De a poco, a tropezones, el tema de la inseguridad gana terreno en el Congreso. La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados acordó convocar al ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, para que el próximo martes informe sobre el crítico estado de la seguridad pública. También es para reclamarle la pronta convocatoria al Consejo de Seguridad Interior, mientras tanto habrá mañana una reunión de Labor Parlamentaria para definir si se aprueban o no los proyectos sobre la temática entre los que podría figurar una iniciativa para prevenir robos ante las denominadas 'salideras bancarias'. Como se recordará, ese debate se vio abortado la semana anterior porque el oficialismo no dio quórum y levantó la sesión cuando la oposición estaba cerca de lograrlo. Durante la reunión de hoy en la Cámara Baja legisladores de la oposición firmaron además un despacho a favor de pedir "el Consejo de Seguridad Interior sea convocado de manera permanente".
La comisión, encabezada por Griselda Baldata (CC) debatió si la convocatoria se realizaba para requerir un informe o si, como proponía la presidenta, debía gestionarse ante la Cámara la directa interpelación del funcionario encargado de la seguridad nacional. "La preocupación por la seguridad no tiene color político", señaló la kirchnerista Diana Conti, quien además puso énfasis en que el ministro concurra con su equipo para que pueda responder con mayor detalle sobre las acciones en las distintas áreas que tienen que ver con la seguridad ciudadana.
Por otra parte, la neuquina Alicia Comelli (MPN), autora de un proyecto para la Seguridad Pública Democrática, anunció que se encarará una recopilación de proyectos sobre seguridad que pueden tener giro incluso a otras comisiones a fin de facilitar un debate para unificar los asuntos pendientes, que estarían en condiciones de tratarse antes de fin de año.
El diputado radical Rubén Lanceta aseguró que la UCR "está sumamente preocupada por los crecientes niveles de inseguridad" y señaló que esa realidad "no la vamos a cambiar sin el esfuerzo conjunto" de los tres poderes del Estado. Los diputados de la oposición que hablaron en la reunión expusieron que preguntarán a Alak el martes próximo la razón por la que el PEN no puso en funcionamiento el Consejo de Seguridad Interior ni convocó el comité de crisis que contempla la misma ley.
Entre tanto, en el Senado, las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales recibieron a expertos y funcionarios para analizar un proyecto del titular del bloque oficialista, Miguel Pichetto, que establece la clausura definitiva de los lugares que funcionen como desarmaderos y prohíbe la comercialización, el transporte y el almacenamiento de autopartes. El proyecto, más allá de su buena intención, corre el riesgo de terminar como tantos otros, y como triste ejemplo el famoso "rey del corte" tiene tantas detenciones como millones.
La constitucionalista Marcela Basterra sostuvo que se debía “tener especial cuidado de no afectar los derechos de propiedad y derechos adquiridos de los comerciantes de autopartes y repuestos usados que fueran de origen lícito” y advirtió que éstos “podrían interponer recursos de amparo de avanzar el proyecto ya que se estaba legislando sobre “delitos de peligro abstracto”. Las comisiones recibieron además opiniones sobre una iniciativa para fijar un mayor control en la fabricación y venta de armas, municiones y materiales relacionados, presentado por la salteña Sonia Escudero.
Adrián Marcenac, miembro de la Red Argentina por el Desarme y padre de Alfredo Marcenac, joven víctima de 21 años que junto a otras once personas fue atacado, en julio de 2006, en el barrio porteño de Belgrano. Marcenac calificó de "epidemia" la cantidad de muertes por armas de fuergo y precisó que sólo una de cada cuatro muertes se producen en ocasión de delitos, sino que se originan en casos de suicidios, accidentes o por conflictos interpersonales”. Aseguró que de 1.290.000 armas registradas en el Renar, el 60 por ciento no se sabe dónde están porque tienen las licencias vencidas", y agregó que “por cada arma registrada hay entre 1,2 y 2 armas ilegales”.
Fuente: DYN
