Durante 2025, la sociedad argentina quedó atravesada por hechos policiales de alto impacto. Crímenes violentos, muertes que abrieron debates sociales profundos y desapariciones que todavía no tienen respuestas pusieron en tensión al sistema judicial, a las fuerzas de seguridad y -en algunos casos- a la dirigencia política.
Desde femicidios y masacres familiares hasta delitos vinculados al narcotráfico, estos episodios no solo generaron conmoción en la opinión pública, sino que también dejaron preguntas abiertas sobre la seguridad, la salud mental y el accionar de la Justicia. A continuación, un repaso por los siete casos policiales más relevantes del año.
Cuádruple crimen de La Plata: condenaron al remisero y la vecina que acusaron al "Karateca" Martínez
El doble crimen de Paloma y Josué
El 30 de enero, Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, dos adolescentes de 16 y 14 años, respectivamente, salieron de sus casas en Florencio Varela y le dijeron a sus familias que iban a ir a entrenar al gimnasio. Se trató de una excusa, ya que ambos fueron a un descampado cercano, un escondite conocido por ambos donde solían juntarse.
Nadie supo más nada de ellos hasta que, dos días después, una persona que pasó por el lugar encontró sus cuerpos, en la zona ubicada a pocos metros del puente de Bosques y que está rodeada de pastizales, chatarra y algunos galpones.
Los jóvenes presentaban golpes en la cabeza, lo que indica que fueron asesinados con un objeto contundente, probablemente una piedra encontrada en la escena, según los informes forenses. La autopsia determinó que Paloma murió a causa de una “lesión cerebral”, mientras que Josué tuvo una “hemorragia cerebral”, ambas provocadas por “fractura de cráneo” y “traumatismo encéfalo craneal grave”.
Entre las familias de las víctimas surgieron distintas hipótesis. Para Aníbal Osorio, abogado de la madre de la adolescente, se trató de un ataque para robarlos, enmarcado en la inseguridad estructural que presenta esa zona, donde incluso otros testigos dijeron haber sufrido asaltos.
Omar Gallardo, pastor evangélico y padre de la chica, dijo que lo ocurrido fue un complot contra él y habló de un hecho vinculado al narcoterrorismo. El representante legal de los Salvatierra apunta a otros posibles móviles y considera que los cuerpos podrían haber sido plantados.
La causa está en manos del fiscal Darío Provisionato y fue caratulada como “homicidio agravado criminis causa”, es decir, un asesinato que se cometió para ocultar otro delito. A casi un año del hecho, todavía no hay una hipótesis definitiva ni detenidos, con un caso que sigue estancado a la espera de resultados de nuevos peritajes.
Robo, huida y muerte: el caso de Kim Gómez
El 25 de febrero en La Plata, Kim Gómez estaba sentada en el asiento de atrás del auto de su mamá, Florencia, cuando dos jóvenes, de 17 y 14 años, las cruzaron y sorprendieron para robarles. La mujer se bajó del Fiat Palio y los ladrones se subieron y aceleraron rápidamente, pero la niña de 7 años no llegó a salir completamente y quedó enganchada con el cinturón de seguridad.
Los delincuentes decidieron no detenerse y la arrastraron por el asfalto a lo largo de 15 cuadras, hasta que finalmente perdieron el control del vehículo y chocaron. Durante ese recorrido, Florencia corrió detrás del auto y le pidió ayuda a los vecinos. Toda la secuencia fue presenciada por varias personas que estaban en el lugar y quedó captada por cámaras de seguridad.
Kim sufrió lesiones gravísimas y fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde a las horas se confirmó su muerte. Los responsables fueron detenidos rápidamente, e incluso el joven de 17 años -que contaba con varios antecedentes- fue entregado a la Policía por su propio padre.
“No hay ningún sentido a tanto sufrimiento. No lo merecías. Te pido de tu luz para seguir peleando, quiero ser valiente como vos. Nunca me dejes, yo no lo voy a hacer. Te amo, Kim”, expresó Marcos Gómez, papá de la niña, que hace poco confirmó que realizarán un carpincho gigante -animal favorito de Kim- para homenajearla en la tradicional quema de muñecos en la Plata-.
La investigación arrojó que el ladrón de 17 conducía el auto, mientras que el otro participó en el robo, en medio de una causa que volvió a poner en agenda el debate por la baja de la edad de imputabilidad. La Justicia de Menores definió que el mayor de ellos vaya a juicio y que el de 14 continúe alojado en un instituto bajo medidas de seguridad.
