La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió este martes al vocero de la Presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, quien advirtió que fue "acusado falsamente" por legisladores del oficialismo de haber influido en nombre del máximo tribunal a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa de coparticipación federal.
Antes de someterse a las preguntas de los diputados, Robles leyó un escrito en el que aclaró que no respondería las consultas de índole personal. "Desde la creación de esta comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de algunos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de calumnias o fantasías", sostuvo al comienzo de su intervención, en el marco del juicio político que investiga a los cuatro magistrados del máximo tribunal por presunto mal desempeño en sus funciones.
"Han dicho que tengo un departamento en Nueva York, y es mentira; que estaba prófugo, cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenia citación judicial; que estuve en Miami este año, es mentira; y además, han atacado sistemáticamente a miembros de mi familia", enumeró Robles.
Respecto al proceso legal, el hombre consideró que es impulsado por el oficialismo "para atacar y presionar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Sumado a esto, previo a recibir las preguntas de los legisladores, Robles reafirmó su lealtad hacia Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, de quien indicó que "admiro su honestidad, su carácter, su integridad de principios, más cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales".
Al ser consultado sobre si conocía al exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, Robles evitó responder y justificó que se amparaba "en el artículo 18 de la Constitución Nacional". "Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente, de esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las acusaciones hechas en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy", informó.
"Me amparo, presidenta, en lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de ejercer mi defensa en sede judicial", añadió dirigiéndose a Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político. A su vez, Robles lamentó que hayan "dado como ciertos chats cuya existencia, legalidad o veracidad" afirmó que "desconoce" y opinó que "deben ser discutidos judicialmente".
El artículo citado menciona, entre otros puntos, que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...)".
Robles, mano derecha de Rosatti, fue convocado a raíz de las filtraciones de conversaciones de chat (que incluyen audios de voz) que mantuvo tiempo atrás con D'Alessandro, de las cuales surgieron indicios de una presunta connivencia entre el máximo tribunal de Justicia y el Gobierno de la Ciudad.
La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D'Alessandro-Robles fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente favoreció al distrito porteño en este pleito.
D'Alessandro también fue convocado a la comisión, pero no concurrió debido a "situaciones en el plano personal". "Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión”, planteó el exfuncionario porteño a través de una nota. La presidenta de la comisión aceptó el pedido, pero se dejó en suspenso la fecha para esa audiencia.
Hacia el final de la reunión, el oficialismo impuso su mayoría para votar y aprobar un careo entre Robles y el exadministrador general de la Corte, Daniel Héctor Marchi. Al participar como testigo de la comisión, Marchi declaró haber sido removido de ese cargo por haberse "negado a encubrir" al hombre de confianza de Rosatti.
La reacción de los diputados ante la negativa de Robles
El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, le respondió al subalterno de Rosatti que ninguno de los diputados presentes lo tiene como acusado en el actual proceso de juicio político, a la par que le aclaró que fue convocado como testigo, recordándole que está obligado a "decir la verdad".
Ante la actitud del citado, el santafesino subrayó el "poquísimo deseo del testigo de cumplir con lo que establece el reglamento de la comisión de Juicio Político". Además, le indicó a Robles que no se trata de una cuestión de "buena voluntad", sino que es su "obligación" aportar para decir verdad.
"Quería dejar algo en claro. El sueldo a Robles no se lo paga Rosatti, se lo paga el pueblo argentino", se quejó al hacer alusión a la reticencia del testigo, quien acto seguido señaló que se sentía "hostigado" por Martínez.
Sumado a esto, los diputados del oficialismo argumentaron que las causas contra Robles sobre los chats filtrados ya fueron archivadas y por lo tanto no existía ningún riesgo de autoincriminarse con su declaración como testigo. "¿El funcionamiento de la Corte es secreto?", protestaron desde la bancada de Unión por la Patria.
Minutos más tarde, a raíz de las reiteradas evasivas de Robles a responder las preguntas de los diputados oficialistas, excusándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el diputado nacional del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez pidió que "quede constancia en actas de la reticencia del testigo a sus efectos", advirtiendo sobre las consecuencias judiciales que tiene ser renuente a declarar en un juicio político.
Jornada importante en la Comisión de Juicio Político
A su turno, la oficialista Vanesa Siley también recriminó a Robles por su reticencia y afirmó subiendo el tono de voz que "no puede haber un testigo, tenga el cargo que tenga, que pueda tener un privilegio". "Puede estar infringiendo el código penal", advirtió la diputada kirchnerista de extracción sindical.
Al respecto, el diputado del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo denunció que "hay una ilicitud del señor testigo que incurre en falso testimonio al callar la verdad". "Le hace un flaco favor al doctor Rosatti y al buen funcionamiento del máximo tribunal", opinó el pampeano.
Por su parte, para Leopoldo Moreau "el testigo vino con la decisión de no prestar testimonio" y "con la función de obstaculizar el trabajo de esta comisión". "No había ninguna razón legal para que el testigo no respondiera. Se fue de esta reunión sin poder explicar qué hace en la Corte Suprema de la Nación. No sabemos si es el secretario del presidente, el vocero del presidente o el vocero de otros intereses. Pero lo concreto es que no pudimos saber qué es lo que hace el testigo en la Corte Suprema de la Nación", lamentó el radical kirchnerista cuando Robles ya se había retirado de la sala.
Las críticas de Tailhade a Robles: "¡Es un mentiroso compulsivo!"
