El 20 de junio de 2018, el frío helaba hasta los huesos. Ana Domínguez no pensaba salir a la calle. Sin embargo, un llamado telefónico de urgencia la forzó a alistarse y salir de prisa.
— ¡Abuela, vení! ¡Mamá está muerta! -dijo su nieta, desde el otro lado del celular.
Ana se paralizó y por segundos se le inmovilizó la boca. Pero no vaciló.
—Ya salgo para ahí -le respondió para tranquilizarla.
Ana se abrigó con lo que tenía a su alcance y junto a su hijo se fue en auto desde Sarandí a Gerli, en el partido de Avellaneda, a la casa de su hija, Malvina Centurión, que vivía con tres de sus seis hijxs y su pareja, en una humilde vivienda construida con chapas y maderas.
—Llegué corriendo, le hice RCP, pero no respondía –recordará, años más adelante, entre lágrimas y la voz entrecortada.
Al costado de la cama, ahí estaba su cuerpo.
—La llevamos al hospital Presidente Perón, en Avellaneda, pero ya no se podía hacer nada y en el lugar le vieron los hematomas en el cuello e inmediatamente detuvieron a su pareja.
Durante todas las horas que transcurrieron después del crimen, Ana no dejaba de recordar todas las veces que le sugirió a su hija que termine con esa relación.
—Desde que lo conocí, nunca me pareció una buena persona, y yo le vivía diciendo a mi hija un día te va matar si te golpea porque no tiene límites.
Hoy, recuerda cada consejo con el dolor y la angustia de saber que nada pudo modificar en ese momento: la mató, estrangulándola, e intentó fingir un accidente doméstico. Su hija tenía marcas de golpes en todo su cuerpo. Después de que lo detuvieron, su pareja confesó todo.
A meses del asesinato, el femicida de Malvina, Osvaldo Hernán Núñez, de 38 años, fue hallado sin vida en la cárcel Lisandro Olmos, ubicada en el partido de La Plata.
No llegó a su juicio final.
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Casi un año y medio atrás, en febrero de 2017, en las calles de Alto Comedero, a unos 10 kilómetros al sureste de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina, todo era color. La música vibraba en la piel por el carnaval. Las comparsas danzaban y desplegaban todas las tradiciones de esta costumbre ancestral. Nahir Mamani de 20 años había salido temprano de su casa y junto a su niña había planeado pasar una tarde agradable en medio de la celebración popular.
—Cuídate y no vuelvas tarde - le dijo su padre Víctor.
El padre de Nahir jamás imaginó que esa sería la última vez que vería a su hija con vida.
Durante muchos meses, Víctor presenció la violencia que ejercía la pareja de su hija contra ella. Golpeó puertas, buscó ayuda, pero no recibió respuestas. El 17 de febrero fue demasiado tarde.
Al llegar, Leonardo Iván Agüero, ex pareja de Nahir, la asesinó a puñaladas: una en el corazón y otra en el hígado, delante de su beba.
—No sé como la buscó y encontró, pero se la llevó obligada para su casa -recuerda su padre hoy- Me llamó la hermana del femicida para decirme lo que había pasado, cuando llegué al lugar, ella estaba tirada en la casa, había muerto hacía más de una hora.
Tras cometer el crimen, Agüero huyó del lugar por una ventana y con el cuchillo utilizado para evitar dejar evidencias que lo incriminen. Sin embargo, logró ser capturado.
—Lo encontramos en una playa cerca de la casa. Lo mantuvimos reducido hasta que llegó la policía y se lo llevó preso –cuenta Víctor.
El 12 de abril de 2018 el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Jujuy, presidido por el juez Antonio Llermanos, condenó a reclusión perpetua a Leonardo Iván Agüero por haber asesinado a Nahir Mamani.
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Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro -que lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y niños- más de 2.400 niños quedaron sin madre, entre el 2008 y 2018, porque fueron asesinadas por femicidas.
En la mayoría de los casos, sus familiares más cercanos debieron hacerse cargo. Ana y Víctor son dos de ellos. En medio del dolor, juntaron fuerzas para sacar adelante a sus nietas.
Teniendo en cuenta la desprotección en la que quedaron los menores y la importancia de asegurarle las necesidades básicas a los chicos, los familiares de victimas de femicidio emprendieron una lucha para conseguir una ayuda económica por parte del Estado.
