Este siglo es el del conocimiento y los avances científicos. Quedó atrás una época en la que la producción de bienes y la acumulación de capital estaban basadas en los recursos
naturales, e ingresamos a otra, en la que el conocimiento es el pilar del nuevo capital de las naciones. Por esta razón, es preocupante constatar que estamos perdiendo el tren educativo del siglo XXI, cuando vemos lo que está ocurriendo no solo en el mundo sino también en América Latina.
Estuvo en lo cierto The Economist, haciendo referencia al nivel educativo, cuando afirmó: “La fortaleza de una sociedad depende principalmente de lo que está en la cabeza de las personas. Por esta razón, Japón y
Alemania pudieron recuperarse rápidamente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que sus ciudades estaban reducidas a cenizas”. El valor económico del denominado “capital humano” es hoy cuatro veces mayor al capital físico, según las evidencias presentadas por el Banco Mundial.
Nuestro sistema escolar, sin embargo, enfrenta serios problemas, como el bajo nivel de conocimientos de los alumnos, y las grandes diferencias vinculadas con los niveles socioeconómicos de sus familias. Mientras el nivel de conocimientos de los alumnos dependa del dinero que tengan sus padres, nos alejaremos cada vez más de un país con justicia social y crecimiento económico sostenido. Un buen sistema escolar, por el contrario, asegura elevados niveles de conocimientos a sus alumnos, pero además, apunta a eliminar las desigualdades dependientes del nivel socioeconómico de sus familias.
Abatir la pobreza y la exclusión social requiere una educación que haga equitativa la distribución del capital humano, ya que hoy muchos de nuestros pobres se encuentran “excluidos”. Fueron expulsados de la fuerza laboral, no tienen un empleo productivo y difícilmente lo tengan, aunque la demanda laboral crezca. Cuando la pobreza es coyuntural, sí se pueden encontrar soluciones de corto plazo con planes sociales. Pero cuando es estructural, como la que padecemos, son necesarias otras líneas de acción que apunten directamente a la raíz del flagelo.
Es verdad que existen buenas intenciones. Por eso, sancionamos leyes y comprometemos metas con la esperanza de que nuestros niños reciban más y mejor educación. Pero lo cierto es que ni podemos siquiera cumplir el calendario escolar legal, con los mínimos 180 días de clases que indica la ley. Además, estamos muy lejos de cumplir con la meta fijada para la universalización de la jornada escolar extendida, y nuestra graduación secundaria no solo es escasa sino también muy desigual.
Debemos comenzar por el cumplimiento de las leyes. En 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional, que estableció la obligatoriedad de la escuela secundaria, mandato legal que estamos incumpliendo. Sin una escuela secundaria para todos, la justicia social no existe. Hay que comenzar por lo más simple y elemental: cumplir íntegramente el calendario escolar y no dejar la escuela sin docentes en las aulas. Las leyes educativas son claras y no dejan lugar a dudas. Es hora de entender que incumplirlas es un pasaporte a la pobreza y la exclusión social. Esperemos que en la campaña electoral se presenten propuestas concretas para defender el futuro de nuestros niños.
* Director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano y miembro de la Academia Nacional de Educación.
