El abogado de Milei y la pareja de Cerimedo: quiénes deciden los despidos y freezan las pensiones en la Agencia Nacional de Discapacidad
Diego Spagnuolo es un penalista y Natalia Basil una ingeniera química que trabaja en La Derecha Diario, que incursiona en el sector minero. Aunque el oficialismo insiste en que el funcionamiento del organismo no fue afectado, hay ciudades donde cerraron las oficinas.
Despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad |
Cedoc Perfil
En la Agencia Nacional de Discapacidad (AnDis) hubo dos olas de despidos. La última fue este miércoles 27, con la baja de 160 empleados. En total, ya quedaron afuera del organismo 323 personas. A pesar de que de manera oficial se repite que el paso de la motosierra no afecta el normal funcionamiento del ente, los trabajadores dicen lo contrario y ponen ejemplos: cuentan que la asignación de pensiones no contributivas se redujo en un 98% y que hay ciudades de la Argentina donde cerraron las oficinas que gestionan los trámites. ¿Quién toma estas decisiones? El abogado de Javier Milei, Diego Spagnoulo, y la esposa del consultor Fernando Cerimedo, Natalia Basil, conocida por ser una de las responsables de La Derecha Diario. Sin experiencia en el área, el mérito de los funcionarios parece sólo ser leales al proyecto libertario.
La Agencia Nacional de Discapacidad depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Nicolás Posse, y maneja una caja de más de un billón de pesos. El organismo había atravesado un enorme conflicto durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando las ONG comenzaron a denunciar que se daban de baja pensiones no contributivas y que había retrasos en los pagos de las prestaciones. En la presidencia de Alberto Fernández la tensión se redujo, pero hubo reclamos que continuaron como, por ejemplo, los aranceles, el funcionamiento del programa Incluir Salud o el pedido de los trabajadores de tener más participación en la evaluación de la situación de los beneficiarios. Con el triunfo de La Libertad Avanza, sin embargo, el panorama se volvió absolutamente incierto y desde febrero las organizaciones comenzaron a movilizarse.
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Desde febrero, las organizaciones que trabajan en temas de discapacidad comenzaron a movilizarse.
A diferencia de lo que sucedió durante el macrismo, ahora las organizaciones no denuncian que se den de baja pensiones, sino que cuentan que se frenan los expedientes. Hasta el 2023, el organismo otorgaba unas diez mil por mes y ahora ese número se redujo a 200, sin mayores explicaciones sobre qué personas, en qué condiciones o con qué patologías tienen prioridad. Además, en algunas ciudades como Bahía Blanca, Trenque Lauquen y Arrecifes (provincia de Buenos Aires) despidieron a los funcionarios y las oficinas directamente cerraron.
PERFIL envió una serie de preguntas a la AnDis. Sobre el cierre de oficinas, respondieron que "en las provincias quedaron representantes" y que la gestión de las pensiones y el asesoramiento ahora se realizará en las dependencias de la Anses, en los municipios o en las sedes de la Superintendencia de Servicios de Salud. Acerca de los despidos, aseguraron que en la primera ola se desvinculó a personas "que no iban a trabajar o no podían justificar sus labores" y que, en la segunda, las bajas fueron de áreas que no afectarán al funcionamiento del organismo.
La sede central de la AnDis está en Capital Federal, pero hubo despidos en todos el país.
No hubo detalles sobre cómo será la atención en las nuevas oficinas, por ejemplo, los empleados -al menos por ahora- no tienen acceso al sistema de seguimiento de la AnDis. Tampoco hubo respuestas sobre la baja en la cifra de asignación de pensiones y en base a qué prioridad se otorgan.
Diego Spagnoulo y Natalia Basil, al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad
Spagnuolo es el abogado de Milei y el 28 de diciembre se confirmó su designación como director ejecutivo de la AnDis. Su nombre había recorrido los medios durante la transición, cuando representó al economista en la cautelar que presentó para frenar las contrataciones y las licitaciones del gobierno anterior y en una demanda contra periodistas. Milei también lo eligió para que lo defendiera cuando el expresidente Fernández lo denunció por considerarlo responsable de la corrida cambiaria en plena campaña (causa que se cerró por “inexistencia de delito”).
