Las desapariciones que sufren los migrantes en la ruta hacia Estados Unidos desde América Latina, para huir de la miseria hacia una vida mejor, preocupa al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU por la «vulnerabilidad de las personas migrantes, en particular, aquellas en situación irregular, agravadas por las políticas migratorias con un enfoque de seguridad», indican las recomendaciones formuladas a México publicadas en Ginebra.
Integrado por 10 Expertos Independientes elegidos por el voto secreto de los 72 Estados que han ratificado la Convención en la materia, según una repartición pactada por regiones, este Comité lamenta que Mexico «no tenga en cuenta las diferencias entre migrantes y refugiados ni los riesgos a los que se enfrentan». Unas 330.000 personas han abandonado sus país de origen en 2023, atravesando la «Selva del Darien», entre Colombia y Panamá, una zona infectada de paramilitares, flujo migratorio que atraviesa Mexico e intenta acceder a los Estados Unidos.
La ONU estima que las autoridades de México disponen de «limitada información», y les «falta capacitación» para «la búsqueda de» migrantes «desaparecidos y no localizados». Carecen de «lineamientos generales para la expedición de visas», frente a «las dificultades a las que se enfrentan familiares de» esos migrantes, en conocer lo sucedido, obtener «investigación y acceso a la justicia», respetando «salvaguardas para personas solicitantes de refugio y refugiadas».
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Los Expertos encargan a México elaborar «lineamientos generales para la expedición de visas, y asegurar su efectiva implementación». Reclaman facilitar su «obtención», debiendo ser de carácter humanitario y «gratuitas para los familiares de personas migrantes desaparecidas en México». Las mismas deberían beneficiarse de una «exención de pago». Según gestiones en curso, el gobierno estaría «gestionando» hacerlo, frente a «la vulnerabilidad» de los migrantes … en particular aquellos en situación irregular», en el marco del aludido »enfoque de seguridad».
Al tiempo, recordando que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México desde el 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023, «reporta 111.540» víctimas, y que el fenómeno no cesa de agravarse, «a un promedio de 400» desapariciones mensuales, el Comité consigna también «que «53.347 cuerpos y/o restos humanos almacenados en anfiteatros y laboratorios y centros de resguardo forense no se identificó durante el año 2022».
«El elevado número y aumento de la cantidad» de esos «cuerpos y restos humanos recibidos por los servicios medico-forenses y la incapacidad de estos servicios para su debida identificación y resguardo», inquieta a los 10 Expertos, 3 de los cuales son sudamericanos. Les preocupa que «la Fiscalía de la República no haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y que no se cuente con el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas».
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La ONU constata en consecuencia que México sufre «la ausencia de una política pública articulada en materia de resguardo institucional de personas fallecidas». Adolece ademas de una «insuficiente infraestructura, equipamiento, presupuesto y recursos humanos especializados de los servicios medico-forenses». Ello se agrava «por información recibida sobre la existencia de algunas» de las 32 «entidades federativas» (estados de la Unión), que efectúan «procedimientos forenses contrarios a los estándares internacionales sobre exhumación, recuperación, custodia, identificación, notificación y entrega de los cuerpos y restos».
Por tanto, el Comité insta a México a resolver esa «crisis forense». Le encomia «fortalecer la expansión de la capacidad de los servicios … de identificación humana y resguardo, y garantizar que toda persona fallecida sin identificar sea inhumada en fosas individuales con información detallada y registrada en una base de datos operativa». Y lo exhorta a crear los instrumentos faltantes antes consignados, y corregir practicas no conformes a las normas internacionales.
A su vez, le reclama «una política pública en materia de resguardo institucional que tenga en cuenta la información de los panteones municipales (cementerios) y de las inhumaciones efectuadas en las fosas comunes ubicadas en dichos panteones, así como asegurar la puesta con marcha de centros de resguardo temporal en todas las entidades federativas». Todo ello con el financiamiento, recursos humanos, técnicos, materiales, registros digitales, mecanismos de coordinación interinstitucional sistemática y de rendición de cuentas efectivos.
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Con todo, perdura la impresión que impera una falta de coordinación entre los 3 niveles de gobierno imperante en México (central, estatales y municipales), relativa a una hipótesis compartida de investigación de las desapariciones forzadas, donde los agentes del poder no disipan la sospecha que «tabican» información, en compartimentos estancos. Al tiempo, la regla de esperar 72 horas para iniciar un rastreo, cuando las primeras 24 horas son las más importantes para detectar el paradero de los desaparecidos, atenta contra los resultados.
Se propaga así una supuesta desidia, conjeturalmente atribuida a los responsables oficiales, que instala la presunción de una tacita complicidad, favoreciendo de facto a los victimarios. Esa opinable morosidad, obstaculiza el resplandecimiento de la verdad. El rol de del gobierno, otorgando a las «fuerzas militares» las prerrogativas para reprimir, aboliendo el control civil de la seguridad pública, no ayuda a disipar las dudas de permisividad para con un crimen continuado, combatido por una Convención de la ONU, cuya aprobación en 2006 fue promovida por México.
*Juan Gasparini, periodista argentino acreditado en la sede de las Naciones Unidas
