Claves para entender el fórum shopping y la falta de transparencia en la Justicia

El fórum shopping es hacer trampa. Básicamente es una maniobra en la cual se utilizan herramientas presuntamente legítimas del derecho judicial para elegir el momento, el lugar y el modo al iniciar un proceso judicial que busca conseguir que el “sorteo” resulte en un binomio juez-fiscal que beneficie a la estrategia de quien realiza la denuncia.

Entender los mecanismos de esos sorteos y las posibilidades de que el (o la) juez y el (o la) fiscal sean permeables a las necesidades de una u otra parte son la base del trazado de la estrategia. Y también, es un negocio para quienes tienen los contactos (la “rosca”) para lograrlo. Y, para el caso de que esa tensión sobre las reglas de juego fracase, siempre existe la posibilidad de debatir en la Cámara a qué juzgado le debería haber tocado.

Hace justo 24 años, el 9 de febrero de 2000, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la de la recordada “Mayoría Automática”, declaró inaplicable en el ámbito del Poder Judicial a la Ley de Ética Pública. El argumento, a ver si les suena, fue que podía afectarse la independencia consagrada en la Constitución Nacional.

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Básicamente, los supremos de aquel entonces dejaron abierta la puerta a la falta de controles y al “dejar hacer”, terreno fértil para la intensa minoría de jueces y fiscales ímprobos. Estos mismos personajes que sin pudor muestran su activismo contra opositores, implacables con sectores populares y muy condescendientes, hasta promiscuos, con los poderosos. El fórum shopping se basa precisamente en esa promiscuidad. Es su expresión más acabada. Esa opacidad se sustenta en la falta de reglas de juego transparentes, en que jueces y fiscales no deben hacer públicos los esquemas de relaciones e incompatibilidades.

No es una opinión de quien suscribe. Tanto a nivel local, como internacional, hay acuerdo sobre la necesidad de incorporar al sistema judicial al esquema de integridad que prevé la ley de ética pública. En 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó que la Argentina extienda la agenda de integridad al Poder Judicial para abordar los riesgos específicos que prevalecen allí. “Las políticas de integridad deben estar integradas en todo el gobierno, más allá del Ejecutivo”, concluyó el organismo del que forman parte 34 países que representan el 50% del PBI mundial. Y no fue el único: el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Interamericana contra la Corrupción advirtió sobre la falta de publicidad y control de las declaraciones juradas en el ámbito judicial, por ejemplo.

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En su libro “Fórum Shopping reloaded, claves para entender la manipulación judicial”, Pablo Slonimsqui detalla los “métodos para elegir (o evitar) jueces a piacere”. Uno de esos métodos es la “rifa de presentaciones”. El mecanismo desleal es harto conocido por todos y todas, incluso por quienes creen no
entender sobre los detalles del derecho judicial, aunque presumen que detrás de una noticia existe una operación. “Este método, se dijo, consiste en sortear reiteradamente la misma denuncia y ratificar sólo aquel trámite que recaiga en el tribunal deseado”. Se supone que la Oficina de Sorteos de la Cámara Federal trató de evitar esta práctica con un mecanismo para la presentación de escritos.

Sin embargo, cuando mucha gente denuncia lo mismo (muchas veces motivados por una denuncia realizada con bombos y platillos en los medios hegemónicos), lo que se esconde es una maniobra para que todo se lo quede quien mejor relación tenga con quien denuncia o con peor relación con quien es denunciado, o al revés. Hagan las combinaciones que consideren necesarias.

La necesidad de realizar la aclaración que procede a continuación demuestra el terrible estado de situación en este tema: más allá del sistema, existen magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, empleados y funcionarias que siguen considerando su trabajo como un servicio público y que todos los días lo ejercen con responsabilidad y compromiso. Estamos hablando de uno de los poderes del Estado, al que se asiste, casi siempre, por un conflicto (no necesariamente penal, puede ser patrimonial, laboral, una sucesión, etc.).

