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ELOBSERVADOR / derechos en cuarentena
domingo 29 marzo, 2020

La república debe usar herramientas distintas al miedo que impera durante las dictaduras

Si bien todos los gobiernos del mundo tomaron medidas respecto de la pandemia, en Argentina la memoria de la dictadura debiera llamar a una reflexión que evite que las fuerzas de seguridad abusen de un poder excesivo.

Control social. Los estados como el actual conllevan un poder especial que restringe inevitablemente los derechos ciudadanos. Foto: telam
domingo 29 marzo, 2020

Un fantasma recorre el mundo: la pandemia del coronavirus. Con los matices propios de cada país, los gobiernos tomaron importantes decisiones en materia de salud pública. La implementación de esas políticas se vincula con la restricción de algunos derechos humanos básicos. Me refiero a la posibilidad de circular, a la de reunirse, a la de ejercer el comercio, entre otras.

Las Constituciones de los países occidentales son reacias a permitir ese tipo de medidas. Sin embargo, contienen mecanismos que, sujetos a principios específicos, autorizan ese tipo de restricciones. No es mi intención discutir esos poderes de excepción. 

La República Argentina no es ajena a ese escenario. De hecho, estamos en cuarentena y por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, que fue acompañada por otros poderes del Estado, algunos de nuestros derechos constitucionales estarán por un tiempo subordinados a las políticas destinadas a enfrentar la pandemia global. Me interesa señalar algunas impresiones preliminares sobre las restricciones de los derechos ciudadanos, cuando transcurrió apenas una semana y monedas de las decisiones de las autoridades.

Impacto social. La observación esencial tiene dos vertientes. Por un lado, y más allá de las deshonrosas excepciones de algunos personajes aislados, tiene que ver con el nivel de acatamiento que tienen las medidas. Sobre todo, en una sociedad que se distingue por sus problemas estructurales en relación con el cumplimiento de la ley.

La segunda observación, complementaria a la primera, se vincula con el pedido social para que el Estado sea implacable con aquellos que violaron el confinamiento. Llamados telefónicos, mensajes por las redes sociales, escraches en la vía pública, constituyen muestras palpables de un fenómeno extraño para nosotros. Es singular el reclamo de “orden”.

Existe una tendencia general en nuestra sociedad a reclamar el cumplimiento de la ley casi siempre con respecto a los demás. Por estos días la tendencia parece ser diferente. Quienes cumplen la ley acusan a quienes no lo hacen y, repito, piden “orden”. Aquí me voy a detener.

Evidentemente el miedo es un factor importante para comprender este fenómeno. Pero intuyo que hay otro tipo de razones, probablemente más profundas, aunque no tan evidentes. Sus orígenes se pueden encontrar en la penetración capilar del terrorismo de Estado, cuya faz más cruel se desató a partir del 24 de marzo de 1976.

Virus y represión ilegal. Cuando se iniciaba la transición democrática, en los años 80 del siglo pasado, Guillermo O’Donnell publicó un texto exquisito denominado provocativamente “Y a mí qué mierda me importa”. En lo que nos interesa –casi heréticamente– de esa frase, que es tan común entre nosotros, extrajo el modo en que una sociedad supone la violencia y la repone. Cuando alguien nos interpela “desde arriba” de un modo violento, respondemos “ubicándolo”. Pero en esa “ubicación” renovamos la violencia. 

Desde esa forma de vincularnos, O’Donnell explicó los rasgos de nuestra forma de hacer política, signada por la ausencia de mecanismos de mediación política y por la que cada corporación buscaba imponer sus intereses anulando los de los demás violentamente. Eso que llamó un “corporativismo anárquico” se inscribió en una espiral que devino en una violencia mayor que a sangre y fuego atravesó dispar, pero horizontalmente, a la sociedad en su conjunto. ¿Qué tiene que ver esto con el coronavirus? Veamos.

La represión ilegal se distinguió por la clandestinidad. La misma “clandestinidad” con la que el coronavirus –cuyo rostro y sus tiempos no conocemos– penetra en nuestra comunidad. El Estado, cuya gramática es el derecho y la publicidad de sus actos, durante la última dictadura se desdobló y reemplazó la ley por el miedo. En otras palabras, el Estado ejerció su poder en un plano superficialmente guiado por normas y reglas, al mismo tiempo que en un plano subterráneo desplegó un articulado proceso de represión, asesinato y desaparición de personas. 

El lenguaje del coronavirus también es el miedo que, combinado con la incerteza derivada de su invisibilidad, hace que no sepamos en qué momento puede ingresar a nuestro cuerpo. 

La penetración del terror durante la dictadura depositó la vida de los ciudadanos en las manos de otros ciudadanos que podían disponer de ella de manera arbitraria. El coronavirus funciona con una lógica similar, ya que potencialmente se puede llevar la vida de cualquiera de nosotros. 

O’Donnell, al final de su texto, señalaba la importancia de las mediaciones, entendidas como los mecanismos políticos para resolver en la esfera pública la articulación de intereses que circulan en las sociedades complejas. Enfatizaba la necesidad de construir instituciones sólidas capaces de convertirse en los lugares apropiados para resolver nuestras controversias, de modo tal que nadie se imponga al otro porque tiene más fuerza o poder.

Dicho más sencillo, un posible camino para democratizar una sociedad violenta pasaba por el republicanismo en su versión democrática, ya que es capaz de dar cauce a la representación de los intereses sociales, pero sin una oligarquía dispuesta a expropiar esos intereses; es decir, conservando la relación entre el pueblo mandante y los políticos mandatarios.

Sin clandestinidad. Quizá algo de eso muestran las primeras reacciones a las restricciones legales derivadas de la pandemia. Esto es, la necesidad de escuchar la voz pública y ver su rostro institucional, así como de llevar adelante estrategias cooperativas y colectivas para afrontar a un enemigo que no da la cara. La sociedad reclama a la república que derrote a la clandestinidad. 

También es posible mencionar la comprensión de que las reglas de juego claras constituyen una arena apropiada para resolver nuestros problemas y que los atajos personales, como por ejemplo huir de la ciudad, no forman parte del elenco de soluciones cooperativas. Solamente intuyo que aquí yacen las chances de comprender algunas de las explicaciones a este reclamo por la ley de parte de los que también la cumplen.

En definitiva, quizá las dislocaciones que produce este tipo de crisis, combinadas con nuestra dolorosa memoria histórica, constituyen el germen capaz de despertar la semilla republicana, probablemente el mejor experimento político occidental para mandar a los demás, obedeciéndonos a nosotros mismos. Aunque ello requiere un tema previo que no puedo abordar hoy: garantizar a todos el derecho a la existencia digna.

*Fiscal federal.


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