La demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra la AFIP nació en 2006 y pasó por varias instancias dentro del Poder Ejecutivo. Ante la negativa constante del Ministerio de Economía a ordenar la entrega de información secreta en tres casos puntuales, la PIA decidió presentarse ante la Justicia y solicitar que la decisión de la AFIP se declare inconstitucional.
Entre los tres casos testigo que ahora deberá analizar la Corte Suprema existe uno por supuestas irregularidades cometidas por funcionarios de la AFIP durante inspecciones a la compañía Ingenio Ledesma SA. El segundo caso es contra el ex Ministerio del Interior, por la adquisición de un campo durante la gestión de Florencio Randazzo. Y el tercero, por presuntos delitos cometidos por funcionarios de la AFIP que habrían integrado una red para encubrir y solucionar problemas de evasión impositiva a cambio de sobornos.
En abril de 2017, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la AFIP entregar a la PIA la información con secreto fiscal.
La Cámara entendió que el control sobre los funcionarios públicos prevalecía sobre la posible pérdida de la privacidad de sus declaraciones impositivas y que la PIA tiene facultades para solicitar este tipo de datos.
La AFIP apeló esa decisión y se presentó ante la Corte. En octubre, el procurador general interino, Eduardo Casal (jefe de los fiscales) presentó un dictamen ante el máximo tribunal apoyando la posición de la PIA.