La masacre de Villa Crespo
El caso de “La masacre de Villa Crespo” generó un impacto inmediato por el carácter intrafamiliar del crimen. El 21 de mayo, Laura Leguizamón, de 51 años, asesinó a puñaladas a su esposo, Bernardo Adrián Seltzer (53), y a sus hijos menores de edad, Ivo (12) e Ian (15), para finalmente quitarse la vida.
Aunque primero se creyó que Seltzer, un profesional respetado en el sector agroindustrial, había sido el autor del crimen, esa hipótesis pronto se revirtió: las pericias indicaron que el padre fue atacado mientras dormía, mientras que los chicos presentaban signos de defensa. Leguizamón fue hallada en el baño, con heridas en los brazos y una puñalada autoinfligida en el pecho.
Además, en el departamento ubicado en la calle Agüero se encontraron medicamentos psiquiátricos y una carta manuscrita con frases sueltas y confusas como "fue mucho", "les arruinábamos la vida" e “Íbamos a la calle”. Este dato reforzó aún más la teoría de que la mujer habría sufrido un brote psicótico e instaló la discusión en torno a la salud mental.
Sus vecinos y allegados los definieron como una familia normal, “sonriente y cariñosa”, por lo que se vieron impactados por lo sucedido. Una hermana de la mujer declaró que Leguizamón estaba bajo tratamiento, mientras que la empleada doméstica -que encontró los cuerpos- declaró ante los investigadores que “hacía unas semanas que estaba distinta” y que sospechó que “habría dejado de tomar la medicación”.
El crimen de Thiago Correa
Fueron 11 disparos en poco segundos. Facundo Daniel Aguilar Fajardo, un oficial ayudante de la Policía Federal de 21 años, disparó a cuatro ladrones que intentaron asaltarlo cuando estaba de civil con su madre esperando el colectivo, en La Matanza.
Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Thiago Correa, un niño de 7 años que estaba con su papá, a casi 200 metros de ese lugar. El pequeño quedó gravemente herido y lo trasladaron de urgencia al Hospital Balestrini, donde murió dos días después luego de permanecer internado en estado crítico.
Los cuatro implicados en el asalto fueron identificados: Brandon Corpus (18), Uriel Alexis Montenovo (21), Uriel Emanuel Leyva (21), y Joaquín López Otto. El primero recibió seis disparos y murió en el acto, el segundo fue baleado en la pierna y el tercero recibió un disparo en el abdomen y quedó internado en estado “crítico”.
El fiscal Diego Rulli, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, solicitó la detención del policía al considerar que actuó en exceso de la legítima defensa. Con el avance de la investigación, la carátula pasó de “homicidio doloso” a “homicidio culposo”, al entender que el agente no tuvo intención de matar al pequeño pero sí actuó con negligencia e imprudencia al disparar en una zona con muchos civiles.
El Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza resolvió liberar al policía y le impuso una serie de restricciones, por lo que llegaría a juicio en libertad. A inicios de diciembre, la defensa de Aguilar Fajardo solicitaron su sobreseimiento o que, de manera subsidiaria, si el caso es elevado a juicio que sea por “homicidio culposo”. Al mismo tiempo, al joven uniformado se le inició un sumario en la fuerza, por lo que “no está activo”.
De forma paralela, los tres delincuentes acusados de intentar robarle a Aguilar Fajardo aquel 4 de junio, fueron imputados por "robo agravado en poblado y en banda" y están detenidos de forma preventiva.
El triple crimen de Florencio Varela
El 19 de septiembre de este año Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, cuando una camioneta blanca las pasó a buscar. Les habían ofrecido 300 dólares a cada una para participar de una fiesta, y las llevaron hasta una casa en Villa Vatteone, Florencio Varela.
Nunca más regresaron a sus casas y sus familias denunciaron su desaparición, por lo que se desplegó un intenso operativo que logró detectar la última señal del celular de una de ellas, registrada en la vivienda ubicada en la calle El Chañar. Allí, encontraron sus cadáveres enterrados en un pozo en el patio y a dos adolescentes que limpiaban manchas de sangre en las paredes del lugar con lavandina.
Rápidamente se los detuvo, al igual que a otras dos personas señaladas como quienes alquilaron la vivienda y que se escondían en un hotel alojamiento cerca de la escena del triple crimen.
Las autopsias determinaron que las tres jóvenes fueron golpeadas y torturadas antes de ser asesinadas. Además, se descubrió que los responsables filmaron y transmitieron la masacre en una red social para que lo vieran integrantes de una banda narcocriminal, información que fue aportada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
La investigación arrojó que esta agrupación operaba en las villas porteñas conocidas como 1-11-14 (Bajo Flores) y Zavaleta (Barracas), con puntos de venta en diversas localidades del sur del Conurbano bonaerense. Los testimonios apuntaron contra un presunto líder llamado Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, como el autor intelectual del triple crimen -pero con el avance de los procedimientos se cree que no tendría un rol tan importante dentro de la organización-.
