Lo dispuso la Cámara del Crímen porteña.
De qué los acusan.
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Cedoc
La Cámara del Crimen porteña dispuso hoy la detención de la ex plana mayor de la comisaría 49a. de la Policía Federal, procesada por "asociación ilícita" tras ser acusada de cobrar por la seguridad de comercios, proteger a ladrones de pequeños objetos en locales y exigir dinero para permitir la venta ambulante y el servicio de estacionamiento.
La medida fue dictada por la Sala VI de la Cámara, que procesó a nueve integrantes de la comisaría del barrio porteño de Saavedra (hoy en disponibilidad) y ordenó la "prisión preventiva" de todos ellos, entre quienes se encuentra el ex comisario. Siete de los nueve uniformados involucrados se presentaron esta tarde con sus respectivos abogados en la Superintendencia de Asuntos Internos, según informó a DyN la oficina de Prensa de la Policía Federal.
Los imputados "quedaron a disposición del juzgado interviniente", indicaron fuentes policiales, quienes agregaron que se esperaba de un momento a otro similar actitud de los dos uniformados restantes. La investigación se originó en la denuncia realizada por dos policías de la propia comisaría, quienes expusieron los hechos que ocurrían en la seccional y con los que estaban en desacuerdo. Las órdenes de detención comprenden al comisario José Antonio Carranza, a los subcomisarios Fernando Echagüe y Horacio Ponce, al sargento Luis Alberto González, al sargento retirado Jorge Andrés Altuna, al subinspector Gabriel Bellusci, al cabo primero Cristian Ochoa, al suboficial escribiente Carlos Alberto Marcos y al subinspector Cristian Pavón.
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Todos están imputados por los delitos de "asociación ilícita, cohecho y defraudación a la administración pública", figuras que contemplan penas máximas de hasta diez años de cárcel. Fuentes allegadas al caso dijeron que se esperaba que los acusados "se ajustaran a derecho", o sea que se pusieran a disposición de la Justicia, y advirtieron que en caso contrario, de ordenarse el uso de la fuerza pública, podrían ser arrestados por la Gendarmería. Tampoco se descartaba que los abogados de los implicados presentaran recursos para tratar de evitar, al menos momentáneamente, la concreción de la medida.
La Cámara, integrada por los jueces Alberto Seijas, Carlos González y Marcelo Lucini, hizo lugar a las apelaciones que había formulado el fiscal José María Campagnoli, tras una prolija investigación basada, entre otras pruebas, en cientos de horas de escuchas telefónicas.
Así, pudieron englobarse los distintos hechos bajo la denominación de "quintas", la protección policial brindada a comercios a cambio de una paga que no ingresaba a las arcas de la Policía Federal sino a la de los propios policías, y "habilitaciones", permisos para instalar puestos callejeros de ventas por fuera de las autorizaciones municipales a cambio de un canon que percibían los uniformados.
Entre las "habilitaciones" figuran el cobro de dinero "para autorizar a los taxistas a detenerse en la parada sita en el acceso al shopping Dot Baires" y el pago de dinero por parte de particulares "a cambio de permitirles cobrar estacionamiento a vehículos en un predio cercado en las inmediaciones" del mismo shopping.
Bajo la denominación "cortes de boleto", los jueces englobaron la protección que en al menos un caso recibió una "mechera" (mujer que hurta pequeños objetos de comercios) por parte de la policía. Así, consta en la causa la "liberación de zona y protección policial" que habría hecho una mechera "previo a concurrir al shopping Dot Baires", quien pactó con un policía "que si era descubierta éste evitaría que la detuvieran para cuya eventualidad el aludido efectivamente se constituyó en dicho centro comercial".
"A cambio de esa protección la referida habría entregado unos lentes ahumados que había sustraído para el comisario Carranza, previo a preguntarle acerca de los gustos de su jefe con relación a ese producto", explica la resolución. Finalmente, la resolución identifica las "paradas fantasma", una maniobra que consistía "en asentar en los registros de la seccional la prestación de un servicio de vigilancia general en un punto específico de su radio de acción bajo la modalidad de 'servicio prevencional', cuando en realidad ello no era así porque el personal en concreto estaba asignado a otras tareas".
Los camaristas sostuvieron, al ordenar las detenciones, que "la libertad de los imputados entorpece el curso de la investigación, comprometiendo la averiguación de la verdad, por lo que la imposición de esa medida cautelar resulta necesaria". Las detenciones quedaron a cargo del juez de primera instancia Carlos Bruniard, revelaron las fuentes.
