POLICIA
CASO AFA

Javier Faroni logró descartar un celular cuando lo demoraron en Aeroparque

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le impidió a Javier Faroni abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. En ese contexto, los investigadores sostienen que se habría deshecho de un teléfono celular que hasta el momento no fue localizado.

Javier Faroni
Javier Faroni | CEDOC

Durante la madrugada de este miércoles, Javier Faroni, vinculado a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, logró deshacerse de un teléfono celular en el aeroparque Jorge Newbery, dispositivo que hasta el momento no fue localizado, según informó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El episodio se produjo cuando personal de la PSA le impidió a Faroni abordar un vuelo privado con destino a Uruguay, país donde se encuentra su núcleo familiar.

La intervención de la fuerza de seguridad respondió a una restricción judicial que le prohibía salir del país, medida que había sido dictada por el juez federal Luis Armella y que fue dejada sin efecto algunas horas más tarde.

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Faroni está involucrado en una investigación judicial que analiza un presunto esquema de derivación de fondos de gran magnitud hacia el exterior, vinculado a la administración de recursos económicos de la AFA mediante cuentas bancarias radicadas en los Estados Unidos.

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La causa examina operaciones financieras por montos que ascienden a varias decenas de millones de dólares, envíos de dinero a sociedades sin actividad económica comprobable y un entramado de vínculos poco transparentes que habrían permitido canalizar ingresos del fútbol argentino fuera del país. El volumen total de los negocios bajo análisis se aproxima a los 300 millones de dólares.

El eje central de la operatoria investigada es TourProdEnter LLC, una compañía creada en agosto de 2021 en el estado de Florida por Erica Gillette, esposa de Faroni. A escasos meses de su constitución, la firma fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos internacionales, mediante un convenio avalado por el comité ejecutivo presidido por Tapia.

Ese acuerdo le asignó a la empresa la función de percibir y administrar ingresos provenientes de patrocinadores, derechos de televisación y partidos amistosos del seleccionado nacional. En ese esquema, TourProdEnter cobraba los fondos, efectuaba pagos, retenía una comisión del 30% y giraba los montos restantes a la AFA.

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Según documentación bancaria de carácter reservado incorporada al expediente, la sociedad de Faroni en Estados Unidos administró más de 260 millones de dólares en un lapso de cuatro años, a través de cuentas abiertas en distintas entidades financieras: Bank of America (146 millones de dólares), Synovus (72,4 millones), Citibank (41 millones) y JP Morgan.

Entre los principales aportantes aparecen compañías asociadas a la Selección Argentina, como Adidas, que transfirió 78,6 millones de dólares, además de Argentina Football Distribution (AFA Play) y Reporter Broadcasting Company.

No obstante, una porción significativa de ese flujo de fondos no tuvo como destino final a la casa madre del fútbol argentino. Los investigadores detectaron que al menos 42 millones de dólares fueron canalizados hacia cuatro sociedades constituidas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que carecen de personal, no registran actividad comercial declarada y presentan rasgos típicos de estructuras societarias sin operación real.

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Esos envíos forman parte de un circuito financiero de mayor alcance que, de acuerdo con la pesquisa, permitió movilizar más de 260 millones de dólares sin una trazabilidad precisa respecto del destino final del dinero ni de los beneficiarios últimos.

Otro actor relevante dentro de la operatoria fue Adcap Uruguay Agente de Valores, entidad que recibió cerca de 110 millones de dólares y que intervino como intermediaria en transacciones de bonos, con recorridos por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y la Argentina.

Desde Adcap admitieron su participación como agente financiero y señalaron que todas las operaciones se realizaron conforme a la normativa vigente y con respaldo documental. Además, aseguraron que los fondos eran posteriormente transferidos a cuentas de la AFA en bancos locales.

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Sin embargo, en los estados contables de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter aparece mencionada de forma secundaria, consignada como deudora, sin que se explicite el rol central que habría tenido en el esquema internacional de cobros y pagos.

Beneficiarios finales y estructuras societarias

Las sospechas se intensifican al indagar sobre las personas detrás de las sociedades receptoras de los fondos. La investigación sostiene que los beneficiarios serían individuos con domicilio en la ciudad de Bariloche, cuyos perfiles patrimoniales no resultan compatibles con la administración de sumas millonarias. Entre ellos figuran empleados de pequeños comercios, beneficiarios de planes sociales y personas con antecedentes de insolvencia y deudas relevantes.

En ese grupo aparecen Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC; Mariela Marisa Schmalz, asociada a Marmasch LLC; Verónica Inés López, relacionada con Velp LLC; y Roberto Salice, ligado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de maniobras fraudulentas.

A su vez, las direcciones declaradas en Miami por esas compañías corresponden a oficinas virtuales, y dos de ellas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., firma señalada en investigaciones internacionales por facilitar la creación de estructuras societarias opacas.

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En este contexto, la Justicia argentina llevó adelante este martes por la mañana allanamientos simultáneos en la vivienda de Faroni, ubicada en el barrio privado Yacht, en Nordelta, así como en la sede central de la AFA, en la calle Viamonte 1366, y en el predio que la entidad posee en Ezeiza.

Las medidas tuvieron como objetivo recolectar elementos probatorios que permitan vincular posibles maniobras de lavado de activos ejecutadas en la Argentina con circuitos financieros de alcance internacional, presuntamente articulados a partir de estructuras del fútbol profesional utilizadas como plataforma operativa.

Si bien Javier Faroni sostiene que la actuación de la empresa se desarrolló siempre dentro de los márgenes legales y que la operatoria respondió a las restricciones cambiarias vigentes en el país, para los fiscales la firma TourProdEnter constituye el núcleo del entramado bajo investigación, tanto por el volumen de fondos administrados como por la falta de claridad en parte de su circuito de transferencias.

NG