Hace una semana, la CIDH planteó su preocupación ante la destitución de la ex mandataria en un juicio político sobre el que “se plantearon cuestionamientos por irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso”, y avisó que la cautelar presentada seguirá bajo su análisis. En diálogo con PERFIL, Loreti afirmó que “el juicio a Rousseff violó la Convención Americana de Derechos Humanos”.
—¿En qué consiste su participación en la denuncia?
—Fui convocado para ser uno de los tres patrocinantes, junto a dos abogados brasileños, de los peticionantes ante la CIDH, que son tres diputados del PT. A su vez, ellos presentan como víctima a Dilma Rousseff, quien firmó su conformidad.
—¿Qué dice la presentación que llevaron a la CIDH?
—La presentamos antes de que se concretara la condena firme en el juicio político. Denunciamos violaciones a los principios de legalidad, a las garantías de debido proceso y a los derechos políticos, e interpusimos una cautelar para la restitución de Rousseff en el cargo. En ese momento ya había indicios claros de que el impeachment violó la Convención Americana sobre DD.HH.
—¿Existen antecedentes de una restitución así?
—Sí, ocurrió con el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La CIDH exigió que volviera a su cargo porque se habían violado garantías.
—¿Por qué ustedes dicen que se violaron las garantías de debido proceso?
—Entre otros elementos, por falta de motivación: muchas de las razones invocadas por los diputados que votaron la destitución no tenían nada que ver con los hechos juzgados. Eso se llama desviación de poder. También se violó el principio de legalidad: fueron objetados decretos que ya habían utilizado otros presidentes sin ser juzgados por ello.
Representó a editorial PERFIL (por Gustavo González)
Damián Loreti fue, junto a Eduardo Bertoni, uno de los abogados del CELS que llevó adelante el reclamo de la revista Noticias contra el Estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La causa estaba referida a la condena que habían recibido Héctor D’Amico y Jorge Fontevecchia, director y fundador de la revista, tras revelar la existencia de un hijo extramatrimonial de Carlos Menem. El niño se llamaba
Carlos Nair, se manejaban fondos públicos destinados a su sustento y su madre se había escapado a Paraguay por estar amenazada. El joven luego se haría famoso en la televisión y sería reconocido por su padre, pero cuando Noticias denunció el caso, el ex presidente inició una demanda que terminó en la sentencia de la mayoría automática de aquella Corte con una condena por 240.000 dólares. Tras años de pleito judicial, en diciembre de 2011 la Corte Interamericana falló a favor de D’Amico y Fontevecchia, advirtiendo por el daño que se había hecho a la libertad de expresión y condenando al Estado argentino.
El kirchnerismo prometió la devolución del dinero, pero jamás lo hizo. A poco de asumir el actual gobierno, se publicó una solicitada en la cual se comprometía a realizar esa reparación. Pero hasta ahora dicha promesa no se concretó. Como se informó oportunamente, el dinero que el Estado reintegre a la editorial será donado al CELS.
