Indec: los detenidos serían dos traficantes minoristas de cocaína

El allanamiento al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como parte de un operativo desplegado por Gendarmería bajo la órbita del juez federal Claudio Bonadio, empezó con el pie izquierdo. Debía realizarse el miércoles a las 20.30, pero debido a un error catastral en la orden de la requisa los gendarmes debieron regresar al día siguiente para no poner en peligro la investigación. Sin el ingrediente sorpresa de la noche anterior, los uniformados ingresaron el jueves a las tres de la tarde.

Según explicaron desde el Indec en un comunicado de prensa, la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo se había encargado de colocar fajas de seguridad en el ingreso del subsuelo donde se encuentra el sector de calderas y en los armarios del personal de logística, donde Bonadio sospechaba que podrían encontrar alguna sustancia ilegal entre los efectos personales de dos empleados vinculados a la barra de Excursionistas. A la vez, cerraron el lugar con llave y dispusieron custodia policial para que no se perdieran pruebas potenciales.

Fuentes de la investigación confirmaron a PERFIL que se encontraron cien gramos de cocaína en uno de los lockers de la sede del Instituto, ubicada en la avenida Presidente Julio Roca (Diagonal Sur) al 600. El armario pertenecía a uno de los hombres señalados por la investigación y que es parte, junto a su compañero también detenido, de la facción violenta del club de fútbol de Bajo Belgrano. Se trata de “el Gordo Maxi” y “el Gordito Farfán”, sindicados como “vendedores minoristas de cocaína”, según indicaron los informantes a este diario.

Los dealers fueron detenidos en el marco del operativo que desbarató una presunta organización narco que comercializaba droga en la sede del club de Primera C. En total se realizaron 14 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, entre ellos la Villa 1.11.14 del Bajo Flores y la Villa General Mitre.

La causa, que tiene diez detenidos, comenzó por la denuncia de vecinos de la entidad deportiva, donde se incautaron 1,5 kilos de marihuana, 650 gramos de cocaína, semillas de cannabis, más de 100 mil pesos y un arma de guerra calibre 380, con 80 proyectiles.

En su edición de ayer, PERFIL reveló el allanamiento en el Indec e intentó tener una versión oficial al respecto, pero desde el Ministerio de Seguridad el hermetismo es total. Lo mismo ocurre en el juzgado de Bonadio.

No obstante, fuentes de la causa indicaron que la organización fue desbaratada y estudian si existen ramificaciones. En tanto, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11 analiza los entrecruzamientos de llamadas y espera los resultados de la calidad de la droga incautada.
Mediante un comunicado, el organismo indicó que su conducción “ordenó la iniciación del sumario administrativo respectivo a los fines de continuar su colaboración con el Poder Judicial e investigar la conducta de estos agentes y lograr su separación preventiva”. A la vez, aclaró que los dos empleados detenidos “no ocupaban cargos institucionales ni gremiales”.  Sin embargo, entre las pruebas reunidas existirían escuchas en las que piden ayuda y un abogado a un hombre vinculado al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, conocido como “Rafa”.

Piden informes al Congreso

A raíz de la nota publicada ayer por PERFIL, el diputado Alberto Asseff, del Frente Renovador, presentó un pedido de informes al Congreso Nacional. “Es fundamental para la opinión pública conocer la intensidad y holgura de las ramificaciones del narcotráfico en el plano social y en el ámbito del Estado. Una cosa es que se encuentre droga en un garage o en un comercio, pero otra muy distinta es que se encuentre en un depósito de un organismo estatal”, dijo a PERFIL el legislador.

El pedido de informes buscará conocer “cómo ingresaron los empleados detenidos al Estado. ¿Fue por un concurso? ¿Una recomendación política? ¿Se estudian los antecedentes de las personas que se toman?”, indicó Asseff, para quien “no sólo no se combaten el barrabravismo ni la violencia en el fútbol, sino que se los incorpora a entidades públicas. Estamos en el mundo del revés”, consideró. “Que haya barrabravas en el Estado es de extrema gravedad”, finalizó.

En el pedido de informes, Asseff solicita, entre otras medidas, “identificar a los agentes que resultan detenidos en el procedimiento, especificando si se ha procedido a su separación preventiva”, conocer sus legajos “precisando dependencias en las que presentaban tareas, horarios de trabajo y el nombre de los funcionarios a los que se encontraban subordinados”, y “especificar cuándo ingresaron a trabajar en el organismo”.