La información sobre las nuevas canastas de pobreza e indigencia, que consagran la existencia de 19 millones de pobres y casi 5 millones que no cubren las urgencias alimentarias, deja varias conclusiones de carácter general.
La canasta de pobreza ascendió a 47.000 pesos en setiembre 2020. Su aumento anual resultó del 40%, bastante más del 28% que el gobierno dispuso para el salario mínimo. Y también superior a la mayoría de los acuerdos paritarios.
La canasta mencionada se indica para la familia “propietaria” de cuatro integrantes. Con este eufemismo “-propietarios”-, se alude a que esa cifra no tiene en cuenta el alquiler -va de suyo que el gasto de vivienda elevaría la línea de pobreza a cerca de los 70.000 pesos. Una verdadera canasta familiar, sin embargo, debería incluir al conjunto de las necesidades que hacen a la reproducción material y moral de una familia –gastos de salud, formativos y también culturales o recreativos– y hoy no podría ser inferior a los 90.000 pesos. El sistema estadístico ha reemplazado al relevamiento de la canasta familiar real por la “canasta básica”, una sutil convalidación estadística de la política que lleva a los salarios al umbral de la pobreza.
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En efecto: si consideramos a la “pobre” canasta de 47.000 pesos y la comparamos con los salarios vigentes, tenemos que, según el propio INDEC, el 70% de la población ocupada percibe ingresos inferiores a los 40.000 pesos (Encuesta Permanente de Hogares, segundo trimestre de 2020). Esto significa que, en Argentina, más de las dos terceras partes de los que viven de un salario son pobres. Esta constatación debería servir para descartar definitivamente la tesis de que la pauperización es una cuestión acotada a la población "excluida" o desocupada. Por el contrario, la pobreza y la indigencia han penetrado en el núcleo duro de la clase trabajadora. Los empleadores capitalistas –y su Estado– pagan un salario que siquiera permite reponer las energías físicas y mentales desplegadas en el proceso de trabajo, ni qué decir de la propia reproducción de la familia obrera. Algunos economistas mediáticos han colocado su preocupación por una economía que hoy “no repone el capital consumido” en el proceso de producción. Nada dicen, sin embargo, sobre lo que ocurre con la clase productora de la riqueza social, cuyos ingresos no cubren el valor de su fuerza de trabajo. Ni qué decir de las consecuencias que sobre estas líneas de pobreza e indigencia acarrearía una megadevaluación, fogoneada por esos mismos "especialistas".
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Justamente por lo anterior, los datos de pobreza e indigencia proyectan un veredicto inapelable sobre otra cuestión de estricta actualidad, que es la gestión oficial de la pandemia. El escuálido IFE de 10.000$ por bimestre ha representado sólo el 25% de los gastos “pandémicos” del Estado. El resto ha sido destinado a subsidios directos e indirectos al capital. Por boca del propio gobierno, sabemos que una parte de esos recursos han financiado la compra de dólares baratos para la cancelación de deudas corporativas, por parte de las mismas empresas que habían sido subsidiadas. La administración de la pandemia, por lo tanto, ha significado una fabulosa transferencia de riqueza social de la clase trabajadora en favor del capital –bancario, comercial, industrial– articulada desde el propio Estado. La organización política y social de la Argentina no dejó, en estos meses dramáticos, de facilitar la acumulación de capital. En cambio, profundizó el abismo que separa a la fuerza laboral de sus necesidades más elementales. Pero el virus no se yergue sobre el capital fijo o los títulos, es una amenaza sobre la humanidad y, por lo tanto, sobre la mayoría que vive de su trabajo. Los datos que se acaban de publicar demuestran que esa mayoría no ha sido preservada. En medio de la escalada de las líneas de indigencia y la pobreza, la política oficial apuntaló a la “línea de riqueza”.
La estadística es imperfecta, y, hasta cierto punto, encubridora. Pero no deja de mostrar la mayor de las pobrezas, la de un régimen político y social articulado en función del rescate al capital.
* Economista. Docente Universitario UBA y UNQ. Partido Obrero (Tendencia).
