El 3 de enero se cumplió un año del A-tlanticazo, la protesta multitudinaria que se llevó a cabo en Mar del Plata y en otras ciudades de la costa atlántica en rechazo a proyectos petroleros en el mar. “Es la expresión de un pueblo unido en defensa del ambiente, el clima y el futuro de las comunidades”, dijo Luisina Vueso, de Greenpeace, que trabaja “para frenar el avance de la industria petrolera sobre el mar”, pese a decisiones judiciales y gubernamentales que autorizaron estos proyectos.
El Atlanticazo fue un hito en el recorrido de las comunidades costeras que le exigen al Gobierno un proceso de participación vinculante en la toma de esta decisión, porque el proyecto incluye impactos negativos para sus territorios. “Podría ser una consulta popular, que es un derecho amparado en la Constitución”, comenta Flavia Broffoni, la activista ambiental y politóloga que dio a conocer el “manual” de malas artes.
Ese mismo 3 de enero, en un ámbito reservado, se realizaba una capacitación sobre “Exploración offshore con licencia social”: el consultor Sergio Melzner, contratado por YPF, presentaba sus sugerencias dirigidas a manipular la opinión pública. Una persona que era parte de la capacitación advirtió la gravedad de lo que estaba sucediendo y tomó la iniciativa: envió el documento utilizado para la capacitación a XR Argentina, a través de una colega activista. Flavia fue quien recibió el “manual” y lo hizo público.
“Vaca Muerta” submarina. El último día hábil de 2021 el gobierno de Alberto Fernández autorizó la realización de estudios geológicos para que un pool de empresas petroleras –en el que se asocian la noruega Equinor, la angloholandesa Shell y la nacional YPF– comprueben o no la existencia de hidrocarburos en el lecho marino de la Cuenca Argentina Norte (CAN).
Ese mismo año, cien Premios Nobel habían pedido públicamente “dejar el petróleo, gas y carbón en donde están”, frenar todo nuevo proyecto extractivo y reemplazar los existentes. “Solo eso puede evitar el abismo”, que ya empezó y se va a agravar día a día, mucho antes de que se terminen las reservas de combustibles fósiles. Coincidían con las desesperadas admoniciones del secretario general de la ONU, António Guterres, a partir de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Pero esas advertencias no le interesan casi a nadie. Y en cambio la posibilidad de encontrar combustibles fósiles en el fondo del mar sí interesa a muchos, que lo ilustran con una analogía: “Hay otra Vaca Muerta allí abajo”, en los abismos oceánicos. Los estudios preliminares de YPF estiman que podría existir un yacimiento con capacidad de producir 200 mil barriles de petróleo por día.
En marcha, sin consulta. Explotar ese filón dormido en el fondo del mar requiere un proceso de exploración sísmica que ha sido la principal causa del rechazo de activistas ambientales, especialistas en fauna marina y de comunidades enteras. El Atlanticazo de la comunidad marplatense derivó en que Guillermo Montenegro, el intendente, interpusiera un recurso judicial a inicios de 2022 contra la exploración petrolera. Pero poco después volvió sobre sus pasos: “Siempre que signifique empleo y minimizando riesgos, vamos a acompañar”. Ya se sabe: no hay grieta en esos asuntos.
¿Y la “estatal” YPF, qué papel juega? Aunque el kirchnerismo vendió en su momento la operación de recompra de acciones como una “renacionalización”, YPF es una sociedad anónima con una composición societaria en la que el Estado nacional posee el 26% de las acciones, los Estados provinciales petroleros tienen el 25% y el 49% restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, con dueños que se pueden ir modificando. En su día a día YPF actúa como empresa privada, sin darle la menor injerencia a la supuesta dueña del 51% de sus acciones: la ciudadanía, que jamás es consultada para decidir nada.
Los otros proyectos a los que apuesta el Gobierno (el pozo exploratorio Argerich-1 y la exploración sísmica en CAN 102) tienen aprobación desde diciembre y desde fines de abril por el Ministerio de Ambiente, que cumplió los pasos formales que la débil legislación ambiental argentina requiere: audiencias públicas que, como es sabido, no son vinculantes. Permiten que quien se opone haga catarsis y nada más. Las audiencias públicas –como cualquier instancia no vinculante, informativa o consultiva– son parte de lo que se denomina “licencia social en sentido débil”, es decir un formulismo que autoridades o empresas cumplen a desgano, pero sin peso real en sus decisiones.
