La capacidad del sistema internacional para responder a la crisis de los refugiados se enfrenta a una dura prueba; es evidente que, hasta ahora, ha fracasado. En la actualidad, el número de personas desplazadas en todo el mundo que buscan protección como consecuencia de los conflictos humanitarios es el más elevado desde la II Guerra Mundial.
Amnistía Internacional advirtió a las Naciones Unidas y a los gobiernos sobre esta trágica situación en el reciente informe anual en el que
se evalúa la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Durante 2015, más de un millón de personas llegaron a Europa y cerca de cuatro mil murieron tratando de conseguir una mejor calidad de vida. La mayoría procede de Siria (más del 40%), Afganistán e Irak, países devastados por la guerra.
Esta situación es principalmente consecuencia directa del ya prolongado conflicto armado de Siria, donde más de la mitad de la población escapó del país o se encuentra desplazada internamente. En Europa, Canadá y Estados Unidos, la imagen de Aylan Kurdi –el niño sirio que murió ahogado–, que recorrió las redes sociales, los medios de comunicación y la opinión pública, hizo reaccionar a estos gobiernos, que debieron tomar medidas en torno a esta crisis.
Aunque algunos países recibieron a un gran número de personas de Siria, muchos gobiernos siguieron mostrándose reticentes a aumentar de forma significativa la cifra de refugiados que estaban dispuestos a admitir. El reparto de la carga y de la responsabilidad es desequilibrado, y la provisión de recursos quedó muy por detrás de la rapidez con que evoluciona la crisis. Mientras tanto, numerosas familias y personas en movimiento fueron criminalizadas por solicitar asilo o expulsadas sin seguir los trámites establecidos.
El conflicto de los refugiados ha evidenciado un fracaso sistemático de países e instituciones a la hora de hacer cumplir el derecho internacional.
América Latina no está al margen de esta grave problemática. En un contexto de crisis humanitaria internacional, las personas migrantes y refugiadas que cruzan Centroamérica y México hacen frente a graves violaciones de derechos humanos al intentar acceder a Estados Unidos, y a
menudo son recluidas en duras condiciones. Cerca de dos mil personas de ciudadanía colombiana fueron expulsadas de Venezuela en agosto de 2015, sin que se les diera la oportunidad de impugnar su expulsión ni recoger sus pertenencias. Son familias que se separan, casas que se destruyen, desalojos que se llevan a cabo con violencia y detenidos que sufren maltratos agobiantes.
El conflicto también ha puesto de manifiesto el abandono de la responsabilidad de proteger a la población refugiada, mientras los países se enredan en discusiones sobre la protección de las fronteras y la gestión de la migración en lugar de emprender acciones concretas para salvar vidas.
Amnistía Internacional viene pidiendo a los gobiernos apoyo político y financiación plena para proteger los derechos de las personas en movimiento.
Argentina es un país que posee normas sobre migración y refugiados que aseguran altos estándares de protección, como el acceso a la educación pública, la salud, la documentación y el trabajo. En el país residen más de cinco mil refugiados y solicitantes de asilo de más de cuarenta nacionalidades.
Un país preocupado por liderar una agenda de derechos humanos a nivel internacional debe pensar cuál será su política para dar respuesta a una de las peores crisis humanitarias de nuestros tiempos.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina,
