La singularidad es lo que caracteriza la inserción argentina en el mundo dando paso a un alto grado de dependencia del Estado entre los grupos que lograron con éxito conformar una coalición social mayoritaria.
Los intereses arraigados en distintos nichos productivos encuentran a un Estado con escaso margen de maniobra a la hora de trazar una visión común que vele por el bienestar mancomunado de cada uno de los miembros de una Nación. Así, la puja constante en torno a la concentración y apropiación de la renta ha configurado un escenario de amaniatamiento dirigencial, acentuado por la ausencia de liderazgo político del Ejecutivo de turno.
Campo versus industria. Esa antítesis histórica y su consecuente despliegue de resultados nos obliga como país a trabajar en pos de una nueva síntesis alejada de la grieta, de las divisiones y hendiduras permanentes, a desarrollar fronteras porosas con vasos comunicantes desechando la inconexidad y el agiotismo ligado a la especulación personalista.
El modelo agroexportador de 1880-1930 generó un nuevo patrón económico basado en la exportación de carnes y granos producidos a partir de la explotación extensiva de la tierra que necesitó de capitales externos para inversiones y la incorporación de mano de obra inmigrante. Expansión de la frontera agrícola, desarrollo del sistema ferroviario y la llegada masiva de inmigrantes permite la puesta en marcha productiva de un recurso ocioso clave: extensas hectáreas de tierra.
El crecimiento económico no resultó coherente con un desarrollo social armónico puertas adentro de nuestro país. El Estado argentino colonizado por los intereses de los sectores agroexportadores asistía inerte a la batalla por la puja redistributiva caracterizada por los bloqueos mutuos entre quienes bregaban por un dólar alto y los defensores de uno barato (trabajadores y consumidores). La crisis de 1929 y la posguerra dieron paso a un nuevo modelo de crecimiento económico: la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) con eje en el desarrollo de industrias locales a través de mecanismos de política económica que permitan la expansión del aparato industrial como incentivos fiscales, créditos y protección comercial. La naciente industria manufacturera transita por un esquema de protección donde el excedente generado por el sector primario a través de la exportación financia a la industria reactivando el consumo interno.
“Vender todo lo posible y comprar lo necesario” encuentra sus antecedentes históricos en el mercantilismo europeo de los siglos XVI y XVII. La tarifa aduanera del ministro Jean-Baptiste Colbert durante el gobierno de Luis XIV en Francia favoreció la acumulación de reservas metálicas. Balanza comercial favorable con exceso de exportaciones sobre importaciones y rigurosa protección de la producción local son las llaves principales del éxito de la política mercantilista.
El desarrollismo de los años 60 gestó un nuevo entramado socio-económico que abrió paso a la proliferación de nuevos sectores industriales nacionales especialmente pequeñas y medianas empresas, baja dependencia de mercados externos, aumento de la tasa de empleo y con ello de participación de los asalariados en la población económicamente activa (PEA).
Paulatinamente, la apertura al mercado externo colisionaría con los intereses nacionales. La corriente de liberalización con la consecuente llegada masiva de capitales extranjeros asfixia a la producción local convirtiendo en trunco al anhelo de crecimiento de la industria nacional.
Sentimientos encontrados: rencor y temor
La dinámica de crecimiento del sector industrial va a requerir de mayores niveles de importación de productos desde insumos a maquinarias lo que conlleva a un déficit en la balanza de pagos. Revertir los desequilibrios implicó apostar por la devaluación de la moneda alentando la recesión y creando las condiciones favorables para reeditar el auge agroexportador.
El sueño de una Argentina industrial una vez más hoy es dejado a un lado. Inducir a la creación de nuevas industrias ha sido y debe ser una prioridad política para cualquier gobierno independientemente del color partidario.
El péndulo histórico hoy reclama de una gobierno activo articulador de grandes acuerdos con base en una alianza de clases sociales que permita el desarrollo de políticas industriales en torno a una matriz económica diversificada.
Como sociedad nos debemos un aprendizaje de las experiencias recorridas. Los acuerdos de Bretton Woods con créditos del FMI y Banco Mundial (1956) hablan del embargo de una Nación entera cuya fibra más intima es la soberanía económica. Su naturaleza contempla programas de ajuste en pos de financiar dificultades del balance de pagos de los países miembros que procuran restablecer el equilibrio externo y recurren al mismo tiempo a otras fuentes de financiamiento internacional. Entre las líneas del FMI se resalta la injerencia en política monetaria, externa, fiscal y estructural, todo ello en pos de alcanzar “la estabilización económica y sentar las bases para el crecimiento autosostenido”.
Los desequilibrios en el balance de pagos encuentran en el FMI un único diagnóstico: exceso de expansión monetaria y déficit fiscal. Negociar con esta línea de créditos conlleva sacrificios que desde el punto inicial empeoran la situación del solicitante. No promueven el crecimiento ni mucho menos el desarrollo interno, no controlan la inflación. Su objetivo únicamente es proveer financiamiento de corto plazo para enfrentar problemas transitorios de balance de pagos. Los programas del FMI arrojan recesión, devaluación de la moneda doméstica y caída del salario real, fagocitando la capacidad adquisitiva de manera alarmante. Hablar de soluciones económicas a largo plazo con el FMI es una utopía. “No va bien con los gobernantes la mentira” (Proverbios 17:7)
Ya lo transitamos en 1956, ahora lo reeditamos. ¿Aprendimos algo de nuestra historia?
GRETEL LEDO
Analista Política. Magíster en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Università di Bologna). Abogada, Politóloga y Socióloga (UBA).
Twitter: @GretelLedo
JPA/MC
