no se ha logrado (las estadísticas continúan desvirtuadas, el juicio de los holdouts nos llevó al default, la economía está planchada desde hace dos años y más aún la industria), el ejercicio de sinceramiento de Rousseff es un anticipo, un espejo posible para los candidatos a suceder a Cristina Kirchner, desde Mauricio Macri hasta Daniel Scioli (si ganara y se lo permitieran).
Muchos problemas de los dos países son similares. Rousseff recién pudo encarar este cambio de rumbo con la legitimidad del resultado de las urnas y sin anticiparlo. Estilo Menem. Ningún candidato argentino se imagina diciendo cosas semejantes mientras dure la campaña electoral, aunque saben que deberán encarar el problema del atraso cambiario, el de las tarifas, el reducido nivel de reservas, la desinversión energética, la inflación y la falta de financiamiento externo. Los ajustes son piantavotos. Nadie los anticipará y menos hablará de ellos. Eso será para los que vengan, razón por la cual los discursos del día después en Brasil, y sus consecuencias, serían un guión que deberán ensayar apenas después de las PASO.
