A través de su presidente, Horacio Verbitsky, el organismo de derechos humanos comparó la norma con las leyes de Blumberg.
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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) insistió hoy en cuestionar el proyecto de ley para acciones terroristas, que recibió media sanción en Diputados, y advirtió que la iniciativa "crea un matete jurídico muy complicado".
"Si esto se aplica va a traer muchas complicaciones", vaticinó el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, ante la posibilidad de que el proyecto sea votado en el Senado y se convierta en ley.
El CELS cuestionó la reforma del inciso 5 del artículo 41 del Código Penal "que establece en forma inapropiada un incremento al doble" de las máximas y las mínimas de todos los delitos si se cometieran bajo la figura del terrorismo.
Verbitsky afirmó que "es la misma técnica que se usó en el 2004 por la presión de Juan Carlos Blumberg", padre del chico secuestrado y asesinado Axel Blumberg, y sostuvo que "es una pésima técnica legislativa que carece de racionalidad".
Según dijo, "es absurdo agravar" la pena de todos los delitos por la posibilidad de que estén vinculados al terrorismo porque crea un desequilibrio en el Código Penal, donde estos hechos "pueden terminar teniendo penas más altas que delitos más graves".
En ese sentido, calificó de "matete jurídico" el proyecto que permitirá además dictar prisiones preventivas eternas por delitos leves por estar relacionado con el terrorismo.
"La ley debe ser clara y precisa, pero en este caso se habla de 'delitos destinados a aterrorizar a la población', lo cual es de una amplitud aterrorizante. Y además nos preocupa el contexto de este proyecto porque es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la amenaza de excluir a la Argentina" de ese organismo, dijo el titular del CELS.
Al menos, rescató Verbitsky, el proyecto de ley establece que estos hechos sean analizados por jueces federales y no por jueces provinciales.
Además, el CELS sostuvo que muestra "lo superfluo de la reforma" la aclaración por parte del Poder Ejecutivo en torno a que la figura de terrorismo no se aplicará en caso de ejercicio de "derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
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