Descongelar o no las tarifas, o cuándo empezar a hacerlo, no es una discusión trivial en el Gobierno. Implica nada más y nada menos que definir si se gastan US$ 1.500 millones más o menos en subsidios, especialmente para la tarifa eléctrica a través de los giros para la coordinadora del mercado eléctrico mayorista Cammesa.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó este viernes: “No tenemos en cartera el aumento de tarifas, sino revisar qué pasó para saber de dónde partimos”. Sus palabras llegaron menos de 24 horas después de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmara que “seguramente” en junio terminará el congelamiento de 180 días dispuesto para las boletas de luz y gas y que se aplicarían aumentos “para los sectores que puedan soportarlos”, porque, dijo, que cambiaron “las prioridades”, anticipando un esquema similar al del fin de la movilidad jubilatoria.
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No es la primera vez que hay un ida y vuelta respecto de precios clave de la energía. Al comienzo de la gestión, antes del tratamiento de la Ley de emergencia, el propio Cafiero decía que no se iban a congelar las tarifas, pero finalmente se dispuso un freno a los aumentos por hasta 180 días como informó entonces el ministro de Economía, Martín Guzmán. Más tarde, desde YPF hubo decisión de aumentar las naftas un 5% pero se dio marcha atrás y se postergó por tiempo indeterminado, a lo que se añadió también dos veces la demora en incrementar los impuestos al biocombustible para evitar un impacto en los surtidores. Es que el congelamiento de las tarifas energéticas ha sido clave para que el Gobierno consiga, al menos en enero, frenar la inercia inflacionaria al bajar el índice de precios del 3,7% de diciembre al 2,3% el mes pasado.
Pero cada mes que pasa, la cuenta de dinero que pone el Estado tiene un costo. Según los equipos que lidera el economista Nicolás Arceo, de consulta en el Frente de Todos, si las tarifas de luz especialmente no se movieran en todo el año, la cuenta de subsidios para Cammesa saltaría de los US$ 3 mil millones a más de US$ 4.500 millones. Si acompañaran la inflación, es decir, si subieran en torno al 35 o 40%, se mantendrían igual que el año pasado, en US$ 3 mil millones, ahorrando unos US$ 1.500 millones, casi $ 100 mil millones, o 0,5 puntos del PBI, similar al ahorro que algunos calculan con el cambio en la indexación de las jubilaciones anunciado hace una semana.
Efectos. Pero el congelamiento también está afectando a las empresas distribuidoras de electricidad que, a diferencia de lo que ocurría en el kirchnerismo, están pisando los pagos a Cammesa ante la falta de aumentos de tarifas. Así, según publicó el portal especializado Econojournal, aumentó el nivel de incobralidad de la coordinadora del mercado eléctrico y la deuda de las empresas saltó de $ 25 mil millones en septiembre a más de $ 41 mil millones a mediados de enero.
En tanto, el congelamiento de tarifas de gas generó que las principales distribuidoras, entre ellas Metrogas, visitaran al Gobierno días atrás para manifestar que necesitan “con urgencia” comenzar con una revisión de los cuadros tarifarios de cara a mejorar los ingresos vía suba de tarifas.
Aseguran que hoy destinan un 80% de lo que recaudan al pago de salarios y obras de mantenimiento de red, sin tener margen para hacer frente a los compromisos financieros ni mucho menos nuevos proyectos.
