Estamos frente a la década más transformadora de la historia humana. Estamos en los comienzos de una década turbulenta, hiperacelerada, donde el mundo cambiará profundamente. Los paradigmas sobre los que se basaron la economía, la tecnología y la sociedad durante el último medio siglo darán paso a nuevas realidades. Dos eventos recientes se suman a los detonadores de esta hiperaceleración: la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania.
Empecemos por la pandemia. El 12 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud confirmó que un nuevo coronavirus era la causa de una enfermedad respiratoria entre un importante número de personas en la ciudad China de Wuhan, en la provincia de Hubei.
El virus comenzó a extenderse a gran velocidad por todoel mundo. Hacia abril de 2020, los muertos ya se contaban por decenas de miles en regiones occidentales, como el norte de Italia y el área metropolitana de Nueva York. La pandemia se expandía prácticamente a todos los países. El mundo entero se paralizó, las economías se frenaron casi por completo, las cadenas de suministro se vieron seriamente afectadas y los gobiernos debieron lanzar los planes de estímulos fiscales y monetarios más grandes de la historia. ( )
Las guerras, las pandemias y otros grandes acontecimientos son esencialmente “aceleradores”.
La guerra iniciada por Rusia en Ucrania fue el segundo hiperacelerador de esta década. Lo que esperábamos que sucediera en diez años, sucedió en unos pocos meses. Producto de esta aceleración nos adentramos en una década que ya se presenta turbulenta: y anticipa que de ella emergerá un mundo muy diferente al actual. La pandemia y la nueva guerra en Ucrania son un viaje al futuro del cual ya el planeta entero no tiene retorno. (…)
Estado presente
Hasta mediados de la década de 1940, el foco del Estado argentino estuvo puesto en la prestación de servicios públicos e infraestructura. Educación, salud, agua potable, seguridad, ferrocarriles eran las prioridades del gobierno. Con la llegada de Perón se inició el ciclo clientelista que, con algunas variantes, dura hasta nuestros días, y fue transformando al Estado en una maquinaria al servicio del poder de turno. Esto modificó las prioridades del gasto, incluyendo cuestiones que nada tienen que ver con brindar mejores servicios al ciudadano.
Al mismo tiempo comenzó a crecer un poderoso preconcepto: que el ajuste del Estado equivale a reducir la calidad de los servicios públicos. El argumento es totalmente falso. El ajuste se puede hacer sobre gastos que no van a los ciudadanos. Se debe realizar sobre la maquinaria clientelista: militantes que no trabajan, estructura política, déficit de empresas públicas, exenciones fiscales, planes sociales sin contraprestación laboral.
Esto liberaría fondos para mejorar los servicios públicos al mismo tiempo que reduciría los impuestos. Lo importante es que la sociedad comprenda que ambos objetivos son compatibles y van de la mano.
Vivimos en la era digital, en un mundo que está en las puertas de una cuarta revolución industrial que ofrece herramientas de gestión que permiten mejorar sustancialmente la calidad de los servicios públicos.
Nuestra gestión de gobierno debería reflejar los nuevos tiempos. Propongo la combinación de una serie de enfoques para la gestión pública: gobierno inteligente, startup government, municipalización, no estatismo y presupuesto base cero.
Gobierno inteligente es una forma de gobierno que, focalizada en el ciudadano, opera en función de datos y con foco en la performance. Consiste en el uso de políticas innovadoras, nuevos modelos de gestión y tecnología para solucionar problemas financieros y de gestión en organizaciones del sector público. Esto incluye el e-government, el gobierno abierto, así como la utilización de big data y open data. Esta definición se aplica al total del sector público incluyendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y empresas públicas.
Startup government se refiere a que el Estado debe animarse a probar nuevos modelos a la hora de brindar servicios públicos, basándose en datos, adaptando localmente experiencias exitosas en otros países, y al igual que hacen los startups tecnológicos, considerarse totalmente libre de preconceptos o compromisos sectoriales. Las escuelas chárter sobre las que hablaremos más adelante aplican este principio.
Municipalización propone acercar el gasto público al ciudadano mediante la transferencia de competencias de seguridad, educación y salud al ámbito de los gobiernos locales. Implica acercar los servicios y el gasto público al ciudadano, integración con la comunidad y flexibilidad para modelos de gestión.
