Desde hace más de 100 años el 8 de marzo es un día en el que se conmemoran los derechos conquistados por las mujeres y la larga historia de luchas y sacrificios enfrentados para conseguirlos. Este año los feminismos en Argentina nos encontramos atravesando uno de los contextos más hostiles desde la vuelta a la democracia para intervenir en el debate público y, sobre todo, para hacerlo con libertad y sin violencias.
En diciembre de 2023 nuestro país cumplió 40 años de democracia a lo largo de los cuales logramos avances innegables para los derechos de las mujeres y las políticas que promueven la igualdad de género. El nuevo gobierno ha puesto en jaque muchos de estos avances, ha negado abiertamente la desigualdad estructural que afecta a mujeres y diversidades, y hasta prohibido la perspectiva de género en las instituciones estatales, violando abiertamente sus compromisos legales y constitucionales.
Este 8 de marzo marchamos para reclamar una adecuada atención de los déficits sobre los que el gobierno no quiere hablar, o peor, quiere negar. Porque hay un déficit del que sí habla (y mucho), el que indudablemente es su prioridad: el fiscal. No es mi intención desconocer el consenso existente sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal pero sí cuestionar los caminos que se han escogido para lograrlo.
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Tampoco es mi intención desconocer que el triunfo de las nuevas derechas se enmarca en un fenómeno regional y global que ha encontrado espacio en sociedades afectadas por crisis múltiples, sumadas a la incapacidad de diversas fuerzas políticas para responder a la magnitud de los problemas que aquejan a la población en su vida cotidiana y de hacer autocríticas profundas.
Los déficits sobre los que el gobierno no habla
Pero volvamos a los caminos escogidos por el gobierno para “resolver” el déficit fiscal: recortes en comedores y merenderos comunitarios, en jardines y espacios de primera infancia, y en programas de transferencias de ingresos –sumamente modestos– para mujeres y diversidades en situación de violencia; licuación del gasto en jubilaciones y programas sociales fundamentales para garantizar pisos mínimos de protección social como la AUH, la prestación Alimentar y la Moratoria Previsional. Todas políticas destinadas, en su gran mayoría, a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, las más pobres dentro de las pobres. Donde las mujeres, diversidades, infancias y juventudes son mayoría.
Como contracara, se siguen sosteniendo exenciones impositivas (o privilegios fiscales) a sectores sumamente concentrados de la economía que, además de ser muy caros para el Estado, no cuentan con evidencias sobre su necesidad.
Tal es el caso del régimen de beneficios para la economía del conocimiento –gran parte del cual se concentra en apenas 4 empresas entre las que se encuentra MercadoLibre– cuyo costo casi triplica lo que el Estado debería destinar a infraestructura del cuidado.
O el caso del régimen diferencial para Tierra del Fuego, cuyo costo fiscal es equivalente al presupuesto de la prestación Alimentar y se ha evidenciado que no incentiva la agregación de valor ni genera exportaciones.
O los beneficios a la minería que favorecen a algunas pocas empresas que ya son extraordinariamente rentables y cuyo costo casi duplica la inversión en fortalecimiento edilicio de jardines. Entre otros tantos privilegios que se sostienen sin revisión y dentro de cuyos beneficiarios son mayoría los varones de altos ingresos.
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Con estas paradojas sobre la mesa, cuesta no advertir una doble vara a la hora de determinar si hay o no hay plata y a quiénes aplica esta consigna, lo selectivo del ajuste. Pero pasemos a los otros déficits, por los que marchamos este 8 de marzo, que son estructurales e históricos, verdaderas deudas de nuestra democracia que cobran más vigencia que nunca en este contexto, por su inevitable agravamiento.
Las estadísticas demuestran que son las mujeres las más afectadas por la pobreza: dentro del decil más pobre, 6 de cada 10 personas son mujeres (INDEC, Tercer trimestre 2023); el 13% de los hogares están a cargo de una sola persona sin cónyuge y de estos hogares el 79% son monomarentales, es decir que están a cargo de una mujer. Estos hogares se ven especialmente atravesados por la pobreza, 7 de cada 10 se encuentran situados en los dos quintiles más bajos de ingresos (INDEC, 2023).
Además, las mujeres asumen de forma desproporcionada las tareas indispensables para la sostenibilidad de la vida (7 de cada 10 personas adultas que trabajan y tienen a cargo las tareas del hogar son mujeres).
Esta desigualdad sumada al déficit de servicios públicos para atender el cuidado de niñas y niños, de personas mayores y de apoyos para la asistencia de personas con discapacidad impacta de manera negativa en las situación socioeconómica de las mujeres y se refleja en su menor participación en el empleo (sólo el 74,6% participa económicamente, contra el 95,4% en el caso de los varones, y el porcentaje cae al 67,4% cuando tienen un hijo/a y al 62,5% cuando tienen 2 o más), salarios más bajos (ganan en promedio 21,1% menos que los varones) mayor subocupación horaria, mayor informalidad laboral y mayor endeudamiento para cubrir gastos del hogar.
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Por otra parte, los datos de enero de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) muestran que la violencia doméstica sigue siendo una problemática que requiere atención urgente.
Durante enero, la OVD atendió a 1631 personas (un promedio de 34 por día o 1,4 por hora): 1237 fueron afectadas por violencia doméstica. De ellas, el 47% eran mujeres jóvenes y adultas; el 37% niñas, niños y adolescentes, y el 7% personas mayores.
En 2023, hubo 334 femicidios, 1 cada 26 horas. 416 niños/as se quedaron sin madre y más de la mitad son menores de edad.
Es evidente que las desigualdades de género son una realidad y que afectan a las mujeres en todos los aspectos de sus vidas. Para revertirlas se requiere un Estado presente, eficiente y transparente. Un Estado que las reconozca, que sostenga los avances logrados y mejore las políticas existentes. No uno que retroceda.
Si se profundizan las políticas selectivas de austeridad y el retraimiento del Estado en la prestación de servicios públicos básicos y de programas sociales fundamentales para que los sectores de menores ingresos puedan enfrentar la crisis, es indudable que empeorarán las situaciones estructurales de desigualdad y violencias que afectan a las mujeres en toda su diversidad.
Organismos internacionales ya han advertido con extrema preocupación los retrocesos institucionales de este gobierno en materia de género y los ataques que se han efectuado a las mujeres en sus intervenciones públicas. Y lo volverán a hacer si se sostiene la crueldad.
Este 8 de marzo continuaremos apostando a consolidar un movimiento de mujeres plural, diverso e intergeneracional. Tomaremos impulso y seguiremos construyendo lazos de manera colectiva para avanzar hacia una sociedad más justa y menos cruel, hacia la sociedad sin desigualdades estructurales que tanto anhelamos.
*responsable del área jurídica de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
