El fiscal federal Gerardo Pollicita definió ayer el nuevo rumbo de la causa iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El funcionario ordenó 32 medidas de pruebas y amplió la lista de imputados: pidió investigar el rol en la firma del Memorandum con Irán de los ex funcionarios Julio De Vido; Oscar Parrilli; Carlos Zannini; y la ex procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abonna. Se suman así a CFK; el ex canciller Héctor Timerman; los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche; el representante de la comunidad iraní Jorge Alejandro Khalil; el diputado Andrés Larroque; el abogado vinculado a la ex SIDE Héctor Luis Yrimia; y el espía Allan Bogado.
Pollicita, que quedó a cargo de la investigación por decisión del juez federal Ariel Lijo, también quiere incorporar las declaraciones testimoniales que el ex jefe de los espías Jaime Stiuso brindó en la causa en la que se investiga la muerte de Nisman, y comenzó a trazar el cronograma de las primeras declaraciones. También pedirá que declaren los ex cancilleres Rafael Bielsa y Eduardo Taiana en la causa paralela por supuesta traición a la Patria.
Nisman había denunciado que el acuerdo para que los iraníes acusados del atentado a la mutual judía en 1994 declaren ante la Justicia argentina en el extranjero implicaba un pacto de impunidad. El fiscal, que apareció muerto en su departamento días después de la denuncia, sostenía que el Memorandum cambiaba impunidad por negocios comerciales.
Las medidas más sensibles dejarán expuesto el mapa de todas las conexiones telefónicas, encuentros y viajes que la ex presidenta y sus funcionarios mantuvieron entre sí y con D’Elía, Khalil, Esteche, Yrimia y Bogado entre enero de 2011 y diciembre de 2015. Las fechas abarcan las negociaciones con Irán para la firma del Memorándum de entendimiento y el último tramo del gobierno kirchnerista.
Para construir ese mapa de llamados y mensajes de texto, Pollicita solicitó a las empresas de telefonía y a las dependencias oficiales que informen todas las líneas utilizadas por los ex funcionarios. Eso implica los celulares personales y laborales hasta los fijos.
También pidió que las telefónicas informaran las celdas de activación de los diferentes celulares para saber dónde se ubicaban cada vez que mantenían conversaciones entre ellos. Al incluir a Parrilli, se pone el foco en los movimientos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión K, que tuvo a su cargo entre diciembre de 2014 y 2015. El jefe del organismo de inteligencia, Gustavo Arribas, deberá informar a Pollicita no sólo las líneas utilizadas por su antecesor, también todas las visitas de los imputados que Parrilli recibió en la ex SIDE.
Además, solicitó los movimientos migratorios de los ex funcionarios y el resto de los imputados.
Cancillería deberá aportar gran parte de la prueba: los cables diplomáticos –tanto públicos como secretos–, documentos, correos y memos que tenga relación con el Memorándum; los integrantes de las comitivas argentinas y embajadas en Irán; Israel; Siria –lugar donde se desarrolló una de las cumbres clave del pacto diplomático–; Etiopía –donde se firmó–; Venezuela –vinculado a Irán–; Estados Unidos –sede de las Naciones Unidas–; Suiza –donde se llevaron a cabo parte de las negociaciones–; y Francia –sede central de Interpol–. De este último grupo saldrá la lista de los próximos testigos que deberán desfilar en la causa. La primera tanda fue ordenada ayer: deberán declarar los integrantes de las comitivas que viajaron por temas vinculados con la firma del Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán.
¿Afectaba los pedidos de captura?
Un segundo capítulo de las medidas requeridas ayer por el fiscal Gerardo Pollicita está relaciondo con Interpol y la discusión entre Alberto Nisman y el ex canciller Héctor Timerman sobre si las circulares rojas –pedidos de captura internacional– de los iraníes imputados por el atentado a la AMIA estuvieron en riesgo por la firma del Memorándum.
La División Asuntos Internacionales de Interpol en Buenos Aires deberá entregar toda la documentación sobre las notificaciones rojas de la causa AMIA, en un intento por dilucidar si corrían peligro de quedar desactivadas. Interpol había desmentido oportunamente que las órdenes de captura hubieran sido dadas de baja, pero la pregunta era si una vez que el pacto con Irán estuviera vigente, la policía internacional dejaría de tener razones para buscar a los acusados por la AMIA.
