Al sector agropecuario nada puede venirle peor que, tras la fuerte presión impositiva del año pasado, la caída de los precios internacionales y –sobre mojado, llovido– la tremenda sequía, las circunstancias lo lleven a retomar la protesta activa. Al Gobierno nacional nada podría venirle peor en un año electoral que persistir en una relación de mutua hostilidad con el campo. A la sociedad nada le incomoda más que imaginar una nueva escalada del conflicto agro-Gobierno en un año inquietante, lleno de incertidumbres. En resumen, si recrudece el conflicto entre el campo y el Gobierno, nadie saldrá bien de él. Y sin embargo, las cosas parecen encaminarse en esa dirección. Falta capacidad de negociación –algo que, en general, falta en la cultura pública argentina–.
Muchos productores sin duda sienten que no hay diálogo posible con el Gobierno. Pero eso no quiere decir que la protesta activa sea la única estrategia posible. Aunque no consiguió casi nada de lo que reclamaba, el agro ganó la batalla política de 2008. Ahora mejor le vendría actuar consecuentemente con aquel logro. Si vuelve a apostar al conflicto activo, le estaría regalando al Gobierno argumentos para justificar la línea que eligió seguir en las relaciones con el campo.
En la sociedad se piensa mayoritariamente que el agro tiene razón. El golpe que sufrió el Gobierno el año pasado por la derrota en el Senado fue tan duro que hasta ahora no pudo recuperarse ante la sociedad. El conflicto cambió el tablero político nacional: varios gobernadores tomaron distancia del Gobierno y otros entendieron que debían sugerir que lo hacían; el vicepresidente, hasta entonces de bajísimo perfil, se convirtió en el dirigente con mejor imagen en todo el país; los sectores del peronismo anti K encontraron la oportunidad para reposicionarse ante la sociedad ya no como perdedores enojados con un gobierno de su propio signo partidario sino como portadores de propuestas en sintonía con las expectativas de la población.
Todo eso lo logró el campo. Y todo eso se pone en riesgo desafiando a la sociedad con la reiteración del conflicto activo, colocando a todos esos sectores políticos en una situación difícil ante sus propias bases. Los conflictos prolongados desgastan, la sociedad se cansa de ellos. El Gobierno lo experimentó en 2008. La experiencia es recurrentemente la misma en otros temas y en otros frentes. Gualeguaychú, los conflictos docentes, otros conflictos en distintas provincias, muestran una pauta similar: empiezan con mucho apoyo y terminan cansando a la gente. El clima de opinión dominante en la sociedad en esta coyuntura no es desestabilizante; se espera que el Gobierno gobierne, no que fracase, y se espera a la vez que el sistema político funcione para canalizar las demandas y para limitar y balancear el poder. Eso es lo que la sociedad celebró cuando el Congreso debatió la 125 y respondió sin someterse al Ejecutivo.
El oficialismo se muestra dividido en este tema. No es fácil entender la estrategia del Gobierno, su lógica, sus objetivos; pero parece claro que no es conducente a un rédito electoral significativo. El Gobierno persiste en un enfoque que ya fracasó; parece tratar de atenuarlo, pero insuficientemente; irrita con una campaña publicitaria desenfocada, sin lograr neutralizar las expectativas pesimistas.
En 2008 la sociedad arbitró a favor del campo. Hoy parece que los sectores involucrados piensan poco en ella y persisten en sus posiciones inflexibles. El punto de vista más equilibrado lo exponen los dirigentes políticos –gobernadores, intendentes, eventuales candidatos– que tratan de empujar al Gobierno a conciliar con el agro y a éste a buscar caminos políticos antes que el camino de la protesta activa. El agro está ante una notable oportunidad de instalar sus demandas como un tema central en la agenda electoral y de alcanzar muchos de sus objetivos a través de consensos políticos entre distintos partidos. Esta oportunidad no debería ser desaprovechada; volver a la calle la malgastaría.
*Sociólogo.