En busca de licencia. La “licencia social” sigue siendo un concepto vago e indefinido porque no hay ley que lo establezca, por más que la Argentina es firmante de pactos internacionales que la obligan a instrumentarla.
Pero cada vez hay mayor conciencia en sectores empresariales que no les conviene jugar con fuego: de algún modo deben convencer a las comunidades que sus proyectos, que prevén fabulosas ganancias para las empresas, también proveen algún beneficio para las comunidades. Díficil lograr “licencia social” si el negocio es solo para ellos, como pasa con la minería, con el litio, con Vaca Muerta, con todas las actividades altamente contaminantes (o directamente destructivas del ambiente, como advierte la ciencia digna).
Cuando las empresas deben explicar los beneficios para las comunidades, éstas les dicen rotundamente “no”. Tal la experiencia de dos décadas de consultas populares en América Latina sobre megaminería. Ni una sola vez las comunidades votaron a favor.
Ese es el problema. Por eso YPF necesita manipular una falsa “licencia social”. Por eso, aunque la ley argentina es laxa y no obliga a consultar a las comunidades, aunque en el Congreso duermen en cajones los pocos proyectos sobre “licencia social” que se han presentado, las empresas saben que no pueden avanzar si la comunidad rechaza su iniciativa lucrativa. Como mínimo deben demostrar que el daño no será tan grande o, por lo menos, que ellos no serán los únicos que lucren.
Y ahí es donde entra el documento que se filtró la semana pasada.
Maquiavelismo siglo XXI. Elaborado por la consultora Eonia, de Sergio Melzner, el documento se titula “Exploración offshore con licencia social” y fue filtrado por la filial local de Extinction Rebellion.
Es una pieza maquiavélica en el más estricto sentido de la palabra: no le interesa ninguna razón moral, ambiental o social, sino la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier otra. Es la primera acepción del Diccionario de la Real Academia para la expresión “maquiavelismo”.
En esa dirección, el manual comienza reconociendo que el plan offshore carece de licencia social. Y presenta un plan de comunicación para YPF que apunta a tres ejes: debilitar el rechazo, construir aprobación y redirigir el reclamo. Para eso sugiere (y explica cómo):
.“ridiculizar” a quienes se oponen a continuar explotando hidrocarburos;
.“imponer simplificaciones” para construir;
.desviar el reclamo social, reemplazándolo por “un reclamo más conveniente” a los intereses de las empresas
.aprovechar que la licencia social “no es un instrumento formal”, interviniendo con estrategias indirectas, “mediante cápsulas aparentemente imparciales, con tono periodístico o informativo, que aporten la mirada que necesitamos en cada instancia”.
Estrategias tan imparciales como calificar de “guerrilla ambiental” a quienes se oponen, para desvirtuar el reclamo, al que consideran “una moda” y convertirla “en un miedo profundo de quedar en ridículo, empatándolo con los reclamos más descabellados”. También propone promover una “aceptación nacionalista”, “una Argentina que quiere ser potencia aprovechando sus propios recursos”, “antes que vengan otros a llevarse lo que es nuestro”. Una falacia, siendo que YPF funciona en este proyecto como la puerta de entrada de dos empresas extranjeras.
Hipotecas. Flavia Broffoni, integrante de XR Argentina, es a quien le fue enviado el manual para difundirlo. XR es la versión local de Extinction Rebellion, impulsada a fines de 2018 en Gran Bretaña por activistas provenientes de la investigación científica que decidieron hacer lo que gobiernos, empresas y medios masivos no hacen: tomar en serio el colapso ambiental en ciernes.
Consultada por PERFIL, Flavia explicó que ni la agencia Eonia ni YPF respondieron institucionalmente, pero corroborada la autenticidad (por ejemplo, con capturas de pantalla de la capacitación) “identificamos la necesidad de apurarnos, de tratar de aportar una nueva oportunidad de abrir la conversación, que hoy está completamente blindada”.
Para Broffoni, el documento demuestra que YPF funciona como una puerta de entrada para Equinor y Shell, al legitimar la operación de esas empresas extranjeras en la extracción de petróleo en el Mar Argentino, con una cínica justificación, porque además lo hacen “bajo la narrativa de la soberanía y el autoabastecimiento energético”.
—¿Qué repercusiones tuvo la filtración? ¿Hubo alguna respuesta desde la empresa o desde la consultora de Melzner?
