Las cuatro claves de la causa que aqueja a Gabriela Michetti

Era un día de festejo. La fórmula que la tenía como candidata a vicepresidenta había ganado. Sin embargo, cuando el 22 de noviembre volvió a su casa de Balvanera, afiebrada y con las secuelas de una salmonelosis (intoxicación) que la dejó internada varios días, Gabriela Michetti se encontró con su ropero revuelto. Le habían robado 50 mil dólares y $245 mil. Había sido un custodio que la acompañaba hacía largos años. Hizo la denuncia al otro día. Pero pasaron meses hasta que, tras la sentencia, se dio a conocer el hecho.

Michetti no recuperó su dinero, como pensó en algún momento, y se vio, para peor, involucrada en una causa penal iniciada por dos diputados del Frente para la Victoria, en la que se solicita que se investigue el origen de esos fondos.

En este contexto, cuatro claves se desprenden de la causa que tramita en el juzgado de Ariel Lijo (el mismo que procesó a Amado Boudou en la causa Ciccone) y el fiscal Guillermo Marijuan, hoy célebre por la causa Báez.


Clave 1: Juan Tonelli, el novio empresario. Es un personaje clave de la trama. Según fuentes del PRO, a mitad del año pasado, cuando Lautaro, el hijo de Michetti con Eduardo Cura (quien maneja el Canal de la Ciudad), se estaba por recibir en la Universidad Di Tella, la entonces candidata se quejaba porque no tenía dinero para pagarle un posgrado. Ella anhelaba que fuera a perfeccionarse a EEUU. Su hijo prefería Europa. Ya había estado en París. Como sea, Tonelli le quiso “regalar” el dinero: le dio 50 mil dólares. “Devolvémelo cuando puedas, gorda”, le dijo su pareja. Pero se cuidaron: ambos declararon esa deuda en sus respectivas declaraciones juradas. De hecho, en la que presentó Michetti a fin de 2015 la deuda aparece, pesificada. “Si tengo que ir a Tribunales en dos minutos explicó lo que pasó con esa guita”, se lo escuchó decir a Tonelli. Seguramente será citado.

Clave 2: La Fundación SUMA. La ONG que puso en marcha la vicepresidenta quedó en el ojo de la tormenta. Cierto nivel de informalidad con la que muchas veces suele moverse Michetti esta vez podría jugarle una mala pasada. Es que armar SUMA no le fue nada fácil: peregrinó durante más de un año y medio porque no podía inscribirla en la IGJ dominada por el kirchnerismo. Tres abogados amigos de ella (dos ex legisladores) intentaron en vano. Esto retrasó la conformación de la ONG. Según plantearon los denunciantes kirchnerista, SUMA no habría presentado balances ante la IGJ. La Justicia ya está en ello.

Clave 3: Aportantes. Este punto es fundamental: ¿cómo explicar esos $245 mil que estaban en una bolsa papel madera en su ropero? Según explicó Michetti, unos $45 mil eran para gastos corrientes, desde las compras hasta el pago de arreglos a obreros que estaban refaccionando su casa. Los otros $200 mil provenían de donaciones de SUMA. Y aquí radica uno de los temas centrales: según la versión macrista se trata de voluntarios y militantes que ofrecieron su ayuda. Pequeñas ayudas: desde $2 mil a $20 mil. Ahora será tarea de la Justicia develar quiénes fueron.

Clave 4: Apoyo político y contactos. La última clave tiene que ver con el respaldo que recibió casi de manera unánime en el espacio. La vicepresidenta le contó, en persona, tanto al presidente, Mauricio Macri, como al jefe de Gabinete, Marcos Peña, qué ocurrió ese día. Le creyeron y le dieron un respaldo político. Pero también le pidieron que se defienda lo más rápido posible. Macri, incluso, le ofreció uno de sus abogados personales, quien trabajó en la causa hasta que esta semana la vicepresidenta decidió nombrar a su amigo Ricardo Gil Lavedra como defensor.

Gil Lavedra es amigo personal de Michetti. A tal punto que, durante el primer mandato del líder del PRO como jefe de Gobierno porteño, le pidió, en secreto, que estudie la causa por las escuchas ilegales y le haga una devolución sincera al respecto. Fue en su casa de Balvanera, donde Michetti siempre agasaja a sus amigos.

¿Se habrá interesado ya el embajador en Uruguay y ex juez, Guillermo Montenegro? Mientras disfruta de su nueva vida diplomática (que incluye nueva novia), el ex ministro porteño conoce muy bien al fiscal Marijuan de sus años en Tribunales. Se conocen desde muy jóvenes cuando el fiscal de la causa Báez comenzó como empleado judicial. Y, acaso, junto al fiscal Carlos Stornelli, solían compartir asados en San Isidro. “El gordo”, como le dice la vicepresidenta, podría ser una pieza clave para apaciguar los ánimos investigativos de la nueva Justicia Federal que, en la era Cambiemos, recuperó el alma de avanzar en las causas.