La tensión que se vive dentro de un sector de la Justicia por la grave crisis financiera desencadenó un nuevo enfrentamiento entre algunos magistrados y el Gobierno. El problema de fondo es la negativa del Poder Ejecutivo de liberar las partidas presupuestarias destinadas al pago de los sueldos de los empleados, jueces, administrativos, secretarios letrados, ordenanzas y demás. La falta de respuesta del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, llevó a que el Consejo de la Magistratura, órgano responsable de la administración del Poder Judicial, recurriera a un crédito de $ 20 millones del Banco Ciudad. Esos fondos, ya acreditados, fueron para asumir el pago de los salarios. La situación preocupa al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y a los siete ministros, quienes ya intentaron mediar con Capitanich pero tampoco recibieron respuesta. De hecho, el jefe de gabinete estaba invitado al acto de inauguración del año judicial del pasado jueves en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, pero no asistió. De esta manera, fue el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien se hizo eco de las demandas de la Justicia y ayudó a solventar esta crisis. “Para nosotros es grave, estamos planteando que tiene que salir el primer tramo del aumento salarial porque la inflación está afectando mucho el salario de todos los trabajadores y esto es como un baldazo”, explicó a PERFIL Julio Piumato, titular del gremio de judiciales. Recortes en el presupuesto, sumados al ritmo de los incrementos salariales, confluyeron en la situación que hoy encuentra al Consejo con una deuda que ronda los $ 1.076 millones a la Corte Suprema, que viene financiando los sueldos del Poder Judicial con dinero de su fondo anticíclico. Ante el silencio del Gobierno, el máximo tribunal decidió de manera unánime dejar de “solventar” erogaciones y responsabilidades ajenas que dependen de negociaciones entre el Consejo de la Magistratura y la Jefatura de Gabinete. “El Poder Ejecutivo le adeuda al Consejo de la Magistratura cerca de $ 600 millones sólo en obras. Porque los nuevos edificios son responsabilidad del presupuesto nacional y no del presupuesto de la Justicia”, confió Piumato para ilustrar la crisis financiera que vive la entidad judicial. “Es gravísimo, porque si el Gobierno no cumple con sus obligaciones hacia la Justicia y retiene fondos, evidentemente tiene un perfil económico y también político para disciplinarnos”, continuó el gremialista. El líder del gremio de judiciales recalcó que “el Consejo, más allá de pedir un crédito, tiene que tener una postura más firme en esta cuestión y reclamar lo que le pertenece”. El próximo jueves asume el nuevo administrador del Poder Judicial ante la Magistratura, Germán Krieger, quien cuenta con el apoyo del máximo tribunal
