El Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno de Javier Milei, que desregula la economía, también aplica para las prepagas y obras sociales. Entre las disposiciones, el Estado ya no tendrá la facultad de revisar valores y fijar aranceles mínimos, y se derogan las sanciones en caso de mora en el pago a los prestadores. Esta semana, precisamente, los bioquímicos y farmacéuticos habían advertido sobre la difícil realidad del sector: el aumento de precios de los insumos y medicamentos y la demora en el pago de las prestadoras son las principales causas.
Tras la finalización de los acuerdos que regían hasta el 31 de octubre, los medicamentos subieron en promedio 85% entre noviembre y lo que va de diciembre. Según el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) los precios escalaron 308% en lo que va del año.
El impacto del descongelamiento de precios también se estimaba para las prepagas a partir de enero, cuyos valores subirán entre el 40% y el 50%, según confirmó Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS). El titular de UAS admitió también que ante el aumento es posible que muchos usuarios pasen al servicio público o decidan cambiar de obra social hacia planes más económicos, y afirmó que “la situación del sistema es desesperante”.
Sin acuerdos, los medicamentos subieron 85% en los últimos dos meses.
Los precios estaban congelados hasta el 31 de diciembre para más de 300 mil usuarios. Lo que se esperaba en este panorama es que el Gobierno definiera si el resto de las cuotas se mantendría según el Índice de Costos de Salud para quienes ganaran más de seis salarios mínimos o el 90% del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) para quienes tuvieran ingresos inferiores a ese monto.
Sin embargo, el DNU del actual Gobierno plantea la modificación de la ley 26.682 (que regula la medicina prepaga) y la ley 23.660 (sobre las obras sociales), que establecen las obligaciones, incrementos, servicios y sanciones aplicables a las empresas.
Según el DNU, se derogan los artículos 5, 18 y 19 de la ley 26.682 que autorizan al Estado a revisar los valores de las cuotas y a fijar “aranceles mínimos obligatorios que aseguren el desempeño eficiente de los prestadores públicos o privados”, y a supervisar los modelos de contrato.
A partir de ahora, según el nuevo artículo 17, el Estado no fiscalizará la razonabilidad de las cuotas, y en cambio las prestadoras “pueden establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja”.
Además, “la falta de cumplimiento de aranceles o la mora en el pago a los prestadores” ya no es pasible de las sanciones previstas en el artículo 24, entre ellas, las multas.
Este punto es importante, ya que el incumplimiento de las obras sociales y prepagas derivó en el cobro de copagos de médicos y bioquímicos. Esta semana, la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) advirtió en un comunicado que las medidas económicas tomadas por el actual Gobierno “son devastadoras”, ya que “hacen que todos los insumos y reactivos requeridos para poder realizar nuestro trabajo dupliquen o tripliquen sus costos”.
Si bien el texto aclara que esta situación de crisis no es nueva, la devaluación del dólar oficial la profundiza: "Esto recaerá no solo en los insumos importados, que representan el 80% de nuestro gasto laboral, sino también en los aumentos de tarifas, salarios y servicios, lo que hará que nuestro trabajo sea inviable, en la situación actual de atraso de los pagos que realizan las obras sociales y prepagas”.
Los precios de los geriátricos subieron 400% en un año, dice la Defensoría.
Por otro lado, las entidades farmacéuticas nacionales afirmaron en un documento conjunto que “la normal prestación de medicamentos a los jubilados está en riesgo”. Desde el 11 de diciembre están solicitando una reunión con autoridades de PAMI para resolver esta situación, cosa que hasta ahora, aseguraron a este medio, no han conseguido.
A la par de los aumentos “ha caído la cantidad de venta de unidades”, explicó a PERFIL José Daniel Carnevale, Secretario de prensa de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf). “Pero esta es una conducta que venimos viendo en el último año, y creemos que se va a acentuar durante el mes de diciembre y los venideros hasta que la situación se estabilice”, agregó.
Con respecto a los pagos, Carnevale afirmó que “tanto obras sociales como prepagas vienen con un atraso importante” y en este contexto de inflación “si un producto se vendió los primeros días de noviembre, se facturó a la obra social en diciembre y se paga en febrero, en el mejor de los casos no alcanza para cubrir el valor”. Por otro lado, “la diferencia entre el precio de PAMI y de venta al público tiene una brecha del 65%, lo que hace que el convenio en estas condiciones sea muy difícil de atender”, aseguró.
El representante de Facaf concluyó que dadas las condiciones “las farmacias siguen poniendo el hombro para que los jubilados no se queden sin medicamentos, y son uno de los grandes financiadores del sistema de la seguridad social”. Pero advirtió que si no se toman medidas urgentes “el sistema va a colapsar”.
“La situación de los jubilados es muy grave desde hace más de un año”, aseguró a PERFIL Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. “Vemos que las personas ya no consumen el medicamento conforme a la prescripción médica sino conforme a lo que tienen en el bolsillo para comprar”.
Semino definió la situación actual como “una crisis sanitaria y humanitaria”. Las operaciones suspendidas y la falta de insumos significaron literalmente que muchos pacientes murieran esperando una válvula o una prótesis, agregó.
Según las estimaciones de la Defensoría, el 19% de la canasta básica de un jubilado corresponde al gasto en medicamentos. Los geriátricos, que también son instituciones dedicadas a la salud de los adultos mayores, aumentaron 400% en un año.
