En medio de la crisis social en Jujuy, generada por el reclamo salarial docente y la aprobación de la reforma constitucional provincial, se registraron una serie de detenciones a diversas personas y dirigentes sociales que participaron de las protestas que fueron repudiadas por organismos de derechos humanos. Además, se conoció que efectivos policiales ingresaron sin autorización a la Universidad Nacional de Jujuy y la detención de un precandidato a diputado del Frente de Izquierda.
El gobernador jujeño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, expresó que la irrupción de la policía provincial en el establecimiento universitario "es inadmisible y condenable por semejante abuso de poder" y agregó que "los responsables ya están pagando las consecuencias".
Acerca de las detenciones, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) repudió lo sucedido y expresaron que el gobierno de Morales "cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas". En ese sentido, indicaron que la justicia provincial ordenó la detención de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma y realizaron allanamientos en sus domicilios.
El Gobierno de Jujuy se presentó como querellante en la causa donde se investigan los hechos ocurridos durante la aprobación de la reforma, el pasado 20 de junio -donde arrestaron a casi 70 personas-, y en el Consejo Deliberante de Humanhuaca. En el segundo lugar, se aprobó una declaración de rechazo a la nueva modificación de la carta magna mientras que había manifestantes que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad, cuando los concejales salieron del recinto. Quienes protestaban pedía la declaración de rechazo o la renuncia de los ediles.
En diálogo con PERFIL, el Director de Violencia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró, dijo que este jueves se ordenaron las detenciones de 20 personas más que estuvieron en las protestas: "Se las acusa de delitos gravísimos como sedición, intento de homicidio y privación de la libertad para que queden detenidas". Por el momento, al menos cinco de ellos fueron arrestados y traslados a San Salvador de Jujuy donde un juez definirá su situación judicial.
Tufró consideró que estas imputaciones son "exageradas" y que el fiscal del caso busca "criminalizar las protestas" con figuras más duras, en lugar de otras más comunes en manifestaciones como "daños" o "resistencia a la autoridad".
"La denuncia la hicieron algunos concejales que pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro. Ese día la policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión", mencionó también el organismo en el comunicado. Sobre esto, el integrante del CELS dijo que la "estrategia" del gobierno es "acumular denuncias para generar miedo" y así dar a entender que se trató de un "golpe institucional".
El ingreso de la policía a la Universidad
Este miércoles, agentes de la Policía de Jujuy ingresaron sin permiso a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) mientras se realizaba una sesión del Consejo Superior, con la participación del gremio de docentes ADIUNJU y organizaciones de estudiantes. Fuentes consultadas por PERFIL señalaron que la fuerza de seguridad no puede ingresar al establecimiento a menos que detecte un "caso de flagrancia" y además está fuera de su jurisdicción por ser "de competencia federal".
Morales, que también es presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), había dicho en una entrevista con Canal 7 local acerca de otro establecimiento universitario que "los de la Universidad de Buenos Aires, que están a cargo de Tilcara, son los que incentivan los cortes".
Ahora, el gobernador jujeño se manifestó en su cuenta de Twitter para repudiar lo ocurrido en la UNJu. "Ya pedí sanciones para los policías que atropellaron la autonomía universitaria e irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy", escribió en una publicación.
"Es inadmisible y condenable semejante abuso de poder y los responsables ya están pagando las consecuencias. Respetando la ley y no con autoritarismo es como se resuelven los problemas de los argentinos", añadió el compañero de fórmula del precadidato presidencia Horacio Rodríguez Larreta.
Las autoridades de la UNJu se manifestaron en contra de lo ocurrido: "Estas acciones violentan la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra vulnerando el artículo 19 inciso 75 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales". En esa línea, afirmaron que los mismos "revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social".
En tanto, el Comité Provincial de la UCR pronunció su repudio a la incursión de efectivos policiales considerando que ese accionar constituye un “abuso de poder totalmente condenable por resultar violatorio de la autonomía universitaria”. "Nuestra profunda solidaridad para con autoridades, consejeros superiores, estudiantes, docentes y empleados universitarios, que se vieron intimidados por la presencia de efectivos, que nada tenían que hacer en ese lugar”.
Un candidato a diputado de la Izquierda fue detenido
En el marco de los allanamientos, el docente universitario Iván Blacutt, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda (FIT) que encabeza el legislador Alejandro Vilca, resultó detenido.
A través de sus redes sociales, Vilca difundió un video del momento en que Blacutt es retirado del lugar por las autoridades. "Libertad ya a mi compañero Iván Blacutt de IS en el FIT y a todos los detenidos. ¡Basta Gerardo Morales de atacar a la izquierda y a los luchadores!", escribió.
La Izquierda Socialista pidió la libertad del dirigente del espacio y aseguraron que fue víctima de "la repudiable represión y persecución salvaje", tras haber denunciado a violación de la autonomía universitaria.
En el marco de la jornada de paro, los docentes reclaman que no se modifique en ninguno de sus términos el Estatuto del Docente sin su consulta y participación. También pidieron por los descuentos de los días de paro, un salario básico de 100 mil pesos y exigieron la recategorización de todos los cargos administrativos escolares para que "ningún docente cobre menos de 15 horas cátedra".
Por último, ratificaron el pedido por hora cátedra de 6666,66 con actualización según el índice de inflación mensual y de la canasta básica.
FP / Gi