Diego Spagnuolo, el abogado de Milei, fue designado como director ejecutivo de la AnDis el 28 de diciembre.
En la función pública, contó el periodista Matías Ferrari, Spagnuolo tuvo un paso por el municipio de Pilar como asesor de Carlos Kambourianen la secretaría de Salud durante la intendencia de Calros Ducoté.
Su designación al frente de la AnDis sorprendió al sector. En un área donde suelen cruzarse los profesionales con las organizaciones, nadie registraba a Spagnuolo. Tampoco saben mucho de él mayoría de los trabajadores del organismo, quienes repiten que no le conocen la cara. Una de las pocas veces que el funcionario fue a la oficina fue el 28 de febrero, después de la primera ola de despidos, tuvo que irse en medio de una protesta en su contra.
Durante sus primeros días al frente de la AnDis, la persona que se encargó de conversar con los trabajadores fue Solana Marchesan, una concejal libertaria de Pilar que en sus redes se presenta como maestranda en Políticas Públicas en la IAE Business School, licenciada en Recursos Humanos y coach ontológico. “Duró una semana. Después no la vimos nunca más”, contó Walter Pignataro, representante de ATE-Pensiones.
Después de Marchesan llegó otra mujer: Natalia Basil, la esposa de Cerimedo. Aunque todavía no fue designada, está al frente del área que se encarga de las pensiones, en la Dirección Nacional de Asignaciones y Apoyo Económico. Su currículum incluye experiencia en áreas de lo más variadas, pero -al igual que su jefe- no tiene ninguna formación en discapacidad.
Natalia Basil no fue designada de manera oficial pero se encarga de las pensiones en la AnDis.
Basil es ingeniera química y tiene especializaciones en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Según su perfil en LinkedIn, es CEO y una de las fundadoras de Madero Media Group, cuya marca más conocida es el portal La Derecha Diario, donde la mujer se desempeñó como editora y redactora.
También forma parte del directorio de la empresa Numen, junto a Cerimedo, encargada de hacer publiciad y sondeos. Además, en el 2021 tuvo un paso por la Junta de Seguridad en el Transporte y entre el 2016 y el 2021 trabajó como auditora en AYSA.
La última novedad de Basil en el Boletín Oficial no está vinculada con su función pública, sino con sus negocios en el sector privado. El 8 de marzo se publicó que la integra el directorio de una empresa dedicada a la exploración, producción y prestación de servicios de petróleo, minería y energía. Junto a ella fueron designados el presidente de la Cámara Argentina del Litio, Roque Cambareri, y el empresario Vicente Federico Quintanal. La firma lleva el nombre de Patagonia Energy Holding S.A.
La falta de designación oficial en la AnDis o su nula experiencia en el área no serían una gran novedad, ya que son patrones que se repiten en distintos sectores del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, que se trate de la esposa de Cerimedo es un dato que llama la atención. El consultor colaboró en la campaña de Jair Bolsonaro y tuvo que dar explicaciones en el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que llegó a ordenar que se le suspendieran sus cuentas en redes sociales por desinformar y alimentar fakes sobre fraude electoral. En la Argentina se sumó a la campaña de La Libertad Avanza y, en una entrevista con Infobae, reconoció que tenía “50 mil cuentas en redes creadas artificialmente”, aunque luego le bajó el precio a esa declaración.
A pesar de que él sea más conocido, desde hace años trabaja codo a codo con Basil. De hecho, en el entorno del matrimonio juegan con la idea de quién metió a quién en el universo de libertario. "Fernando siempre trabajó con la derecha, pero Natalia lo llevó con Milei", responden. Es más, dicen que el consultor llegó a La Derecha Diario por su pareja. La militancia liberal de ella, su "fanatismo" dicen quienes la conocen, comenzó de la mano de Alberto Benegas Lynch.
Para explicar su llegada a la AnDis, destacan su experiencia en Aysa haciendo auditorías. Desde el organismo, explicaron a PERFIL que fue elegida para el puesto por su formación: "Es ingeniera química, tiene una especialización en Sistemas de Control, una maestría en Administración de Empresas y está haciendo su doctorado también en Empresas. Ha realizado cursos de auditoría en el Instituto Argentino de Auditores, ha trabajado reingenieria de procesos en diferentes rubros, programando sistemas, auditando y gestionando. Está altamente capacitada para asumir su función, en un lugar que requiere reformas profundas para lograr y asegurar que se respeten los derechos de las personas con discapacidad".