No estatismo no necesariamente significa un menor gasto público, sino una mayor participación del sector privado a la hora de brindar servicios públicos y mayor libertad para los ciudadanos. (...)
A continuación expondré sobre cuestiones puntuales que necesitan ser abordadas para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos y al mismo tiempo generar los ahorros necesarios para el fuerte recorte de impuestos que necesitamos.
Ajuste político y jubilaciones de privilegio
Secretarios, asesores, asistentes, choferes, jefes de organismos, concejales, punteros políticos. Hay una gigantesca estructura política repartida a nivel nacional, provincial, municipal, así como también en puestos políticos en la nómina de empresas públicas. Autos, remodelaciones, aviones privados, helicópteros, viáticos cuestionables son parte de estos excesos justificados como gastos de gestión. Esta estructura no solo nos cuesta decenas de miles de millones de pesos al año, también funciona como un amplificador de despilfarro y gasto público ineficiente. Cada funcionario con un puesto importante hace caja con la estructura a su cargo: cada ministro con su ministerio, cada secretario con su secretaria y así sucesivamente. Donde hay un puesto jerárquico hay una caja.
El segundo punto es que la estructura, base política del funcionario, conforma su base de “militancia” que asiste a actos públicos, trabaja en las campañas políticas y fiscaliza en las elecciones para el partido de su jefe, o como se le dice en la jerga, oficia de referente político. En muchos casos, a estas personas también se les retiene parte del sueldo para financiar al “partido”. Los incentivos están dados para aumentar constantemente la dotación de personal.
De hecho, esta conducta no se considera apropiación privada de recursos públicos, se justifica como parte de la trama.
Existen cargos con nombres tan complejos como: Coordinadora de la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización. Parece broma pero se trata de nomenclaturas reales, constan en el Boletín Oficial.
Solo a nivel nacional en 2020 teníamos 20 ministerios, 109 secretarías, 179 subsecretarías, 522 direcciones nacionales, 858 direcciones operativas y el listado continúa ramificándose en subsubs. Esto vuelve la maquinaria estatal burocrática, lenta, ineficiente y costosa. El costo por diputado en Argentina es 3 veces mayor que en España, y por senador, 13 veces más alto aún. Para dar un ejemplo, en 2019 el senador Roberto Basualdo de San Juan contabilizaba 60 colaboradores-empleados (a cargo del Estado). Luego tenemos las legislaturas provinciales, ministerios provinciales y los consejos deliberantes de cada uno de los 2300 municipios, uno cada 19 700 habitantes, muchos con estructuras sobredimensionadas.
Con un fuerte ajuste de la estructura política se podría generar un importante ahorro, pero aún más importante sería el efecto que tendría sobre el resto del despilfarro público.
Limitando la estructura, no solo se limita el despilfarro en todos los niveles del Estado. También se utilizan mejor los recursos humanos: esas personas podrían trabajar en otros ámbitos que necesitan la sociedad y el sector privado.
Con relación a las jubilaciones de privilegio, las cobran quienes ocuparon los puestos de presidente, vicepresidente, legisladores nacionales, ministros, secretarios, subsecretarios, jueces de la Corte Suprema, jueces, funcionarios del poder judicial, fiscales, funcionarios del servicio exterior como embajadores y cónsules. Asimismo, en muchas provincias existen regímenes de jubilaciones de privilegio para gobernadores, vicegobernadores, ministros, legisladores, intendentes y concejales. (…)
Empleo público
En el año 2002, antes de la llegada del matrimonio Kirchner al poder, había en Argentina 2,2 millones de empleados públicos, para el 2022, según diversas estimaciones, ese número alcanza los 4 millones. Si el empleo público hubiera crecido en línea con el conjunto de la población, hoy tendríamos 2,7 millones de empleados.
A primera vista diríamos que tenemos un exceso de 1,3 millones de empleos públicos, pero el exceso real es cercano a los 1,5 millones.
El número de empleados públicos que debería tener nuestro país es de alrededor de 2,5 millones. En primer lugar, en el año 2002, el empleo público ya era ineficiente, en segundo lugar, producto de la era digital, muchas funciones del gobierno se podrían digitalizar reduciendo fuertemente la dotación pública.
