La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires realizó dos allanamientos a las oficinas de la empresa Uber, en el marco de una investigación de oficio a raíz del uso indebido del espacio público con fines lucrativos y evasión impositiva.
Fuentes judiciales dijeron a DyN que los domicilios allanados corresponden a la sede de la firma Uber y de directivos locales de la compañía. Las mismas fuentes manifestaron que los procedimientos buscaron secuestrar documentación relacionada con la firma para comprobar la prestación no autorizada del servicio e individualizar a sus responsables.
La investigación se abrió en la Unidad de Investigaciones Complejas, a cargo del fiscal de Cámara de la Unidad Oeste, Martín Lapadú, y el fiscal Roberto Néstor Maragliano, quienes iniciaron de oficio la averiguación tras ser advertidos sobre Uber y el desarrollo sin autorización de sus actividades.
La fiscalía dispuso el allanamiento a las sedes de la empresa para recolectar pruebas que comprueben los hechos y permitan identificar a sus autores, ante la sospecha de que la compañía percibe dinero "a través de una actividad riesgosa, que tiene requisitos legales que presuntamente no está cumpliendo".
"El caso se inició de oficio para investigar si la empresa Uber se encuentra infringiendo las leyes que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público y para penalizarlos en consecuencia", sostuvo el fiscal de Cámara Oeste, Martín Lapadú. El fiscal manifestó que "conjuntamente se investiga a Uber por posible evasión impositiva".
Los fiscales entendieron que la empresa no cumple con la vasta legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público, cuyos requisitos hacen a la seguridad de los pasajeros, al uso del espacio público y a cuestiones tributarias, entre otras. Asimismo, precisaron que la legislación incluye la ley Nacional de Tránsito 24.449, que exige para transportar pasajeros una licencia de conducir especial (conductor profesional, categoría "d", conf. Art. 20) y obliga a contratar un seguro para casos de siniestro, muy frecuentes en caso de automóviles.
Además, a criterio de la fiscalía porteña Uber infringe los artículos 6.1.73 y 6.1.74 de la Ley 451 de Faltas, que sanciona con multas a aquellas empresas de radio taxi que funcionen sin habilitación, y a quien asigne viajes requeridos por vía telefónica y por telefonía móvil de manera no autorizada.
Con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía se pudieron localizar las direcciones de las oficinas en las cuales operaba la empresa y el fiscal Lapadú solicitó a la jueza a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, María Fernanda Botana, la orden para allanar las oficinas y continuar la investigación.
