Tradicionalmente, el Poder Judicial ha sido conservador y resistente al cambio. Pero la realidad actual demanda una transformación que resulte, al mismo tiempo, ágil y profunda. La clave para que esto suceda reside en el liderazgo que se ejerza desde la cúspide de la estructura judicial, adoptando un enfoque de alfabetización de arriba hacia abajo, o top-down.
Hoy día, en la Justicia, la innovación se produce en niveles inferiores y luego escala hacia estamentos de cierta jerarquía, fenómeno que conocemos como bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba.
Así se corrobora en los ejemplos que citábamos hace dos semanas: Prometea en la Ciudad de Buenos Aires, Thor en juzgados civiles nacionales, Concilia en Mendoza, entre otros.
En todos los casos se trata de iniciativas aisladas que, más allá de que resultan destacables, carecen del soporte económico y el respaldo institucional necesario para generar un cambio a gran escala.
En otras palabras, ahora mismo, en incontables juzgados del interior del país, se puede encontrar profesionales capacitados y con ganas de innovar que, aprovechando herramientas de uso gratuito disponibles desarrollan sus propios sistemas de gestión para que los asistan en sus tareas, mediante la automatización y predicción de soluciones jurídicas; agilizando sus procesos y achicando la burocracia, le simplifican la vida de miles de personas.
Ahora bien. Hoy día esas soluciones no escalan porque las autoridades no las consideran como debe ser. De allí que no se consigue un impacto verdaderamente masivo en el sistema y, en segundo lugar, se producen asimetrías a lo largo y ancho del país, porque, según dónde tramita la causa y la suerte de quién se acerca al mostrador, el trámite puede realizarse en minutos o meses.
En este sentido, la alfabetización top-down es una forma de apoyar a quienes se capacitan para transformar digitalmente la administración de Justicia y cambiar la manera en que hoy concebimos los procesos judiciales, pero también significaría un impulso, con tono de llamado de atención, para aquellas personas que se resisten a cambiar.
Más aún. Si la propuesta de un rumbo claro desde la cúspide de las pirámides institucionales de la Justicia ofreciera la debida alfabetización, entonces podría abarcar más que sólo la enseñanza y el entrenamiento en el manejo de software.
Sería la oportunidad de imprimir, al quehacer judicial, un verdadero cambio de mentalidad: se puede aprender a trabajar con aplicaciones que ya existen o desarrollar nuevos sistemas informáticos que se adapten a las demandas actuales; en ambos casos hay que repensar el modo en que ofrecemos el servicio de Justicia, con la tecnología como aliada, y con lentes de este siglo.
El Poder Judicial debe reconocer que la alfabetización digital y la innovación no son meros complementos del trabajo cotidiano, sino elementos esenciales para la administración de Justicia en el siglo XXI. De allí que sea indispensable integrar la innovación tecnológica de manera coherente y sistemática en todos los niveles del sistema judicial. El mundo está trabajando en ello y Argentina es un gigante dormido.
La capacitación y el desarrollo profesional continuo deben ser una prioridad. No basta con implementar nuevas herramientas tecnológicas en forma aislada; es crucial que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, desde la magistratura hasta el personal administrativo, cuenten con capacitación suficiente para utilizar estas herramientas de manera efectiva.Esta capacitación debe ser una inversión continua, propia de un cambio de paradigma. No puede ser que nuestra vida transcurra por un carril plenamente digitalizado y cuando ingresamos a la administración de Justicia nos manejemos como en el siglo XX.
Para lograr esto, resulta clave entonces fomentar una mentalidad abierta al cambio. Aunque en instituciones históricas como la Justicia la resistencia a lo nuevo es natural y comprensible, quienes toman decisiones deben trabajar para crear una cultura que no sólo acepte, sino que adopte la innovación como una parte esencial de la organización. Nótese que las últimas reformas propuestas en materia procesal carecen de incorporación de tecnologías disruptivas para desburocratizar las actuaciones. Es más, ni siquiera han sido consideradas en sus debates (cuando los hubo).
Mirando el ecosistema jurídico como un todo, sería deseable trazar un puente con los Colegios de la abogacía para avanzar en necesidades compartidas. Como así también, hacer sinergia con industrias y sectores afines que estén a la vanguardia, avanzando sobre lecciones aprendidas y nutriéndose de ideas que están ‘fuera de la caja’. El trabajo debe tener un enfoque colaborativo y horizontal. Así podemos nutrirnos de los avances que se generan en otras áreas de la sociedad.
En conclusión, la alfabetización top-down en el Poder Judicial es más que una necesidad; es una obligación propia de la era digital. Requiere un liderazgo visionario, una inversión continua en capacitación y desarrollo, una cultura que busque el cambio para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Si lo entendemos así, será viable mejorar el acceso a la Justicia, resolveremos más y mejor, y ganaremos el respeto de una sociedad que cada vez cuestiona más seguido la legitimidad de los poderes estatales.
*Abogado experto en nuevas tecnologías.
