La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, comenzó ayer a ser investigada por presuntos nombramientos irregulares de fiscales, entre ellos el de Carlos Gonella, designado a cargo de la nueva Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y que interviene en la causa de lavado de dinero que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Gils Carbó al impulsar formalmente la denuncia presentada por el senador nacional de la UCR e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla.
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El legislador denunció a la procuradora por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Cimadevilla sostiene que Gils Carbó designó a secretarios como fiscales ad hoc sin realizar concursos ni obtener el acuerdo del Senado. Citó como ejemplos el de Gonella en la Procelac y el de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en la que fue nombrado Félix Crous.
“La procuradora general de la Nación ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y ha procedido manu militari”, sostuvo Cimadevilla. A través de un comunicado, Gils Carbó defendió la actuación de los fiscales ad hoc al señalar que son avalados por la ley del Ministerio Público para las subrogancias y que tienen su fundamento en la “lentitud con la que históricamente tramita la ocupación de las vacantes”.
Para avanzar en la causa, Marijuán le pidió al juez Sebastián Casanello realizar tres medidas de prueba: obtener todas las resoluciones –unas 35– dictadas por la procuradora en 2012 y lo que va del año con las designaciones de fiscales; el legajo del personal nombrado; y el soporte magnético de todas las presentaciones que hicieron la Procelac y Procunar.
Entre ellas se encuentra el requerimiento que Gonella y el fiscal Ramiro González firmaron pidiendo las indagatorias por lavado de dinero del contador Leonardo Fariña y del financista Federico Elaskar.
Se trata de la causa que se inició tras la investigación del programa “Periodismo Para Todos”, de Jorge Lanata, que denunció que Báez sacaba plata fuera del país a paraísos fiscales a través de empresas que creaban Fariña y Elaskar. El empresario kichnerista no figuró entre los imputados, pero no se descarta que quede dentro de la investigación la semana próxima.
Marijuán retomó el miércoles de su licencia de vacaciones y comenzó a trabajar en la denuncia contra Gils Carbó y en la causa por lavado de dinero.
Gils Carbó asumió como procuradora en agosto pasado. Desde entonces se alineó con las políticas de reforma judicial del Gobierno y creó Justicia Legítima, el nucleamiento de jueces, fiscales y defensores que reclaman cambios en el Poder Judicial, aunque muchos de sus integrantes también fueron críticos con los proyectos del Gobierno.
Ayer, la agrupación Justicia Legítima emitió un comunicado donde repudia “enfáticamente el ataque contra la Procuradora General de la Nación”.
