La Policía Federal deflagró un operativo en la casa del ex presidente Jair Bolsonaro en Angra dos Reis, donde tiene una residencia de veraneo. Allí, los agentes le dieron 24 horas para que entregue el pasaporte y secuestraron el celular de uno de sus asesores, Tercio Arnaud Thomaz, que se encontraba con él. La razón de semejante acción, descripta con grandes títulos en los portales de los diarios brasileños, es la sospecha de participación directa del ex mandatario en la tentativa de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando recién había asumido Lula da Silva. Quién autorizó esta “barrida” policial fue nada menos que el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.
La retención del pasaporte es para evitar que, en caso de orden de prisión, el ex gobernante se refugie en el exterior. Bolsonaro declaró al site UOL, de Folha de Sao Paulo, que “salí hace más de un año del gobierno y estoy sufriendo una persecución implacable”.
En simultáneo, otros grupo policiales fueron a las residencias de tres generales que actuaron en el gobierno bolsonarista: nada menos que Augusto Heleno, ex ministro de Seguridad; el general Braga Netto, ex ministro jefe de la Casa Civil y el ex comandante del Ejército, Paulo Sergio Nogueira.
La causa judicial para semejante operación es la del golpe del 8 de enero del año pasado, cuando bandadas de bolsonaristas invadieron Brasilia y atacaron los palacios del Planalto (la casa de gobierno), del Conrgreso y de la Justicia. La consigna era lograr la destitución de Lula y la vuelta al Poder de Jair Bolsonaro.
Las investigaciones de la Policía Federal, según la prensa brasileña, concluyó que para llevar a buen término aquel proyecto de destituir a Lula da Silva, el núcleo golpista debía comenzar antes con la divulgación del supuesto fraude en las elecciones presidenciales de octubre de 2022, que fue lo que ocurrió. “Y de esta manera, legitimar una intervención militar”.