La Cámara Federal confirmó los procesamientos del juez Bonadio en una denuncia por supuesto abuso de autoridad y defraudación a las arcas del Banco Central. También avanzó contra Axel Kicillof y Alejandro Vanoli.
Carrera al tribunal. El caso sería la primera causa contra la ex presidenta en llegar a juicio oral. |
Cedoc Perfil
A menos de un año de haber dejado el poder, Cristina Fernández de Kirchner quedó al borde del juicio oral y público por la causa conocida como “dólar futuro”. La Cámara Federal porteña confirmó ayer su procesamiento en un caso en el que se la acusa de haber provocado pérdidas de alrededor de $ 50 millones a las arcas del Banco Central por la operatoria de venta de dólar futuro realizada entre septiembre y noviembre de 2015.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal, también confirmaron los procesamientos que había dictado el juez federal Claudio Bonadio contra el ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof, el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli y otros doce funcionarios del último gobierno de CFK. Además confirmaron el embargo de los bienes de la ex mandataria y el resto de los imputados por $ 15 millones.
Con esta decisión, el juez Bonadio podrá elevar la causa a juicio antes de fin de año, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.
Para algunos de los investigadores, la causa deja asentado un precedente: hasta qué punto la Justicia puede juzgar la política económica de un gobierno. La defensa de la ex presidenta plantea que el magistrado construyó una imputación penal a partir de un cuestionamiento a decisiones de política económica sobre las que no tiene autoridad.
Si bien el objetivo de la medida era frenar una devaluación del peso, el resultado fue una fuerte consecuencia económica para el futuro gobierno y las arcas del Estado. Las defensas habían argumentado que el fraude al patrimonio público había sido cometido por el gobierno de Mauricio Macri al levantar el cepo cambiario y devaluar. Sin embargo, los camaristas confirmaron que el delito se encuadra en un abuso de poder y subyace en haber fijado el precio del dólar futuro tomando como base el valor oficial y no en el de “mercado”, como establece la Carta Orgánica del Central. Por ejemplo, en una de las ventas, las autoridades apostaban a que el dólar valiera poco más de $ 10 en abril de 2016, cuando el precio de mercado en Nueva York ya cotizaba un 40% más. Vencido el plazo, el Central debió pagar la diferencia a los compradores.
La decisión de los camaristas también giró en torno a si la ex mandataria podía ser considerada responsable de una decisión de las autoridades del Central. Finalmente, Farah e Irurzun determinaron que habría pruebas suficientes de que Cristina y Kicillof “instruyeron” a las autoridades del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores para vender “en un muy breve período de tiempo un volumen descomunal de contratos de futuro en dólares a valores ficticios”.
“El objeto de la pesquisa no fue cuestionar la legitimidad de la venta de contratos de dólar a futuro, sino que se orientó a determinar si tales operatorias fueron llevadas a cabo en violación a lo dispuesto en su Carta Orgánica, en beneficio de terceros y perjudicando el patrimonio de la entidad”, dice el fallo. La política del dólar futuro terminó favoreciendo a los privados que apostaron a que el próximo gobierno devaluaría. Entre ellos, hay actores centrales del macrismo, como el mejor amigo y principal asesor de Macri, Nicolás Caputo o la empresa Socma-Chery, de Franco Macri.
