El grupo J&F, controlador de la empresa JBS, rechazó ayer pagar el monto solicitado por la Fiscalía brasileña para cerrar un acuerdo de lenidad, el cual fue negociado tras confesar la implicación de sus más altos directivos en un gigantesco escándalo de corrupción que salpica al presidente de Brasil, Michel Temer.
La Fiscalía había solicitado el pago en diez años de 11 mil millones de reales (unos 3.384 millones de dólares), equivalentes al 5,8% de la facturación obtenida por el grupo en 2016, pero la defensa de J&F tan sólo ofreció 1.000 millones de reales (unos 307 millones de dólares).
A diferencia de un acuerdo de “delación premiada”, que se refiere a un pacto entre la Justicia y un imputado a título personal, el acuerdo de lenidad se alcanza entre las autoridades y una empresa que decide colaborar con las investigaciones.
Para alcanzar este entendimiento, es preciso que la compañía reconozca su participación en actos ilícitos, pague por los prejuicios causados y colabore con la investigación. Aunque el acuerdo de lenidad fracasó, al menos de momento, los dueños del grupo, los hermanos Joesley y Wesley Batista, ya confesaron ante la Justicia los detalles de la trama a cambio de rebajas en sus condenas.
La delación realizada por los Batista salpicó a más de 1.800 políticos de todo el arco partidario y puso contra las cuerdas al presidente, quien se encuentra en el poder desde la destitución de Dilma Rousseff.
Joesley desmenuzó los supuestos sobornos ofrecidos al presidente y entregó a las autoridades una grabación en la que, según la Fiscalía, Temer le dio el aval para comprar el silencio de Eduardo Cunha, un ex diputado preso por corrupción.
Acorralados por denuncias, los hermanos Batista planificaron su jugada: se anticiparon a un posible pedido de prisión, buscaron a las autoridades por cuenta propia y les entregaron la lista de políticos a los que entregaron coimas durante los últimos doce años.
Conscientes del impacto que su delación tendría en los mercados, los empresarios habrían comprado una importante cantidad de dólares la víspera del escándalo, sabiendo que el real brasileño se desplomaría con la crisis. La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el órgano fiscalizador del mercado, abrió cinco investigaciones contra JBS.
En un comunicado, JBS afirmó que “los movimientos realizados en los últimos días están alineados a su política de gestión de riesgos y protección financiera”.
La empresa JBS rechazó pagar una fortuna a la Justicia
