Hace poco, al recorrer notas periodísticas, me topé con una palabra que no conocía: aporofobia. Como hago en estos casos, siguiendo el sano consejo recibido cuando era chico, recurrí al “mataburro”, pero para mi desilusión, vi que no figura en el diccionario. Intrigado por el término, que suena a enfermedad y, en efecto, lo es y de las más graves, busqué por internet y hallé una definición: “Repugnancia y hostilidad hacia las personas pobres”. El neologismo, que la Real Academia Española todavía no incorporó, fue propuesto hace ya varias décadas, a partir de dos palabras griegas, áporos, que significa “sin recursos”, pobre, y fobia, que se traduce como miedo, rechazo, aversión, repugnancia, hostilidad.
En esa búsqueda, también encontré que recientemente se publicó en nuestro país un libro de la filósofa y académica española Adela Cortina, justamente titulado Aporofobia, el rechazo al pobre, que aporta interesantes reflexiones. Su subtítulo, Un desafío para la democracia, es bastante claro sobre los alcances de esta verdadera patología, aunque a mi modesto entender, se queda corto sobre el peligro que significa para la convivencia social; sobre todo, en países como la Argentina.
La hostilidad contra los pobres. El punto de partida de la expresión aporofobia tiene que ver con el extendido rechazo y hostilidad que padecen los migrantes a naciones de la Unión Europea y Estados Unidos, y que suelen catalogarse como muestras de xenofobia, es decir, de odio y aversión hacia los extranjeros. Sin embargo en esos mismos países, las decenas de millones de turistas que anualmente viajan a Europa, al igual que los empresarios y gerentes de firmas internacionales o inversores llegados de fuera, no solo no sufren esa discriminación, sino que son bien recibidos. Más aún, en España, Italia, Francia, Alemania o el Reino Unido, se festeja cuando todos los años aumenta la cantidad de estos visitantes que, con sus gastos, contribuyen a mover la economía, una de cuyas principales fuentes de ingresos es precisamente el turismo. No todos los extranjeros son rechazados o estigmatizados, sino los que llegan como refugiados o en busca de trabajo; es decir, los pobres. Sin descartar que, en efecto, existen quienes odian al “forastero”, al de otro idioma, otra cultura, otra religión u otro color de piel, en la gran mayoría de los casos esa hostilidad no se trata, en realidad, de xenofobia, sino de aporofobia: “es el pobre el que molesta, el sin recursos… el desamparado”.
No resulta extraño que en Europa el tema se plantee relacionado con el de la migración. En esos países, con niveles de pobreza bastante menores que los de Latinoamérica en general, una muy alta proporción de sus pobres corresponde a quienes en las últimas décadas fueron en busca de una oportunidad de vida, huyendo de situaciones de verdadera catástrofe humanitaria en sus lugares de origen. Pero el rechazo y la hostilidad hacia los pobres forman parte de una patología mucho más extendida, que golpea duramente sobre la convivencia social. Es un mal que muestra el quiebre de los vínculos comunitarios básicos. Las víctimas de la injusticia y la inequidad son convertidas en “culpables” de su situación. Se los presenta como los que no pueden ofrecer nada, o a lo sumo muy poco, a cambio de lo que supuestamente “reciben”. Son los “descartables”, los que forman esa “periferia existencial” de excluidos, para usar las expresiones empleadas por el papa Francisco en una sociedad capitalista basada en el intercambio de bienes materiales, donde todo tiene precio.
Sería bueno que los defensores de un “capitalismo salvaje” de este tipo recordasen las palabras del fundador del liberalismo económico y el primer gran teórico del capitalismo, Adam Smith, que decía que el menosprecio “debe dirigirse al vicio y la estupidez”, y no a la pobreza o la debilidad.
Una comparación alarmante. Las muestras de un “discurso de odio” contra los pobres, estigmatizados como “vagos”, “improductivos” o incluso como fuente de inseguridad delictiva, se reiteran en nuestro país. Lamentablemente lo comprobamos todos los días, en actitudes y expresiones de todo tipo. Todo ello configura factores agravantes, que hablan muy mal de nuestra realidad.
El primer factor es que en la Argentina la pobreza golpea a casi un tercio de nuestra población. Y esto, si lo medimos con una canasta medida por el Indec en $ 16.029 a noviembre de 2017, último cálculo publicado, que es una cifra bastante dudosa para que una familia tipo realmente cubra sus necesidades básicas. Como un simple ejemplo, en diciembre, una ONG estimó el presupuesto familiar en el orden de $ 28 mil mensuales para mi ciudad, Rosario, que no es la más cara del país. Esta situación afecta a gran parte de los trabajadores, que por cierto “ofrecen” mucho más de lo que “reciben”, en términos de aporte al producto bruto interno. Ni qué hablar del 70% de nuestros jubilados que, tras toda una vida de trabajo, cobra el haber mínimo, de miserables $ 7.246 mensuales. Para agravar todavía más el problema, no menos de tres millones de habitantes de nuestro país no reúnen siquiera un ingreso familiar mensual de $ 6.568 que, según el mismo cálculo del Indec, exigía la canasta básica alimentaria en noviembre, más allá de que en estos últimos días estas cifras hayan sido ajustadas microscópicamente. Para decirlo con todas las letras, no cubren sus necesidades mínimas de alimentación. En su gran mayoría, son niños y adolescentes, con todo lo que eso significa en perjuicio de su crecimiento pleno y saludable.
