La ex ministra de Trabajo sostuvo que el DNU de Milei destruye un sistema solidario que protege las condiciones laborales del trabajador. "Me parece una aberración jurídica", criticó.
Kelly Olmos |
Cedoc
Kelly Olmos criticó la desregulación de las obras sociales y prepagas que implica el DNU del Gobierno, y señaló que dicha medida destruye la solidaridad, al permitir que quienes tienen mayor capacidad adquisitiva elijan sus prestadoras. Además, sostuvo que el DNU busca debilitar a los sindicatos, contribuyendo a una sociedad polarizada, beneficiando a quienes más tienen y perjudicando al resto. “No tengo problema en reconocer que el peronismo siempre ha bregado por un sistema más solidario”, indicó la dirigente del Partido Justicialista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)
Kelly Olmos fue ministra de Trabajo durante el gobierno de Alberto Fernández. Fue vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Anteriormente fue consejera nacional del Partido Justicialista y coordinadora de la Comisión de Financiamiento de los equipos técnicos del mismo partido.
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
¿Qué balance hace de lo que escuchó ayer? ¿Cuál es su primera impresión?
Bueno, es una primera impresión, porque esto tiene una densidad que exige un análisis mucho más profundo, pero está claro que el denominador que rige todo lo que se establece es el debilitamiento de la capacidad organizativa y de protección de los trabajadores. El establecimiento de una relación uno a uno entre la patronal y el trabajador, de manera que el trabajador solo pueda adherir a las imposiciones que se le formulan.
La forma de hacerlo a través de un DNU, ¿cómo le resultó?
Este DNU es, desde mi humilde punto de vista, absolutamente nulo, porque asume una dimensión que el Poder Ejecutivo no tiene. La capacidad legislativa del Poder Ejecutivo es una excepción, tiene que ser formulada por excepcionalidad. Acá lo que se hace es que el Ejecutivo legisla y da por eliminado un sistema legal muy amplio. Para mí es un exceso, absolutamente nulo.
No solo me refiero al tema estrictamente laboral, donde prácticamente deroga la Ley de Contrato de Trabajo, todo el sistema sobre el cual está planteado el sistema laboral argentino, el sistema de registración, el sistema de indemnización, todo, es de una vastedad que exige la intervención del Legislativo. Esto no puede ser legislado por el Ejecutivo.
Pero además, avanza en otros campos, como el del patrimonio del Estado, a través de las empresas públicas, definiendo que el Poder Ejecutivo deja sin efecto mayorías especiales que había establecido el Legislativo. A mí, sinceramente, me parece una aberración jurídica.
Alejandro Gomel: Hay una fuerte desregulación de lo que tiene que ver con obras sociales y prepagas. ¿Cómo impacta esto en el sistema?
Destruye la solidaridad. El concepto central de la obra social es la solidaridad entre los aportantes que tienen más capacidad adquisitiva y los que tienen menos capacidad adquisitiva. Si el que tiene más capacidad adquisitiva puede ir y adquirir directamente del mismo modo que hoy adhiere a la obra social una prepaga, claramente la obra social va a quedar solo para los trabajadores de menores recursos. Es decir, que se va a empobrecer esencialmente.
Cacerolazo frente al Congreso que comenzó a pocos minutos de la cadena nacional en la que el Presidente anunció el DNU.
Ya hoy hay un nivel de desregulación que la afecta, imagínate si además la desregulación, como acá está planteada, es total, cada cual elige la prestadora que considera más adecuada, entre privada y solidaria. Bueno, en la solidaria van a quedar solo los que tienen menos capacidad de aporte tienen. Es el vaciamiento y su restricción.
AG: En cuanto a las reformas que tienen que ver con lo laboral, ¿qué es lo que ve más grave de lo que se presentó hasta aquí?
Para mí lo grave es que debilita muchísimo los derechos del trabajador, y subestima el concepto de mala registración, es decir, si un empleador no registra, serían reducidos, a través de este decretazo, sanciones. De manera que prácticamente estar a la ley o estar fuera de la ley es una circunstancia de carácter secundario, y además acá el trabajador podría renunciar supuestamente libremente de los derechos que tiene y asumir una situación de menor nivel de derechos, lo cual hoy la legislación prohíbe, porque está claro que eso el trabajador no lo hace en ejercicio de su libertad, sino en ejercicio de una imposición patronal.
¿Puede ser que en este decreto lo que se busque, más que mejorar el sistema de las obras sociales, sea debilitar la potencia de los sindicatos dejándolos cargados de clínicas pero a lo mejor vacío de afiliados?
Sí. Yo creo que detrás de este DNU la concepción que existe es la de una sociedad absolutamente polarizada, donde el que tenga más capacidad económica va a tener mayor bienestar y al resto, la verdad, le va a tocar un destino de muchas privaciones. Se destruye todo sistema solidario que lo pueda asistir.
Desde ese punto de vista, si usted también lo quiere relacionar con el aspecto partidario, yo no tengo problema en reconocer que el peronismo siempre ha bregado por un sistema más solidario. Encontró en las prestaciones sociales un gran espacio de desarrollo. Hoy, los trabajadores agremiados tienen derechos de recreación, de vacaciones, de poder asistir a lugares de vacaciones y a hostelería que si tuviera que pagarlo individualmente no podría.
Desde ese punto de vista, también está lo del sistema de salud, que efectivamente, como usted señala, no nació en el origen del peronismo sino posteriormente. Es un sistema solidario que le da mucha fortaleza a las organizaciones gremiales y hace que la Argentina, en ese sentido, sea un ejemplo de fortalecimiento de las organizaciones gremiales frente a un mundo donde estas han vivido un debilitamiento y una fractura muy grande.