La causa comenzó a ser investigada por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, pero luego pasó al Juzgado Federal N°2 de Morón y está en manos de la fiscal federal Mariela Labozzetta. Aunque todavía no fue definido totalmente el móvil de los asesinatos, se cree que estaría vinculado al robo de una partida de droga que le pertenecía a la banda.
“Pequeño J” fue detenido en Perú, a la espera de ser extraditado. Además de él, se dictó la prisión preventiva para Víctor Sotacuro Lázaro, Matías Ozorio, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Iván Giménez, Florencia Ibáñez, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra; Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como "Señor J"; Mónica Débora Mujica y Jesús Mallón, conocido como “El Tío”.
Los asesinatos de Pablo Laurta: doble femicidio y crimen del remisero
El uruguayo Pablo Laura, empresario ligado al marketing digital y fundador del grupo antifeminista Varones Unidos, diseñó un plan criminal que terminó con tres muertes, y que tenía el fin de secuestrar a su hijo de 5 años. Se mantuvo en silencio ante la Justicia, pero cada vez que fue trasladado por la Policía dejó frases a la prensa en las que aseguró que lo hizo para “rescatar” al niño de una red de trata -ficticia-.
El 11 de octubre, Laura llegó a Córdoba y asesinó a balazos a su ex novia y madre de su hijo, Luna Giardina (24), y a la madre de ella, Mariel Zamudio (54), en su casa de Villa Serrana. Luego, se dio a la fuga con el menor hasta que fue detectado por las autoridades en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, en Entre Ríos.
Sin embargo, antes de llegar a Córdoba mató al remisero, Martín Sebastián Palacio, en la localidad entrerriana de Concordia. Según se despende del expediente, lo contrató para realizar un viaje pero, en realidad, su intención era quedarse con su auto para llegar a Córdoba sin ser detectado.
Durante los días siguientes, la Justicia de Entre Ríos lo imputó por el “homicidio criminis causa” de Palacio, mientras que la de Córdoba lo hizo por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. Quedó alojado en el penal de Cruz del Eje y los fiscales de ambas jurisdicciones ya solicitaron la elevación a juicio oral.
En 2024, Pablo Laurta ya había sido detenido después de pasar tres días escondido en el techo de la casa de Luna para espiarla, durmiendo detrás del tanque de agua. Fue imputado por violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad y estuvo 28 días preso. Meses antes, su ex lo había denunciado por violencia física, económica, psicológica y sexual, relatando años de maltrato y control, por lo que el hombre tenía una restricción de acercamiento.
La desaparición de una pareja de jubilados en Chubut
Alberto Pedro Kreder, de 79 años y Juana Inés Morales, de 69, se conocieron en agosto en una peña y comenzaron una historia de amor. Habían planificado una escapada romántica a Camarones por el 125º aniversario de la ciudad, y el 11 de octubre partieron desde Comodoro Rivadavia hacia esa localidad.
Sus familiares perdieron contacto con ellos y realizaron una denuncia por averiguación de paradero cuando no regresaron. Cinco días después, la camioneta Toyota Hilux de Kreder fue encontrada encajada en el barro en el área de Cañadón Visser y Rocas Coloradas, un terreno inhóspito, complejo y de difícil acceso. El vehículo tenía cierre centralizado y sus pertenencias estaban dentro, a excepción de sus celulares.
Se desplegó un intenso operativo con drones, perros rastreadores, camionetas 4x4 y patrullajes por aire y tierra, sin grandes novedades a pesar de algunos rastros hallados. La falta de indicios hizo que los investigadores tuvieron en cuenta diferentes teorías, desde un accidente hasta la posibilidad de que hayan sido víctimas de un intento de robo.
Las hijas de Kreder manifestaron que su padre es “muy cuidadoso” y jamás “habría arriesgado su vida ni la de Juana” manejando por un lugar peligroso, lo cual les pareció extraño. El camino más sencillo para ir desde Comodoro Rivadavia hasta Camarones es tomar la Ruta Nacional 3 y luego la ruta provincial 30. Pero la camioneta fue encontrada en una zona cercana a la ruta provincial 1, más complicada porque recorre de norte a sur la costa y no está completa, ya que se corta en el tramo Puerto Visser.
“De los hechos investigados se contemplan tres hipótesis posibles, ausencias voluntarias de las personas, ausencias y desapariciones a partir de un evento accidental y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual”, dice el comunicado que el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió al ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno para quienes aporten datos útiles que permitan lograr dar con su paradero.
FP / EM
