Dos pesos pesados de la obra pública pisarán mañana y el martes los tribunales federales por primera vez. Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner (dueño de Esuco) serán indagados por sospechas de corrupción y tienen sus bienes –incluidas sus cuentas bancarias– inhibidos por la Justicia. La decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello, por considerarlos supuestos cómplices de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa por supuestas irregularidades y cartelización de la obra pública por la construcción de dos plantas potabilizadoras de Aysa.
Roggio será indagado el lunes en el cuarto piso de Comodoro Py 2002. El empresario presentará un escrito con su defensa, confirmaron a PERFIL voceros de su compañía. El martes será el turno de Wagner.
Esuco y Roggio no son las únicas empresas en la mira por este caso. Casanello indagó esta semana a miembros de las constructoras Cartellone y Supercemento, además de tomar declaración de varios funcionarios involucrados. Carlos Ben, ex presidente de Aysa, y Raúl Biancuzzo, su segundo, son dos de los indagados esta semana.
La investigación se centra en cómo estas compañías obtuvieron dos licitaciones paralelas para la construcción de plantas potabilizadoras de agua en Tigre y en Berazategui. En el caso está probado, según sostuvieron fuentes judiciales, que las licitaciones fueron digitadas y armadas a medida para que ambos grupos de empresas se quedaran con los contratos. Los dos consorcios estaban integrados por dos de las constructoras brasileñas involucradas en el Lava Jato: Odebrecht y Camargo Correa. Ambas fueron con socias locales: Odebrecht se asoció con Roggio, Supercemento y José Cartellone Construcciones. Camargo Correa se alió con Esuco.
Los gerentes de las constructoras argentinas que declararon hasta el momento habrían apuntado al mismo blanco: Odebrecht. La gigante brasileña que protagoniza el principal caso de corrupción en América Latina es señalada por el sector empresarial como la responsable de las supuestas irregularidades en la licitación pública y en la relación con los funcionarios que terminaron favoreciendo a todas las compañías.
Una de las pruebas claves en el expediente son dos cartas del Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (Bndes) que le aseguraban a Odebrecht y Camargo Correa el financiamiento de ambas obras de Aysa antes de que la empresa estatal de aguas siquiera llamara a una licitación pública, informaron fuentes judiciales a este medio.
El caso Odebrecht atraviesa una etapa central. Cada vez son más fuertes los indicios y las pruebas de presunta complicidad de las socias locales en el entramado de corrupción. Eso pone en juego el futuro de empresas claves en el sistema de la obra pública y privada, de excelente relación con todo el espectro político: desde el peronismo y el kirchnerismo hasta el radicalismo y el macrismo.