A los gritos, el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade tildó a Robles, de "mentiroso compulsivo" por invocar un artículo de la Constitución para excusarse de responder preguntas. "¡Nos está tomando el pelo. Es un mentiroso compulsivo el señor!", fustigó el legislador kirchnerista.
Desde el sector donde se ubicaban los diputados de Juntos por el Cambio no salían de su asombro por el improperio de Tailhade, y le pidieron a Gaillard que tome intervención para que aperciba al oficialista y llame al orden. "Calmáte Tailhade. Alguien que le diga que se vaya así se relaja", lanzó el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidenta de la comisión, Juan Manuel López.
Gaillard pidió a la sala que se llame a silencio para dejar que Robles conteste la pregunta del diputado Leopoldo Moreau, pero López le exigió a la entrerriana que primero sancione a Tailhade. "El señor que acaba de hablar me faltó el respeto. Yo nunca le falté el respeto al señor diputado", sostuvo Robles, que acto seguido volvió a abstenerse de contestar la pregunta de Moreau.
Por qué se investiga a Silvio Robles
Silvio Robles, periodista, vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es la persona más mencionada en las audiencias de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Una de las líneas de investigación sostenida por el oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires (que habían sido redistribuidos por el gobierno de Alberto Fernández) benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tras supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración porteña a través de Robles.
Silvio Robles y D’Alessandro, a Diputados
Esta situación se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional que aumentara a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.
En la última reunión, realizada el 11 de julio, expusieron exfuncionarios y la exsecretaria de Provincias y actual presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien afirmó que el gobierno de Mauricio Macri transfirió "un exceso de recursos" a la administración porteña.
La funcionaria indicó entonces que "no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos" establecidos por decreto del gobierno de Macri de 2016, que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación.
Batakis afirmó: "lo que hizo la gestión de Macri, de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos, fue generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son". Además, resaltó que "el régimen de coparticipación federal no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función".
Asimismo, ante un pedido del diputado Leopoldo Moreau, Batakis dijo que Robles participó de la primera parte de la audiencia realizada en marzo de 2022 por la coparticipación, como asesor de Rosatti. Batakis realizó un plano detallado de la ubicación del asesor en la sala de audiencias, a pesar de no estar consignada su presencia en el acta de esa reunión.
Moreau sostuvo que Robles fue "deliberadamente excluido de esa acta, no hay otro funcionario que haya sido excluido", y señaló que por eso esa acta "carece de validez".
Nueva filtración: los favores de D'Alessandro al juez que archivó la causa de los chats
Los diputados del oficialismo entienden que la acordada que incrementó los fondos coparticipables porteños al 2,95 por ciento fue posible gracias a la relación previa entre Robles y D'Alessandro, cuyo vínculo había quedado expuesto en la filtración de los chats tras el escándalo de Lago Escondido.
A los pocos días de difundidos esos chats y con la decisión de Alberto Fernández de impulsar el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, Robles dio muestras de su poder en Tribunales, cuando logró que el juez federal Sebastián Ramos archivara la causa que investigaba esas conversaciones por considerar que no pueden ser válidas unas pruebas surgidas de un espionaje ilegal.
Por su parte, el diputado Eduardo Valdés, integrante de la comisión, hace dos semanas declaró que “Robles no tiene ninguna causa en su contra porque las hizo cerrar rápido”. “Rodríguez Larreta sacó a D’Alessandro no por Lago Escondido, sino por esos diálogos con Robles, donde quedó al descubierto la complicidad”, añadió.
El grupo parlamentario —que preside Carolina Gaillard— reanudará así su actividad tras el receso invernal. Además de Robles y D'Alessandro, la comisión resolvió citar también Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP, y al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien no asistió a la reunión del 11 de julio y pidió reprogramar su presencia.
Cronología del conflicto de coparticipación
El conflicto en cuestión se originó por un decreto del expresidente Mauricio Macri en enero de 2016, por el cual había elevado la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires del 2,35% al 3,75% con la excusa de que debía financiarse el traspaso de la Policía al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.
Al poco tiempo de asumir la presidencia, Alberto Fernández quitó ese 1,40% adicional de coparticipación para auxiliar a Axel Kicillof en el conflicto con la Policía Bonaerense, estableciendo por decreto un 2.32% para la Ciudad.
A raíz de este recorte, la Ciudad de Buenos Aires judicializó el conflicto, y después de tres audiencias de mediación en las que la gestión porteña rechazó las ofertas de Nación, la Corte dictó a fines del año pasado una cautelar que elevó a 2,95% la coparticipación para la Ciudad, dejando pendiente la cuestión de fondo.
Vuelve la discusión por la coparticipación
El primer testigo que había tomado la palabra en la reunión de comisión fue el funcionario de AFIP Alejandro Otero, quien señaló que no conoce "cuál ha sido el fundamento" por el que la Corte determinó el coeficiente del 2,95%. "No se conoce cuál es el calculo. El fallo corresponde a la voluntad de quienes lo emitieron. No encuentro cuál ha sido el fundamento para ese coeficiente", insistió.
En tanto, señaló: "Creo que un traspaso de la seguridad tiene que ir de la mano de la transferencia de recursos, pero no creo que tenga que ir por coeficiente sino por transferencia presupuestaria. Y pienso que tiene que ser así hasta tanto se apruebe una nueva ley de coparticipación federal, que es mi deseo".
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