La crisis económica y la apertura de paritarias volvieron a alertar al Gobierno sobre los reclamos policiales en las provincias. Aunque en el kirchnerismo confían en que el clima no es el mismo que en diciembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad armó un sistema de monitoreo de lo que ocurre en los distritos más calientes: Córdoba, Entre Ríos y Chaco, y en menor medida, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. El temor a nuevos conflictos con la fuerza no terminó. En este marco, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, mantiene a varios cuerpos de Gendarmería en alerta ante cualquier posibilidad de desborde. Por caso, a Córdoba, el epicentro de los primeros desmanes y acuartelamientos, envió a un grupo de gendarmes por temor a una nueva escalada de violencia no bien el gobernador, José Manuel de la Sota, decidió echar a una veintena de policías involucrados en los episodios de diciembre. “Hay menos consenso social para nuevos acuartelamientos, básicamente porque hay reclamos de estatales y docentes”, explica una alta fuente del Gobierno. “Además, cuando empezó todo había un acuerdo en que los policías ganaban poco, pero después de que dejaron zonas liberadas, esa gente dejó de apoyarlos”, agrega. La estrategia de los gobernadores para intentar contener los reclamos fueron variadas. La principal, que se dio en Santa Fe y en Entre Ríos, fue otorgarles una suma fija a modo de aumento salarial. En otros casos, también se aumentaron las horas extras y un plus por “tarea riesgosa”. Es clave para las economías regionales, dañadas por la devaluación, una negociación que les cierre fiscalmente. En este marco, De la Sota presentó la semana pasada un proyecto de ley para sancionar con más dureza los acuartelamientos mientras en la provincia aún quedan 14 policías detenidos, imputados por la ola de saqueos y robos. Los agentes están imputados por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito”. Por su lado, fiscales de Chaco y Santa Fe imputaron por sedición a más de cien personas, entre ellos, efectivos policiales, 49 agentes del Servicio Penitenciario Provincial, dos abogados y seis policías. En Chaco, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió que se avance con una causa penal por sedición. Allí hubo dos víctimas fatales (entre ellos un comisario) en medio del conflicto, ambas fallecieron en las inmediaciones de la Comisaría 5ª de Resistencia. El Gobierno local sospechó que fue un agente el que terminó con la vida de un comisario. Paralelamente, el gobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, decidió suspender un incremento salarial que había otorgado en diciembre para descomprimir la compleja situación. En Entre Ríos, la policía detuvo a 17 agentes que participaron de los acuartelamientos en Concordia. Si bien en la provincia el gobernador kirchnerista, Sergio Urribarri, también suspendió el aumento que había anunciado en medio del conflicto, a cambio entregó sumas fijas para paliar la crisis y, a la vez, no generar un agujero fiscal. La tensión no cesó desde entonces
