El embajador de Chile en Ginebra, Frank Tressler, manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su “especial preocupación por los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas” en Venezuela, marcando así las primeras declaraciones del nuevo gobierno presidido por Gabriel Boric, sobre la situación en el país donde impera la Revolución Bolivariana.
“El Estado venezolano no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos. Las violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos persisten y la situación humanitaria es preocupante”, subrayó el diplomático.
“Estas condiciones han significado para Chile y otros países de la región una masiva y continua llegada de migrantes venezolanos que buscan mejores condiciones de vida. La solución a la crisis democrática y humanitaria... debe provenir de los propios venezolanos a través de mecanismos pacíficos y negociados, en especial los esfuerzos que está realizando la sociedad civil a través del Foro Cívico como articulador entre el gobierno y la oposición”, recomendó el embajador chileno.
Estas declaraciones nutrieron los debates de las “actualizaciones orales” de los informes de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, y de la “Misión Internacional de Determinación de los Hechos”, el único órgano hasta hoy constituido por este Consejo para investigar a un país latinoamericano. Las deliberaciones sucedieron en presencia de cinco ONGs venezolanas. El “gobierno chavista”, rechazó en bloque las acusaciones, sin responder específicamente a las denuncias ventiladas en Ginebra.
Estas dan cuenta de unos seis mil mártires inmolados desde 2017. Integran 3034 asesinados en 2020, la mayoría de ellos por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a consecuencia de la “limpieza social”, y “resistencias a la autoridad”. Dicha cantidad descendió en 2021 a otras 1414 muertes, que incluye la eliminación de 347 jóvenes de barrios pobres ejecutados por el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas) y 426 homicidios cometidos por policías estatales.
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Al discurso de Chile se sumó el de Argentina, que reiteró su “preocupación por la persistencia de detenidos políticos”. Reclamó “que se conduzcan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones de los derechos humanos, se lleve a los perpetradores ante la justicia y se garantice una reparación adecuada a las víctimas”, en el marco “de un dialogo político inclusivo basado en los derechos humanos”.
Ecuador coincidió en criticar “la persecución por motivos políticos” y le pidió a Venezuela “medidas concretas para combatir la impunidad” y “la rendición de cuentas de los responsables” mediante “un sistema de justicia independiente e imparcial”. Al tiempo, Paraguay solicitó “una investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre la causa de la muerte del General Raúl Baduel, en cumplimiento con el deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad”.
La antes citada “Misión Internacional de Determinación de los Hechos” la integran los expertos independientes Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox Vial (Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina). Advirtieron que tienen “documentada” la “muerte en custodia” del General Baduel. Precisaron que su hijo, “Josnars Adolfo Baduel Oyoque, permanece detenido en El Helicoide del SEBIN y se encuentra en mal estado de salud”, quien “requiere atención médica inmediata”.
En ese centro de detención de “El Helicoide”, la Misión mandatada por la ONU para investigar a Venezuela desde el 2014, resaltó las situaciones de Javier Tarazona, director de la ONG “Fundaredes” detenido en julio de 2021, acusado de “terrorismo e incitación al odio”, sometido a “tortura psicológica o blanca”, suerte de aislamiento ilimitado en condiciones infrahumanas, y la del periodista Roland Carreño, objeto de un procedimiento con “irregularidades”.
Los expertos revelaron lo ocurrido con dos funcionarios de seguridad, “condenados por el homicidio culposo de Fernando Albán en 2018” a “5 años y 10 meses de prisión”, los cuales en 2022 vieron reducidas las penas “a dos años y ocho meses”, quedando finalmente en libertad. Otra pena a 30 años de cárcel contra los dos victimarios del capitán Rafael Acosta Arévalo, anuló una anterior que omitiera los cargos de tortura. En los dos procesos los familiares no pudieron intervenir en los juicios.
La Misión prometió un próximo informe en septiembre del 2022, “ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando”, lo que conecta con las diligencias paralelas que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, regida por el Estatuto de Roma que se ocupa de crímenes de lesa humanidad y genocidio, firmado por Venezuela en 1998 y ratificado el 2000, durante la Presidencia de Hugo Chávez.
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En noviembre de 2021 el fiscal de la CPI, Karim Khan, visitó Caracas y suscribió con el Presidente Nicolás Maduro, un “Memorandun de entendimiento”. Fue la conclusión de la denuncia presentada a la CPI en 2018 por 5 Presidentes latinoamericanos (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) más Canadá, respecto a los crímenes perpetrados en Venezuela, generando diligencias que buscan establecer las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado.
El fiscal Khan ha comunicado las pruebas que dispone a las autoridades venezolanas, mantenidas todavía en secreto. Tiene previsto volver a Caracas el mes próximo, para encarrillar la fase de investigación que ha sido abierta y que se encuentra bajo competencia de la Sala de Asuntos Preliminares I de la CPI, compuesta por tres magistrados: Peter Kovács (Hungria), Reine Alapini- Ganson (Benin) y Socorro Flores Liera (México), que podrán desembocar en audiencias publicas, convocar testigos y pedir capturas internacionales.
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