El problema del empleo público es aún mayor a nivel provincial y municipal. En las provincias es donde se concentra la mayoría del empleo. Provincias como Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca y La Rioja tienen más de 100 empleados cada 1000 habitantes. Todas las provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza tienen menos de 50 empleados cada 1000 habitantes, y paradójicamente, son las que cuentan con sectores privados más dinámicos.
El problema fiscal derivado del empleo público es aún mayor que el de los subsidios a la energía y el transporte, o los planes sociales. Sin embargo, los políticos escapan a esta discusión. Gastamos 12,7 % del PIB en empleo público, el doble de Uruguay que gasta un 6,7 % o México que gasta un 6 %6. Se podría recortar un 5 % del PBI al mismo tiempo que se mejora la eficiencia del Estado y la calidad de los servicios públicos.
Muchos de los empleados que habría que desvincular son militantes que se sumaron en los últimos años, la mayoría de ellos sin estar capacitados para los trabajos que desempeñan. A ningún empleado público de carrera, comprometido, que sabe hacer su trabajo le gusta tener a su lado a militantes que no trabajan o que ven al Estado como una maquinaria política y partidaria. Esta situación es un robo a los contribuyentes y un insulto a los empleados públicos capacitados y comprometidos.
Además, hay una gran disparidad salarial entre los sueldos del Estado. Por un lado, tenemos médicos que hacen varias guardias a la semana para compensar un sueldo miserable, maestros comprometidos que cobran lo mismo que sus pares de “licencia”, policías que arriesgan su vida sin el equipamiento necesario, y del otro lado, cargos políticos que cobran salarios muy por encima del promedio del sector público y privado.
No se pueden tener provincias donde el 50 % del empleo es público ni municipios donde el 38 % del padrón electoral recibe pensión de invalidez.
En Formosa, el 93,5 % de los ingresos de la provincia son enviados por la nación. ¿Por qué los ciudadanos de otras provincias deben financiar el feudo de un gobernador vitalicio como Gildo Insfrán? Esto no es bueno ni para los formoseños ni para el resto del país. Formosa es el reflejo del fracaso del estatismo: una provincia que tiene solamente 25 000 empleos privados, una población estimada en 600 000 personas y que exportó solo USD16 millones de dólares en el primer semestre de 20219. Al contrario de lo que algunos piensan, las provincias con mayor empleo público con relación a la población son las más pobres y con los peores índices de desarrollo. (…)
Privatizaciones
En 1891, el presidente Carlos Pellegrini fundó el Banco Nación; en 1912, Roque Sáenz Peña, Obras Sanitarias; en 1922, Yrigoyen, YPF, que luego sería desarrollada durante la gestión de Alvear; en 1950, Perón, Aerolíneas Argentinas y, a lo largo de diferentes presidencias, muchas otras empresas públicas. En ese momento, algunas de estas empresas cumplían un rol estratégico, podríamos decir hasta cuestiones de seguridad nacional.
El Banco Nación jugó un rol importante para superar la crisis de 1890, la expansión de la red de aguas a principio de siglo tenía como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes y evitar la propagación de enfermedades como había sido la epidemia de cólera. En el caso de YPF, los recursos de gas y petróleo eran estratégicos para el desarrollo del país en un mundo recién salido de la Primera Guerra Mundial, lo mismo que Aerolíneas Argentinas para conectar nuestras provincias entre sí y nuestro país con el mundo. Mercados de capitales menos desarrollados, un mundo en guerra y otras cuestiones pueden haber justificado en aquella época la creación de empresas estatales. Hoy la situación es diferente. A medida que la economía se fue desarrollando, dejó de ser relevante si esas compañías se encontraban o no en manos del Estado. Con el tiempo, la gestión de las mismas fue decayendo, empeoró el servicio para los usuarios, comenzaron a generarse grandes déficits. Además se convirtieron en monopolios estatales que afectan la competencia y la libertad de los usuarios.
Con las privatizaciones, el público obtiene mejores servicios, dado que nuevos operadores mejoran la eficiencia y aumentan la inversión. Por otro lado, estas empresas, al ser mejor administradas, dejan de generar un déficit al Estado que terminan pagando los ciudadanos mediante mayores impuestos. Muchos políticos no quieren las privatizaciones porque estas empresas son “cajas” donde extraen fondos para campañas políticas, para emplear militantes y corrupción. Un ejemplo es el uso de los presupuestos publicitarios de YPF y de los bancos provinciales para pagar a “periodistas amigos”.
