"El procesamiento dictado el 6 de diciembre de 2017 por el juez Claudio Bonadío contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras 10 personas por “traición a la patria” y “encubrimiento” no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos", señaló Human Rights Watch en el comunicado adjuntado al informe.
Anteriormente habían calificado la decisión impuesta sobre el excanciller que atraviesa una dura enfermedad como "cruel e inhumana", ahora agregan que "dada la ausencia de motivos suficientes e individualizados para encarcelar a los imputados mientras se lleva adelante el proceso, la justicia debería revertir de inmediato esta decisión". “Cualquier funcionario que haya participado en hechos de corrupción debe ser debidamente procesado y sancionado, pero el procesamiento inverosímil de Bonadio no contribuye en nada a promover la justicia en Argentina”, señaló Vivanco.
En medio de la polémica por los encarcelamientos de ex funcionarios kirchneristas ordenados por la justicia federal, HRW indicó que la prisión preventiva "debe imponerse como último recurso", y sostuvo que no estaba justificada en el caso de los seis imputados a los que Bonadio ordenó arrestar, entre ellos, la ex presidenta, Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. "La Justicia debería revertir de inmediato esta decisión", manifestó HRW.
Abogados de la organización analizaron las 419 páginas de la decisión del juez y concluyeron que "los argumentos de fondo del procesamiento parecen sumamente endebles". Bonadio, indicaron, proporcionó "escasas pruebas" que respalden la denuncia de que el acuerdo podría haber provocado el levantamiento de las alertas rojas de Interpol para la captura internacional de los acusados iraníes, un punto clave. Ronald Noble, secretario General de Interpol entre 2000 y 2014, dijo varias veces que las alertas se mantuvieron tras la firma del memorando.
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De acuerdo a lo publicado en La Nación, el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó además que, aun si el acuerdo con Irán ofreció escasas posibilidades de justicia, "procesar por 'traición a la patria' a funcionarios responsables de la negociación de un acuerdo diplomático internacional parece una medida disparatada e irracional".
"Los familiares de las víctimas del atentado terrorista en la AMIA merecen que los responsables de este nefasto crimen sean enjuiciados y castigados", finalizó.