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“La falta de integridad judicial en el sector de la justicia —ya sea real o percibida— es una verdadera amenaza para la confianza en el Estado de derecho. Teniendo esto presente, estimular y mantener la integridad judicial es una obligación fundamental de la judicatura de todo el mundo y parte integrante del Programa Mundial de la UNODC para la Aplicación de la Declaración de Doha”. Deberíamos tomar nota de que la ONU plantea, nada menos, que la opacidad del servicio de administración de justicia atenta contra el Estado de derecho.

Los privilegios, algunos casi monárquicos, de casta, que brinda la justicia a quienes son obedientes del sistema de poder que allí existe resultan disciplinadores.

Los cargos vitalicios; las exenciones impositivas; los altísimos sueldos; las extensas licencias; la posibilidad de gozar de viajes a destinos paradisíacos regalados desinteresadamente por grupo económicos; los nulos requerimientos en relación con declaraciones juradas, registro de audiencias y regalos, entre otros, presionan silenciosamente, día a día, a quienes luego deben decidir el destino de un trámite judicial. O sos parte, o te quedás afuera. Y nadie, o pocos, se quieren quedar afuera. Claro, este esquema siempre resulta en beneficio de las grandes corporaciones, de los políticos corruptos (otra vez, la necesidad de aclarar que no todos son corruptos muestra el estado de situación), de quienes buscan apropiarse de nuestros recursos naturales, de quienes deciden hambrear deliberadamente a nuestro pueblo, de la represión y de la violencia institucional.

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El propio Papa Francisco instó a jueces y fiscales a pensarse como actores de la construcción de una comunidad con justicia social: “Recuerden siempre que cuando una justicia es realmente justa, esa justicia hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes. Ninguna sentencia puede ser justa, ni ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad, si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia”.

Este panorama que parece desolador sobre uno de los poderes del Estado -el cual además está legitimado para decidir sobre la libertad ambulatoria de las personas y su patrimonio- debe motivarnos a quienes pensamos al Estado y a sus poderes constitucionales como una herramienta para el cambio social, a
discutir en profundidad un proyecto político también para la justicia que busque hacerla lo más justa posible, tal como instó Francisco.

Para ello, no solamente tenemos como tarea plantear consignas seductoras y mecanismos que luego sirven para legitimar las injusticias de la justicia. No alcanzó y no va a alcanzar con ocupar algunos cargos vacantes o crear oficinas que expresen una sensibilidad distinta ante los problemas del pueblo. Si el diagnóstico es que el problema es el sistema, hay que repensar al sistema, no a quienes trabajan como engranajes de ese sistema.

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El Estado de derecho no es una cáscara vacía. Representa la necesidad de resolver los conflictos entre quienes ostentan distintos grados de poder de forma que equilibre esa asimetría y disminuya las vulnerabilidades. De lo contrario, no sería justa la justicia.

Finalmente, un óbiter. En los últimos cinco años han sido condenados media docena de jueces o fiscales por su vinculación con el narcotráfico, el crimen organizado, incluso como cabezas de una organización ilícita. Un número similar alcanza a magistrados que ya fueron destituidos y esperan ser juzgados. Casos como los de otrora poderosos hombres del Poder Judicial como Reynoso, Soto Dávila, Viaut, Melazo, Scapolán o Bento sólo pudieron ocurrir en un contexto de falta de control y rendición de cuentas.

Sólo en Santa Fe media docenas de fiscales ya fueron acusados por corrupción. La captura de Poder Judicial por parte de las mafias (reales) puede ser el final a cualquier idea de acabar con el crimen organizado. Mientras Bullrich y Petri se disfrazan con ropa de fajina y el presidente elije a qué casta combate hoy, las vidas de muchos argentinos y argentinas está en juego. Y no la ven.

Juárez Tavaees es doctor en derecho penal de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Master
en Leyes. Postdoctor en la Universidad de Frankfurt en Main. Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ex-Subprocurador-General de la República de Brasil. Ex-
miembro efectivo de las comisiones de reforma penal en Brasil. Profesor y exdecano universitario.

Gerardo Pisarello es político y jurista hispano-argentino, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Autor de obras como “Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración Borbónica”, Akal, 2021