La oposición acusa a Morales de armar un golpe al Estado de Derecho

La Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno que preside Evo Morales -que tiene como fin la “refundación” del país altiplano-, aprobó dotarse de poderes absolutos. De esta manera, el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) finalizó todo diálogo con la oposición.

Fuerzas del MAS, con otros partidos minoritarios de izquierda, acordaron que la Asamblea tendrá facultades plenas –incluso por encima de cualquiera de los tres poderes del Estado-, para redactar una nueva Constitución que deberá estar lista para el año entrante.

Por su parte la oposición, que en su mayoría representan a las elites de los departamentos (provincias) con más recursos económicos, manifestaron que la Asamblea se atribuyó poderes más allá de los que le fueron atribuidos en su convocatoria.

“Se trata de un Golpe de Estado de Derecho a la democracia y la Constitución” señaló el senador Ricardo Ortiz de la agrupación Podemos, partido opositor ligado a los sectores conservadores de Santa Cruz de la Sierra.

Asimismo, organizaciones cívicas de ocho de los nueve departamentos de Bolivia plantearon que la aprobación de los constituyentes, de una asamblea originaria, fundacional y plenipotenciaria por encima de los poderes constituidos viola el marco jurídico que les dio el mandato.

“Se deslegitima a la Asamblea Constituyente en todas sus determinaciones, provocando la ruptura del sistema constitucional y democrático boliviana”, afirmó Germán Antelo, presidente de la organización cívico-empresarial Comité Cívico Pro-Santa Cruz.

Ante las fuertes críticas de la oposición, el vicepresidente de la Nación, Álvaro García Linera dijo que esto “confirmaría el rechazo de la derecha a la Asamblea Constituyente (para reformar la Constitución), desde que fue solicitada por el movimiento social desde el año 2000”.

La Asamblea, de 255 miembros, fue instalada el pasado 6 de agosto en Sucre, y hasta ahora las discusiones han sido violentas con respecto al mecanismo de votación que debe llevarse adelante.

Mientras que el oficialismo que controla el 55 por ciento de las bancas quiere que las decisiones se definan por mayoría absoluta de votos (la mitad más uno) -excepto el texto final de la Carta Magna que debería aprobarse por dos tercios-, la oposición reclama una mayoría de dos terceras partes para todas las votaciones.