—Ni de la empresa ni de la consultora. La Asociación de Abogados Ambientalistas, FARN, el CELS, instituciones que son parte del proceso judicial en este caso, plantearon la necesidad de una respuesta oficial y eso no ocurrió hasta ahora. Ni siquiera hubo respuesta en redes sociales por parte del oficialismo. Y lo que sí hubo fueron amenazas directas a Enrique Viale y a mí, en Twitter sobre todo, extrañamente desde seguidores de (Javier) Milei.
—¿Cómo le explicarías a una persona ajena a los debates ambientales la gravedad de este episodio?
—Por más que a quien lee no le importe la cuestión ambiental, no le importen las ballenas o el ecosistema marino, debe entender que la crisis climática es la principal amenaza que enfrentamos como generación y como civilización. Estamos en un proceso de calentamiento global, que nos va a llevar en el corto plazo, en esta década, a consecuencias catastróficas. Que ya estamos experimentando en la Argentina, por ejemplo en los procesos de desertificación y sequía extrema en la cuenca productora de alimentos. Lo acaba de decir el Banco Mundial: auguró que este año la Argentina va a tener nulo crecimiento del PBI por la sequía. Entonces, incluso quien no esté interesado en la cuestión ambiental necesita tener presente que no podemos quemar ni un barril más de petróleo, y esto es una metáfora, por supuesto, pero tenemos que encontrar maneras de planificar una transición y tiene que ser con participación ciudadana directa, mediante el mecanismo que se diseñe, porque no se puede permitir que sigan hipotecando el corto plazo por intereses económicos de pocos.
—Y en ese marco, este episodio revela otra cosa...
—Revela que la estrategia radica en profundizar la polarización política que ya tenemos, porque describe cómo hay que construir un enemigo, que es el ambientalismo, y explica cómo: mediante la ridiculización principalmente. Un enemigo que no existe, porque no son las ONG el problema para ellos, el problema son las comunidades movilizadas que hacen historia, como el Atlanticazo.
—El manual incluye también la sugerencia de un discurso nacionalista.
—Claro, y eso hace muy fácil caer en que nos digan “cipayos”, “vendepatrias ingleses”, cuando en realidad es su propia estrategia de exploración/explotación la que está siendo funcional a los intereses coloniales.
—Es gravísimo que lo haga YPF.
—Sí. Para mí es de absoluta relevancia que sea YPF, porque este tipo de prácticas corporativas son normales dentro de la industria de extracción, lo hace la minería, la industria petrolera, el agronegocio, las grandes corporaciones de agroquímicos y semillas, que son las que tienen más resistencia a nivel territorial.
—En año electoral, además...
—Claro, justamente en este momento en donde se iniciaron las carreras electorales y el discurso, por ejemplo, de nacionalizar recursos estratégicos, es parte de la plataforma de muchos candidatos, YPF como bandera nacional en tanto puede ser el jugador que rompa la dependencia colonial con el Norte global, lo que cuentan en este documento... Una falacia total, una mentira. La estrategia de licencia social que proponen para el despliegue de la exploración sísmica está diciendo claramente que YPF va a funcionar, simplemente, de portera de los intereses de la industria petrolera extranjera. Una empresa nacional de recursos estratégicos es un debate que tenemos pendiente, no se trata de nacionalizar el recurso y administrar YPF, sino de decidir a qué intereses responde YPF.
—La estrategia apunta a aprovechar que la licencia social es (como dice el propio manual) algo “incierto y volátil”, al no ser requisito formal ni tener dispositivos procedimentales. Hay proyectos en el Congreso que no se han tratado. ¿Ayudaría una ley que obligara a gobiernos y empresas a instrumentar mecanismos para obtener la licencia social?
—En este punto de la historia, yo creo que la obligatoriedad que debería tener el Estado argentino es que cualquier proyecto de extracción de gran escala –como cualquier proyecto petrolero o minero o que implique extender la frontera agropecuaria mediante monocultivos– requiere un proceso de participación ciudadana, si se quiere con un mecanismo que ya existe que es el de consulta popular previsto en la Constitución Nacional, o bien que bajo otros nombres pueden ser equivalentes al de “licencia social”, como el Convenio 169 de la OIT que detalla el proceso de consulta libre informada a las comunidades indígenas sobre proyectos en sus territorios. Algo parecido debería tener un proyecto como éste, que tiene consecuencias atmosféricas, con lo cual debería participar toda la población argentina.
*Licenciado en Filosofía y periodista.
Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
