Tras incidentes con vecinos y ambientalistas en la localidad de Jáchal, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó ayer que mantendrá la actividad paralizada en la mina Veladero, donde se produjo el segundo derrame de agua cianurada en menos de un año. Al mediodía, cuando se retiraba de la intendencia local, Uñac recibió huevazos y escupitajos de parte de integrantes de la asamblea Jáchal no se Toca, que hace un año instaló allí una carpa para reclamar por el cierre definitivo de los proyectos mineros en la zona.
Uñac aseguró que la multa contra la empresa canadiense Barrick Gold por el derrame en Veladero “está en proceso administrativo y con el sumario correspondiente”, y se comprometió a abrir la mina para que los vecinos puedan sacarse las dudas sobre los procesos extractivos. Además, sostuvo que las operaciones en la mina Veladero se reanudarán cuando tenga “la certeza” de que Barrick Gold desarrollará su actividad “con absoluto respeto al medio ambiente y al código minero”.
“La medida no se toma para que la empresa tenga problemas, sino para evaluar el incidente y tener fundamentos si tomamos otra medida. La próxima vez van a pensar dos veces si ponen gente a controlar”, sostuvo.
Tras los incidentes, Uñac viajó luego a la localidad de Iglesia, donde se reunió con el intendente Marcelo Marinero y habló con la prensa local sobre los incidentes en Jáchal. “Fueron violentos, pero yo los respeto. Que no esperen de mí una respuesta en ese sentido. Primero porque no corresponde y segundo porque tengo que arrimar posiciones y conciliar”, aseguró.
Versiones. El derrame en la mina Veladero, que la empresa Barrick Gold ocultó durante seis días, se produjo el jueves 8, por el “desacople del caño que lleva la solución cianurada”. Según un comunicado emitido el jueves por la empresa, el incidente empezó a las 2.30 y se arregló a las 15, y el derrame “no representa ninguna amenaza para la salud de los empleados, las comunidades ni el medio ambiente”.
El gobierno nacional envió una comisión técnica para evaluar si el incidente provocó daño ambiental, mientras que el juez federal Sebastián Casanello ordenó operativos en los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería para recabar información sobre el hecho.
En tanto, el juez de Jáchal, Pablo Oritja, aseguró que “técnicamente no debería hablarse de un derrame” porque, según la firma, el líquido cianurado “no habría llegado a traspasar los límites del valle de lixiviación”, espacio integrado por piletones que tienen debajo una membrana y que se usan para separar el mineral de la roca.
A pesar de la intervención del gobierno nacional, el diputado oficialista Nicolás Massot pidió que se interpele al ministro de Ambiente nacional, Sergio Bergman, “para que dé explicaciones” sobre el hecho.