El primer grupo de empresas a privatizar son las energéticas. YPF hoy ya no cumple el rol estratégico que tuvo en el pasado, hay muchas empresas de gas y petróleo que desarrollan y operan yacimientos en nuestro país. La privatización de YPF traería al menos dos grandes beneficios. Primero, daría una clara señal a los inversores de que el Estado no intervendrá en el mercado de petróleo y gas. Segundo, una YPF totalmente privada dispondría de mejores condiciones de financiación para acelerar sus inversiones en Vaca Muerta. El Estado no perdería control sobre el mercado de energía, dado que seguiría teniendo el poder regulador. Se acelerarían las inversiones y aumentaría fuertemente la producción de gas y petróleo.
Nucleoeléctrica Argentina, dueña de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Central Embalse podría ser privatizada al igual que Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Esta última empresa ha sido un antro de corrupción durante el gobierno de los Kirchner costando a los contribuyentes miles de millones de dólares. En un mundo donde las energías renovables son el futuro, estar subsidiando el negocio del carbón es especialmente absurdo.
Aerolíneas Argentinas es probablemente la empresa que más daño le está causando a la economía argentina en este momento.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el mercado aerocomercial se expandió fuertemente. Con la llamada revolución de los aviones, varias aerolíneas se instalaron en el país aumentando la conectividad, federalizaron el país y redujeron considerablemente el valor de los pasajes: en 2018 volaron un total de 29,1 millones de personas, un 33 % más que los 22 millones de personas del 201510. Tras el regreso del peronismo, el gobierno buscó darle el monopolio de los cielos a la empresa estatal. Se les cancelaron rutas a otras empresas y Latam, la segunda empresa más importante del mercado aéreo, debió cerrar sus operaciones en el país. También se fueron Norwegian, Air New Zealand, Emirates y otras aerolíneas. (…)
Cuando hablamos de privatizaciones, muchos pueden pensar en la experiencia de los años 90. Si bien las privatizaciones en esa década fueron necesarias, muchas se hicieron de forma desprolija, ineficiente y con corrupción. Los procesos no fueron transparentes y se desmantelaron los organismos de control, claves cuando se llevan adelante estos procesos. Que hayan sido mal instrumentados no significa que en su esencia no hubiera sido oportuno hacerlos.
La privatización de los trenes de carga generó un importante daño al país, aumentó los costos logísticos y centró todo el poder en el gremio de Hugo Moyano. En la telefonía pasamos del monopolio de Entel al de Telecom y Telefónica que, si bien mejoraron el servicio, cobraron tarifas exorbitantes, hasta que, vencido el plazo, pudimos disfrutar de los beneficios de la competencia y bajaron los precios. (…)
Sistema previsional
El objetivo del sistema previsional es otorgar un ingreso a las personas cuando salen del mercado laboral por haber alcanzado una edad determinada, o por estar imposibilitadas de trabajar (invalidez). Es una política que busca ofrecer protección al conjunto de la población y que puede ser alcanzada mediante diferentes esquemas. Hoy en el mundo hay serios problemas debido a que en muchos países como el nuestro, los aportes previsionales y los ahorros jubilatorios no son suficientes para pagar las prestaciones futuras.
Esta situación se vuelve aún más complicada en un mundo que envejece, en el que las personas viven más años y donde cada vez menos aportantes deberán financiar las jubilaciones y los gastos médicos de una creciente cantidad de adultos mayores.
Una de las reformas de la década de 1990 fue el régimen de AFJP. El sistema de capitalización individual traía varios beneficios, por un lado, el Estado eliminaba la erogación fiscal que significaba el pago de las jubilaciones en el futuro. Esto, si bien en el corto plazo era un duro golpe a las cuentas fiscales, en el largo plazo saneaba las cuentas del Estado. Los ciudadanos podían elegir quién administraba sus fondos y las decisiones de inversión no estaban influenciadas por el poder político. Hubo algunos errores de implementación, como las altas comisiones que cobraban muchos de estos administradores de fondos o el hecho de obligarlos a tener una parte importante de los activos en bonos del gobierno, pero conceptualmente la reforma iba en la dirección correcta.