Aunque no hubo respuesta oficial sobre las razones por las que se freezaron las asignaciones de pensiones, en el entorno de Basil insisten en los argumetos que repiten desde el Gobierno nacional: corrupción en los otorgamientos y descontrol.
Incertidumbre en la Agencia Nacional de Discapacidad
De manera extraoficial, en el entorno de Basil dicen que pronto se conocerán los desmanejos en la Agencia. Hasta ahora, sin embargo, las historias que se conocen demuestran que -más allá de la existencia o no de irregularidades- la motosierra no hizo distinciones.
Las pensiones no contributivas son aquellas que se otorgan por discapacidad o invalidez a personas que no tienen ninguna cobertura de salud. Son unos $65 mil por mes y, en total, en Argentina las reciben 1.500.000 personas.
Desde ATE pusieron como ejemplo dos casos (preservando la identidad de las personas) que tienen sus expedientes resueltos en el organismo, con toda la documentación presentada y aprobada, pero que están "freezados": el de una madre con su hijo con autismo que viven en una pensión bajo el mismo techo que el padre violento -con un fallo judicial que lo confirma- y el de un hombre en situación de calle que sufió un ACV. "No se entiende cuál es el criterio y acá se ve que hay una orden para no sacar más de 20 por día", sostuvieron desde el gremio.
En las ciudades que cerraron las oficinas de la AnDis, los beneficiarios no saben a quién recurrir. Fernanda Yarza es una de las 323 despedidas y era la única persona del organismo en la ciudad de Trenque Lauquen desde el 2011. Es trabajadora social y su puesto estuvo en planta transitoria hasta octubre del 2023, cuando ganó el concurso para acceder a la planta permanente. "Me encargaba de todas las tareas, de las administrativas y de las de evaluación porque era la única acá", contó a PERFIL.
Si bien el alta de las pensiones siempre se hizo en Anses, Yarza se encargaba de atender a las personas y darle seguimiento a los expedientes. Ahora se pregunta cómo será el sistema, ya que en nuevo el organismo no hay acceso al sistema de la AnDis. Además, su teléfono no deja de sonar: "Las personas me escriben para preguntarme qué hacer y yo no sé qué responderles. Además, hay que entender algo. Estamos hablando de una población extremadamente vulnerable, en muchos casos con analfabetismo. El asesoramiento, la gestión y el seguimiento no es lo mismo que en cualquier otra situación", agregó.
Los despidos no son el único tema. En enero se reunió por primera vez el Directorio de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, donde participa la AnDis con diferentes áreas del estado vinculadas a la salud y organizaciones de la sociedad civil. El tema de la convocatoria fue la definición de nuevos aranceles para los prestadores. El 3 de abril será la próxima reunión para volver a tratar el tema. Sin embargo, las ONG por estos días conversar cómo llevar a la mesa otro tema: el programa Incluir Salud.
El 3 de abril se reunirá por segunda ver el Directorio de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad.
"La pensión en sí es muy baja. Pero nosotros solemos recomendarle a las personas que la gestionen para poder acceder a otros beneficios, como el Incluir Salud, que te permite acceder a medicamentos o atención médica. Ya veníamos con problemas. Pero estamos notando que ahora hay personas que cobran la pensión, pero que tienen problemas para acceder a Incluir Salud. Es como si te dieran una jubilación y te impidieran acceder al PAMI. Es un sector que suele necesitar medicamentos de manera urgente y no se puede postergar", contaron a PERFIL desde una de las ONG que participa en las conversaciones con el Gobierno.
Spagnuolo y Basil mantienen el perfil bajísimo y derivan las consultas con las personas encargadas de la prensa, quienes insistieron en que el nuevo director ejecutivo de la AnDis "va a estar enfocándose en acercar la mejor propuesta posible que fortalezca y mejore la calidad de los servicios" y en "la implementación de las medidas necesarias para la reformulación y modernización de todo el sistema de prestaciones".
