En los últimos años, el trabajo de cuidado quedó en el centro de la escena pública. En parte gracias a la visibilización del problema social que conlleva su injusta distribución, pero también como consecuencia de la pandemia de covid-19 que puso en evidencia las desigualdades sociales y de género de la actual organización social del cuidado.
Que los trabajos de cuidado son en buena medida absorbidos por las familias y dentro de ellas por las mujeres, es una realidad que ya era evidente previo a la pandemia y que se ha agravado con ella. Distintos estudios publicados en el último año, tanto a nivel nacional como internacional, mostraron el impacto diferencial que tuvo la pandemia en términos de género y cómo se intensificaron los trabajos de cuidados. Fueron las mujeres las que se encargaron mayormente del cuidado de personas, de tareas domésticas y del apoyo escolar, profundizando las brechas de género y socioeconómicas.
Las mujeres a cargo de niñas/os menores de 12 años fueron las más afectadas por la caída de la actividad económica en 2020 en comparación a las mujeres sin hijas/os y aún más en comparación con los varones, independientemente de si tienen o no niñas/os a cargo.
El cuidado de las personas debe ser una responsabilidad social compartida que involucre acciones, prácticas y políticas de distintos actores: las familias, el Estado, las empresas, los sindicatos y las organizaciones comunitarias. Desde ELA y junto a Unicef hace años trabajamos en el tema, generando investigaciones y acciones de incidencia porque contar con una estrategia integral es fundamental para poder transformar las políticas de cuidado desde una perspectiva de género, niñez y con un enfoque de derechos.
El sector privado es un sector estratégico para movilizar la economía y promover la inserción laboral. Debe incorporar políticas de cuidado para ser también un espacio que brinde igualdad de oportunidades para el desarrollo de las mujeres trabajadoras.
Desde la iniciativa Empresas que Cuidan que coordinamos junto a Unicef se avanzó con la agenda de cuidados entre grandes empresas. Pero es necesario empezar a trabajar de cerca con las pymes, un sector clave para nuestro entramado productivo y social que presenta grandes desafíos, pero también enormes oportunidades en términos del acceso al derecho al cuidado, el bienestar social, la igualdad de género y el crecimiento económico.
La investigación Pymes que cuidan, que publicamos recientemente, permitió identificar cuatro grandes desafíos para poder avanzar con políticas de cuidado adecuadas para las pymes: los jurídicos, en tanto la Ley de Contrato de Trabajo mantiene un esquema limitado de licencias y servicios de cuidado que no responde a las necesidades actuales ni a la diversidad de conformaciones familiares; los económicos, en tanto las pymes están más expuestas a las crisis económicas y tienen menos espalda financiera para afrontar cambios estructurales que las grandes empresas; los culturales, porque sigue prevaleciendo una mirada marcadamente maternalista sobre la responsabilidad del cuidado; y por último, desafíos operativos debido a la falta de infraestructura adecuada para la incorporación de mujeres u otras identidades de género así como del acondicionamiento de espacios de alimentación o cuidado infantil.
A pesar de estos desafíos, las oportunidades y posibilidades de retorno para las pymes que acepten el desafío de avanzar en las políticas de cuidado son muy significativas. La evidencia muestra que invertir en políticas de cuidado como la creación y extensión de licencias para todo el personal sin importar su género, el otorgamiento de subsidios para compensar gastos de centros de cuidado o la creación de lactarios o espacios de alimentación, entre otras, tiene rendimientos positivos en múltiples aspectos. Mejora la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias, mejora el clima laboral, favorece la retención de talentos, baja los niveles de ausentismo y mejora los índices de productividad. Invertir en políticas de cuidado es positivo entonces para las personas que trabajan, para sus familias, para la inserción, permanencia y progreso de las mujeres en los espacios laborales y fortalecimiento de su autonomía y también para las empresas y el negocio. En definitiva, es bueno para nuestra economía y sociedad en su conjunto.
*Responsable del área de Políticas de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