La estatización de las AFJP en 2008 ideada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, el jefe de gabinete Sergio Massa y el director de la ANSES Amado Boudou, desarticuló esta modalidad. Fue una expropiación, un robo a los aportantes, la versión del corralito del gobierno kirchnerista. El corralito y la pesificación, junto con la estatización de las AFJP y el uso de las reservas del Banco Central por parte del matrimonio Kirchner fueron los tres mayores robos de la historia argentina. Con lo incautado a las AFJP pudieron seguir financiando la fiesta de empleo público, subsidios y corrupción. Muchos de aquellos aportantes de las AFJP hoy deberían estar cobrando buenas jubilaciones, y en comparación tienen ingresos miserables con relación a lo que les correspondería por sus años de aportes.
No podemos volver a ese sistema: los fondos ya fueron robados, lo que nos obliga a permanecer en un régimen previsional manejado por el Estado. El problema es que el esquema actual resulta difícil de financiar por varias cuestiones: hay pocos aportantes debido al elevado nivel de empleo en negro, muchas pensiones se pagan a personas que no aportaron y hay una serie de regímenes de excepción que reciben jubilaciones muy por arriba del promedio.
El primer punto a considerar es una reforma laboral y un blanqueo laboral para aumentar la recaudación previsional. Con una reforma laboral profunda como la que expondré en el próximo capítulo, se podría reducir significativamente el empleo en negro.
Esto redundaría directamente en un aumento de la recaudación. Y, además, proveería al sistema de los fondos necesarios para mejorar las jubilaciones actuales y comenzar a reforzar todos los años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. (…)
El sistema debe ser reformado para limitar al máximo los regímenes de excepción e integrarlos al sistema general. Para los sectores que tienen un régimen de jubilación anticipada, el costo no debe ser soportado por el sistema general, sino absorbido por su empleador y basarse en el desgaste a la salud del empleado que provoca dicha actividad laboral. Una opción sería que los trabajadores cobraran un salario mayor y aportaran parte de su sueldo a un seguro privado que les permitiera compensar la falta de ingresos durante el período de retiro anticipado.
Las pensiones no contributivas nos cuestan un 1,1 % del PBI. Están compuestas principalmente por las de invalidez y madres de siete hijos. Las primeras crecieron de cerca de 90 000 en el 2004 a más de 1 000 000 diez años después. Se impone que una parte significativa de las pensiones por invalidez sean revisadas y vueltas a otorgar, y las pensiones a madres de siete hijos eliminadas. Al mismo tiempo, debido al aumento de la esperanza de vida, es necesario elevar la edad de jubilación para llevarla gradualmente tanto en el caso de hombres como de mujeres a los 67 años para el 2040.
Solo a través de estas reformas se podría generar un ahorro anual inicial de un 2 % del PBI, al mismo tiempo que por la mayor recaudación, alcanzaría para aumentar las jubilaciones de forma equitativa a todos los participantes del sistema permitiéndoles una recuperación del poder adquisitivo. En el largo plazo, la única forma sustentable de incrementar las jubilaciones es con un crecimiento sólido y estable de la economía, con mayor empleo en blanco y aumentando la edad de retiro.
El sistema debe ser capitalizado gradualmente. Los fondos deben ser invertidos por un ente independiente del poder político, bajo criterios de diversificación y limitando la exposición en títulos públicos. Que los ciudadanos perciban el sistema como sólido tiene importantes beneficios: se animarían a gastar e invertir más sabiendo que al retirarse sus ingresos estarán garantizados.
☛ Título: Argentina hiperacelerada
☛ Autor: Federico Dominguez
☛ Editorial: Planeta
Datos sobre el autor
Federico Dominguez nació en Buenos Aires en 1987. Es un emprendedor y asesor financiero especializado en mercados de capitales y en el sector de tecnología.
Es egresado de la Universidad de Belgrano y tiene un máster en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Es colaborador en algunos de los principales medios de nuestro país.
Trabajó en empresas de consumo masivo, del sector financiero y del tecnológico. Argentina hiperacelerada es su segundo libro, tras La rebelión de los pandemials publicado en 2020.