Una mirada superficial, podría decir que nuestra situación es similar a la de España, que según su Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tiene casi un 28% de su población “en riesgo de pobreza”, de acuerdo con los datos publicados en octubre de 2017. Pero ni bien se analiza cómo se mide el nivel de vida allá, salta a la vista el otro agravante de nuestra situación. El dato español corresponde a quienes tienen ingresos menores al 60% del ingreso medio nacional, una vara mucho más alta en comparación a la de nuestro Indec. Por ejemplo, en España se considera “pobreza severa”, es decir, grave, a la de quienes no pueden cubrir cuatro necesidades de una lista de nueve, entre las cuales se destacan: “no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos; han sufrido retrasos en el pago de gastos de la vivienda principal o en compras a plazos; no pueden permitirse ir de vacaciones una semana al año; no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días y no pueden disponer de un automóvil, un teléfono, un televisor o una lavadora”. Es decir, la “pobreza severa” para un español significa no tener capacidad de ahorro, las limitaciones que hoy, en la Argentina, tiene cualquier hogar de clase media o media baja, y no solo quienes son pobres según el Indec. Esta diferencia se vuelve aterradora, si comparamos los niveles de vida que tenían la Argentina y España en 1950, como una muestra contundente de nuestra declinación desde entonces.
El riesgo de la desigualdad. No es casual que esa declinación se haya producido en paralelo con el crecimiento de las desigualdades sociales en nuestro país, uno de cuyos datos más objetivos es la participación de los salarios en el ingreso bruto nacional, es decir, en cómo se distribuye la famosa “torta” de lo que anualmente producimos los habitantes de la Argentina. Del célebre 50-50 del primer peronismo, hemos caído significativamente, y no es solo una cuestión de justicia social, aunque sin duda lo es.
La desigualdad en la distribución del ingreso es, ante todo, una de las principales causas de generación de pobreza o, mejor dicho, el principal vector de la marginalidad de una creciente cantidad de personas, acá y en todo el mundo; al mismo tiempo, es una fuerte traba al desarrollo y a las posibilidades de activación de la economía. Es un círculo vicioso. No lo decimos solamente los dirigentes gremiales, ni los integrantes de los movimientos sociales, ni los representantes de la Iglesia, ni quienes, en general, nos preocupamos por la suerte del prójimo. Una entidad tan poco relacionada con las nociones de caridad cristiana, solidaridad humana o justicia social, como es el Foro Económico Mundial de Davos, viene señalando, hace ya años, que el “aumento de la disparidad de ingresos y riqueza”, junto con la “creciente polarización social”, constituyen los principales riesgos globales para la economía, por encima del cambio climático, el envejecimiento demográfico y el deterioro ambiental. En su informe más reciente, Global Risks Report 2017, publica un gráfico denominado el “mapa de interconexiones de tendencias de riesgo”, en el que las líneas que parten de ambos conceptos, desigualdad de ingresos y polarización, se cruzan en un gran punto rojo al centro de la imagen, que dice: “Profunda inestabilidad social”.
Es evidente que los centros de poder mundial manifiestan en sus documentos una gran preocupación por los desequilibrios, no solo macroeconómicos, sino sociales, cuyas consecuencias previsibles resultan explosivas.
Caldera. Desgraciadamente, en nuestro país todos los días nos cruzamos con hechos que evidencian el rechazo al pobre de gran parte del conjunto del sistema político y de la sociedad. En lugar de orientar el rumbo a disminuir las inequidades, como recomiendan incluso los especialistas consultados por el Foro Económico Mundial, nuestras autoridades, los funcionarios, el empresariado y, en general, quienes tienen una responsabilidad social, política o económica, se empeñan en medidas y decisiones que ahondan la desigualdad. El ataque a la calidad de vida de los asalariados y de quienes dependen de un ingreso fijo es constante. Brutales aumentos de tarifas, cambios fiscales en beneficio de quienes más tienen, recortes de prestaciones a jubilados y pensionados, y ahora el congelamiento en términos reales de sus miserables haberes, todo apunta a agravar la situación. Entretanto, desde los medios de comunicación y la publicidad se propician actitudes individualistas y un festejo del consumo, del que están excluidos millones de compatriotas, a los que se insiste en estigmatizar y despreciar.
Somos un país que, con los medios que se emplean actualmente, es capaz de producir alimentos para 500 millones de personas; y los especialistas no dudan que, aplicando tecnologías modernas más eficaces, ese rendimiento sería aún mucho mayor. En esas condiciones, en la Argentina resultan injustificables los abrumadores índices de pobreza y de indigencia que padecemos. Todo este “combo” está creando las condiciones de la “tormenta perfecta”. Si no corregimos el rumbo como sociedad, con un Estado que sepa equilibrar los tantos y recomponer el tejido social que hace rato se viene desgarrando, estaremos en la antesala de una catástrofe. Porque, ¿hasta cuándo podrán aguantar tantos millones de pobres y excluidos, a los que diariamente se les agrava la situación, al tiempo que se los rechaza, desprecia, invisibiliza, “descarta” y somete a una existencia “periférica”?
No se trata solamente de que abramos nuestros corazones ante esta terrible realidad, sino también nuestra mente. Porque en algún momento, la caldera no va a soportar más presión.
Ninguna sociedad puede realizarse como una comunidad con perspectivas de futuro excluyendo, marginando o hundiendo en la miseria a un tercio de sus integrantes. Y recordemos ese viejo apotegma de un político conocido por todos los argentinos: nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza.
*Secretario general de la CGT.
