El cianuro podría pasar a ser un habitante más en la provincia de Mendoza. Es que el gobernador y posible candidato a vicepresidente por el kirchnerismo, Julio Cobos, vetó parcialmente la ley que suspende el otorgamiento de derechos mineros, de cateo, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto en el territorio de Mendoza.
La medida fue acompañada por la presentación en la Legislatura local de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo provincial "que reglamenta el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera", informaron fuentes oficiales.
Cobos calificó la nueva ley de "inconstitucional" y fundamentó la decisión de vetarla, en el hecho de que "incorpora disposiciones que son de competencia exclusiva del Congreso de la Nación".
En la explotación a cielo abierto, las mineras utilizan ácido sulfúrico o cianuro de sodio para obtener el mineral deseado en los denominados diques de cola -enormes lagunas donde se produce el proceso de lixiviación resguardadas por membranas plásticas o geomembranas que deberían impedir que los drenajes ácidos lleguen a las napas de agua-. Allí se riega el mineral con miles y miles de litros de agua, generalmente utilizados para otras actividades (agropecuaria, vitivinícola, etc...).
En varias provincias, Catamarca, San Juan, La Rioja y Santa Cruz, entre otras, los vecinos denunciaron la presión de las mineras, la división social que han producido, el saqueo económico -por ley las mineras pagan un tope de un 3 por ciento de regalías- la contaminación de la explotación a cielo abierto y el perjuicio económico de otras actividades sustentables debido a la falta de agua y energía como consecuencia de la actividad minera.
La ley, votada la semana anterior por la Cámara de Diputados, obliga al Poder Ejecutivo a "suspender el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto hasta tanto la Provincia tenga aprobado el Plan Ambiental de la ley 5.961".
Se dividen las aguas. En tanto, decenas de pobladores del sur mendocino y de otras zonas vinculadas con áreas mineras, se movilizaron este mediodía hasta la Legislatura para expresar pacíficamente, unos, su rechazo al veto y, otros, su apoyo a la decisión del gobernador Cobos.
Los voceros consultados precisaron que Cobos firmó anoche el decreto por el cual "vetó parcialmente la ley, confirmó el envío al Parlamento del proyecto de ley que reglamenta el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de todo proyecto vinculado con la actividad minera". En el proyecto, según las fuentes, "se pone énfasis en la participación municipal y la autoridad de aplicación única", dijeron los informantes.
Precisaron finalmente que, además, contempla "la audiencia pública y la participación de organismos especializados para arribar a una declaración que contemple los principios ambientales modernos previstos por las leyes marco en esta materia".
