El expresidente venezolano Nicolás Maduro solicitó formalmente a la Justicia de Estados Unidos que permita al Estado venezolano financiar su defensa legal en la causa por narcotráfico que se tramita en ese país. El planteo fue presentado ante la Corte federal de Manhattan y se da en el marco de las sanciones económicas que bloquean el uso de fondos estatales del régimen.
La solicitud fue formalizada por su abogado defensor, Barry J. Pollack, quien elevó un escrito de 17 fojas ante el juez federal Alvin K. Hellerstein. En el documento, el letrado sostiene que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impiden acceder a fondos necesarios para pagar honorarios legales, lo que -según la defensa- vulnera derechos constitucionales básicos.
El planteo se inscribe en la causa en la que Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y otros delitos federales. La defensa argumenta que la imposibilidad de usar recursos del Estado venezolano afecta el debido proceso y el derecho a contar con un abogado de libre elección.
Desde el gobierno y el sistema judicial estadounidense, en cambio, consideran que el pedido es improcedente. Señalan que Maduro no es reconocido como autoridad legítima y que la Constitución garantiza la defensa aun sin acceso a fondos bloqueados, mediante la asignación de un abogado de oficio.
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El argumento constitucional y el pedido para usar fondos venezolanos
La estrategia legal de Maduro está centrada en cuestionar las sanciones que bloquean los recursos del Estado venezolano. Pollack sostiene que el caso pone en juego la Quinta y la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, vinculadas al debido proceso y al derecho a una defensa adecuada.
En su presentación, el abogado afirma que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, carecen de fondos propios disponibles para afrontar los honorarios legales. En ese sentido, adjuntó declaraciones juradas en las que ambos alegan “incapacidad de pago” y manifiestan su disposición a presentar documentación financiera si la Corte lo solicita.
En la foja 4 del escrito, Pollack sostiene textualmente: “La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos”.
La defensa también incorporó las declaraciones juradas de ambos acusados, donde afirman no contar con recursos propios suficientes, y expresan su voluntad de aportar información financiera ante la Corte.
En la foja 11, Pollack profundiza su argumento constitucional y señala: “El gobierno no puede afirmar la ‘seguridad nacional’ o la ‘política exterior’ y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo”, y agrega que, aun en casos con información clasificada, el Estado debe garantizar el acceso a pruebas exculpatorias.
Para sostener su postura, cita precedentes judiciales como Brady v. Maryland y United States v. Giffen, y advierte que, si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debería desestimar la acusación.
El rechazo de Estados Unidos, las sanciones y la audiencia clave
La respuesta de Estados Unidos a los argumentos de la defensa fue directa. Los fiscales federales calificaron el pedido como “extraordinario” y solicitaron al juez que lo rechace. Afirmaron que no existen antecedentes de que la OFAC haya autorizado a un gobierno extranjero sancionado a pagar los honorarios legales de otra persona también sancionada.
Desde el punto de vista legal, sostienen que la Sexta Enmienda garantiza el derecho a un abogado, pero no obliga al Estado a habilitar fondos bloqueados para contratar defensores privados. En caso de ser necesario, el tribunal puede asignar un abogado de oficio que cumpla con los estándares constitucionales.
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En relación con la Quinta Enmienda, los fiscales remarcan que la defensa omite mencionar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que otorga a la Casa Blanca amplias facultades para regular o prohibir transacciones con gobiernos extranjeros por razones de seguridad nacional.
También recuerdan que la OFAC sí otorgó licencias para que Maduro y Flores accedan a fondos personales, pero rechazó de forma expresa permitir el uso de recursos discrecionales controlados por un gobierno sancionado. Según los fiscales, esa negativa no implica una violación al debido proceso.
En este contexto, el rol del juez federal Alvin K. Hellerstein será determinante. El magistrado convocó a una audiencia para el 26 de marzo, donde escuchará los argumentos de la defensa y deberá decidir si acepta o rechaza el planteo presentado por Barry J. Pollack.
RV/ff
