“La operación que la Policía Federal de Brasil llevó adelante contra el ex presidente Lula da Silva por la presunta participación en la red de corrupción en Petrobras marca el principio del fin del gobierno de Dilma Rousseff”, sostuvo ayer el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
El PSDB aprovechó el episodio para renovar su pedido de elecciones anticipadas y acusó a la presidenta Dilma Rousseff de haber sido reelegida en 2014 gracias a una “organización ilícita”, violando el proceso democrático brasileño.
Esperanzas. Varios líderes del PSDB respaldaron al juez Sergio Moro y las pruebas obtenidas, consideradas como “suficientes” para demostrar la culpabilidad de Lula y la vinculación con la actual presidenta Rousseff.
“¿No será el momento para que la presidenta, en un gesto de grandeza, pensando no en su partido sino en el país, renuncie a su mandato?”, se preguntó Neves, a quien Dilma derrotó por escaso margen en las elecciones de octubre de 2014.
Un día antes de que Lula da Silva fuera conducido “coercitivamente” a declarar, se conoció el contenido de las declaraciones del ex líder del PT en el Senado, Delcídio Amaral, que al acogerse a la figura de la delación premiada sostuvo que Lula y Dilma estaban al tanto de los desvíos de dinero en Petrobras.
El PSDB propuso ayer anexar las supuestas denuncias de Amaral a la solicitud para un juicio político contra Rousseff.
Por su parte, Marina Silva, ex petista que también compitió con Dilma en 2014, se mostró preocupada por el riesgo de violencia.
“No es hora de incitar los ánimos para la guerra, sino de instar con fuerza a nuestros más elevados propósitos, en la búsqueda de salidas para la grave crisis política, económica y social” que vive Brasil, sotuvo Silva, líder del partido Rede Sustentabilidad.