Así las cosas, el proyecto impulsado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro y bautizado como Ley Brisa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios, fue aprobado por el Congreso en julio de 2018 y reglamentado en octubre de ese mismo año.
La medida recibió ese nombre en honor a la hija de Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes por su exesposo en 2014. En aquel momento, el padre de la víctima, Osvaldo Barrionuevo, quedó a cargo de los chicos y tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda para poder criarlos.
La resolución trajo un poco de alivio entre las familias. Sin embargo, la felicidad duró poco. En febrero de este año, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a brindar turnos para iniciar el trámite y las trabas burocráticas se empezaron a sentir.
—En ANSES, no sabían de que trataba la Ley Brisa, me dieron muchas vueltas y no solucionaron nada. Presenté todos los papeles necesarios y me seguían dando vueltas. Tuve que recurrir a los medios y exponer mi caso -recuerda Víctor desde Jujuy.
Visibilizar su caso no fue garantía de solución. Sin embargo, Víctor nunca bajo los brazos. En Jujuy, contactó al grupo de familiares que conforman Atravesados por el femicidio y una luz de esperanza comenzó a brillar.
—Mandé por correo los papeles y ellos fueron a entregar los documentos al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y ahí comenzó a moverse todo. Además, ellos ya estaban al tanto de lo que me había pasado en Jujuy.
En abril de este año, todo comenzó a mejorar.
—Me comunicaron que me iban a depositar la plata en mayo y así fue. Con retroactivo, desde que se sancionó la Ley Brisa, cobré todo.
Pese al dolor, Víctor hoy tiene motivos por los que seguir adelante: su nieta.
- Ahora concurre a una salita de tres y está bien, le brindamos mucho amor, pero no saben el dolor por lo que atravesamos los familiares de las victimas. Todo es muy difícil.
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Ana Domínguez atraviesa el mismo dolor por el crimen de una hija en esa casa humilde de Gerli, pero a diferencia de Víctor su lucha por la reparación económica para sus seis nietxs de 2; 7; 8; 10; 14 y 16 aún continua.
—La traba empieza en el juzgado porque no me dan una tutela definitiva y no puedo avanzar y seguir con los trámites en el ANSES. Si no son los testigos, son los papeles, o los chicos y yo necesito que camine esto, con la situación económica no hay plata que alcance. Mis seis nietxs viven conmigo y la más chica usa pañales. Siento que me toman el pelo, un manoseo total por parte de todos.
La situación de Ana es un ejemplo de la lucha actual de cientos de familiares de huérfanos de femicidios. Al momento, según el INAM, 50 beneficios ya fueron otorgados. Sin embargo, desde la agrupación Atavesados por el femicidio, aseguran que solo 30 chicos cobran en todo el país la reparación económica estipulada por la ley 27.452.
—El reclamo viene por dos lados: el trámite de la Ley Brisa está teniendo inconvenientes, donde se inicia, en el ANSES, porque hay UDAI (Unidades de Atención Integral) que no están al tanto de lo que tienen qué hacer y qué papeles que recibir. Además para presentar los documentos, tenés que tener la tutela que es un trámite engorroso- detalla Marcela Morera, integrante del grupo Atavesados por el femicidio y madre de Julieta Mena, una joven embarazada oriunda de Ramos Mejía, que fue asesinada a golpes por su pareja, Marcos Mansilla, en 2015.
De acuerdo a lo establecido, para acceder a la reparación, las personas que administren la prestación deben acreditar tener a su cargo a la niña, niño y/o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.
Asimismo, la reparación económica deberá ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y será considerada como de atención integral compatible con las asignaciones familiares. En tanto, se dispondrá la cobertura integral de salud, que deberá cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica; garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo.
A la espera de la eliminación de trabas burocráticas, respuestas a sus reclamos y búsqueda de amparo total por parte del Estado, familiares de víctimas de femicidios enfrentan muchas batallas diarias. Convertidos en peregrinos del dolor, solo les queda luchar por el derecho de los hijxs del femicidio. Un derecho que quedó establecido desde el 1 de octubre de 2018.
*Esta crónica forma parte del portal de historias
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