Cuarenta años después, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve al país para conmemorar aquella histórica visita en medio de la dictadura. Su presidenta, Esmeralda Arosemena, será recibida por el presidente Mauricio Macri el viernes, cuando se cumpla el aniversario del inicio de aquel desembarco entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Este jueves 5 y el resto del viernes, Arosemena participará de una serie de eventos en los que repasará no solo el trabajo del organismo en perspectiva histórica, sino la situación actual de los derechos humanos a nivel regional, si bien no habrá monitoreo en Argentina en este viaje en particular.
—La visita de la CIDH en 1979 fue uno de los hechos más significativos para la Argentina en materia de Derechos Humanos, ¿qué importancia le asignan en el organismo?
—Dado el cúmulo de denuncias recibidas por la Comisión sobre la grave situación de Derechos Humanos, la misión en Argentina fue una prioridad para la Comisión en aquel momento. La CIDH venía recibiendo un número cada vez mayor de comunicaciones sobre graves violaciones de Derechos Humanos que ocurrían en el país y expresó al gobierno de facto, diversas veces, su preocupación por el cuadro de violaciones denunciadas. Las visitas a los centros de detenciones, el contacto con las víctimas, y todas las otras actividades en terreno permitieron a la CIDH conocer de manera más cercana el contexto de violaciones sistemáticas vivido en el país. Y tener ese panorama proporcionó una mirada más calificada sobre los casos denunciados a la Comisión y al monitoreo de la situación de Derechos Humanos en Argentina.
—¿Cuáles son los desafíos actuales de la CIDH en la región además de Venezuela? ¿En Brasil, por caso, también se incrementaron las denuncias sobre violencia institucional?
—La CIDH ha identificado, como desafíos en materia de Derechos Humanos en la región, la persistencia de situaciones de violencia y discriminación contra mujeres y grupos históricamente marginados. Y en particular, de violencia creciente contra personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas y líderes y lideresas sociales. También ha observado situaciones de represión de la protesta social, así como de militarización y de uso excesivo de la fuerza como medidas para abordar la inseguridad ciudadana. Otro desafío es el flagelo de la corrupción con un impacto directo en los Derechos Humanos y la necesidad de superar la pobreza extrema.
